La jueza deja en libertad sin fianza a Trapero al no ver riesgo de fuga y al no poder ya comprometer la investigación

El fiscal, que pedía una fianza de 50.000 euros, asegura que el exjefe de los Mossos reconoció reuniones con Puigdemont

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Madrid

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decidido dejar en libertad sin fianza al exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero porque considera que no hay riesgo de fuga y que a día de hoy ya no puede comprometer la investigación, al tiempo que al haber sido apartado del cargo al frente del cuerpo policial no puede ocultar o destruir pruebas.

Así lo explica la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 en el auto en el que explica la decisión de no atender la petición de Fiscalía de imponerle una fianza de 50.000 euros, ya que considera que no hay motivos «suficientes» para incrementar las medidas cautelares que ya le impuso el pasado 16 de octubre.

La juez considera en su auto que el ministerio público «únicamente hace referencia como fundamento de su petición a la imputación de un segundo delito de sedición, lo cual agrava su situación procesal, y a la posibilidad de que Trapero pueda ocultar o destruir nuevas pruebas».

Argumentos que la juez no estima «suficientes» al tener en cuenta que el Mayor «viene cumpliendo escrupulosamente» las medidas cautelares que le impuso el pasado 16 de octubre: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijación de domicilio y teléfono.

Trapero estaba citado hoy como imputado por un segundo delito de sedición para dar cuenta sobre su actuación durante la jornada del 1-O, en la que la jueza le imputa «un plan premeditado para evitar actuar» en el operativo con el que se trató de impedir el referendo.

Pero Lamela sostiene que «prácticamente desde el inicio de las actuaciones se está investigando su posible responsabilidad» en los hechos del 1 de octubre, «habiendo sido incluso interrogado sobre ellos en la segunda declaración» que prestó como imputado ese 16 de octubre.

Para fundamentar su decisión de dejarle en libertad con las mencionadas medidas cautelares, Lamela argumenta que Trapero ya no ostenta el cargo de Mayor de los Mossos por lo que no tiene «una posición de mando» que le permita ocultar o destruir pruebas.

Además, prosigue Lamela, el exjefe de la Policía autonómica catalana podía intuir que la Fiscalía iba a pedir una medida grave para él «al haberse hecho eco ya de ello algunos medios de comunicación» y también sabía que podía imputársele un delito de organización criminal, y aún así ha comparecido en la Audiencia Nacional.

También ha tenido en cuenta la juez el avanzado estado de la investigación, lo que hace que las posibles acciones que pueda llevar a cabo Trapero no puedan comprometer la instrucción.

Por todo ello, señala Lamela, «procede desestimar» la petición de la Fiscalía en tanto que las medidas cautelares que ya pesan contra Trapero son «suficientes para garantizar su plena disposición» con la justicia. 

El fiscal asegura que Trapero reconoció reuniones con Puigdemont que había ocultado

La fiscalía argumenta, por su parte, la petición de libertad bajo fianza de 50.000 euros en que el exjefe de los Mossos reconoció haber mantenido reuniones previas al 1-O con el expresidente catalán Carles Puigdemont, el exconsejero de Interior Joaquim Forn y «otros mandos policiales», que «anteriormente ocultó».

Según una nota de prensa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el fiscal Pedro Rubira ha argumentado la petición de esa fianza para Trapero en «la agravación» de su situación procesal tras serle imputado por la jueza Carmen Lamela un segundo delito de sedición en relación al 1-O.

Además, añade la nota, otro de los motivos es que en esta tercera declaración ante Lamela, «se han conocido detalles importantes que anteriormente ocultó», fundamentalmente esas reuniones con miembros del Govern cesado y otros «mandos policiales» «sobre el referéndum».

La Fiscalía insiste en que el mayor de los Mossos, que fue relevado de su cargo tras la aplicación del artículo 155 por su compañero Ferrán López -citado hoy también como testigo-, «no llevó a cabo ningún intento de impedir su celebración».

La última vez que Trapero compareció ante la juez de la Audiencia Nacional, el pasado 16 de octubre, la Fiscalía pidió su ingreso en prisión sin fianza, pero finalmente quedó en libertad con medidas cautelares: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijación de domicilio y teléfono.

En esta ocasión, la magistrada le ha citado de oficio, sin previo informe de la Fiscalía, y por ello cabe la duda de si mantendrá la petición de prisión que hizo cuando José Manuel Maza ostentaba el cargo de fiscal general del Estado o si su sustituto, Julián Sánchez Melgar, se decantará por una medida cautelar menos drástica, como una fianza.

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Al dejarle en libertad con las citadas medidas, Lamela precisó que la investigación se circunscribía al asedio a la Guardia Civil del 20 de septiembre, a la espera de ampliarla al 1-O, y que su actuación en ese episodio no estaba aún «suficientemente perfilada» para vincularle directamente «a hechos tan graves como los que esos días sucedieron».

Ahora, tras practicar diligencias, entre ellas la toma de declaración al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, la juez ha concluido que la actuación de los Mossos ese día y el 1-O «fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia» y por eso «la policía autonómica también fue utilizada para controlar las acciones» de las otras Policías.

Con esa finalidad, se diseñó un «plan premeditado», «que procedía de la cúpula policial de Mossos d'Esquadra, cúpula comandada por Josep Lluis Trapero y en conexión directa con los miembros del comité estratégico», al que aludía el documento Enfocats.

Dos días después de que Lamela notificara este auto, la Fiscalía pedía ampliar la investigación a la cúpula de los Mossos para imputar también al entonces superior de Trapero, el exdirector de la Policía autonómica Pere Soler; y al ex secretario general de Interior César Puig, segundo del exconseller Joaquim Forn, que se encuentra en prisión junto a Oriol Junqueras y los «Jordis».

Realmente -añadía el fiscal- actuaron de «correa de transmisión de las instrucciones» de los responsables políticos «ordenando ejecutar o abstenerse de las órdenes judiciales y del cumplimiento de la Ley».

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cristian reino
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