El debate lingüístico vuelve a enfrentar a ERC y PDECat con Puigdemont y su gente
ESPAÑA
El expresidente da largas mientras los partidos ven ya urgente formar Gobierno
17 feb 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Nada escapa hoy en día en Cataluña a la embarrada negociación que mantienen Junts per Catalunya y Esquerra para la investidura del presidente de la Generalitat. Tampoco la defensa de la inmersión lingüística, un sistema que rige en Cataluña desde los años ochenta y que viene a ser una especie de joya de la corona del autogobierno catalán, junto a TV-3 y los Mossos. Los dos principales grupos secesionistas, que no acaban de encontrar una salida al laberinto de la elección presidencial, salieron este viernes en tromba en defensa de la escuela catalana, que ven amenazada por los anuncios del Gobierno central, al amparo del 155, pero, en cambio, neoconvergentes y republicanos no fueron capaces de transmitir un mensaje de unidad, a pesar de que ambos rechazan la iniciativa del Gobierno y ambos se sumaran a la protesta de la ANC y Òmnium por los cuatro meses en prisión de los Jordis.
Así, mientras Junts per Catalunya pidió que «no se vincule lo que son unas negociaciones políticas a una amenaza muy fuerte absolutamente injustificada que tiene en el punto de mira a uno de los valores sagrados de la convivencia en Cataluña», en ERC no dudaron en relacionar un asunto y otro, lo que molestó a sus socios. «Esta es una prueba más» de que Cataluña necesita un «Gobierno efectivo» cuanto antes, señaló Esquerra, añadiendo presión a unas negociaciones que no fluyen como quisieran los interesados. En la misma línea, el PDECat afirmó que es «imprescindible» formar Gobierno ya para frenar el ataque a la escuela catalana. ERC y el PDECat hicieron justo lo que el portavoz juntero, Eduard Pujol, había pedido que no se hiciera: mezclar investidura con inmersión y 155.
Republicanos y convergentes aprovecharon para arrojar más leña al fuego, tras días de desencuentro independentista, que culminaron este viernes con el abogado de Puigdemont y su grupo parlamentario desmintiendo que vaya a dar un paso atrás.
ERC y el PDECat, de hecho, han alimentado esos rumores, pues el jueves unieron sus fuerzas para pedirle al expresidente que renuncie y en las últimas horas volvieron a exhibir sintonía al reclamar a Junts per Catalunya que se ponga las pilas, en este caso porque lo que está en peligro es el modelo de inmersión del catalán.
«Que quede muy claro que la única responsabilidad de que siga el 155 en Cataluña es de quien lo aplica», aseguró Pujol, defendiéndose ante quienes desde dentro del independentismo acusan a los dirigentes de la lista del expresidente de estar prolongando la vigencia del 155 por su negativa a reconocer que Puigdemont no podrá ser investido. «Tenemos nuestros ritmos; no puede ser que se nos amenace con un artefacto que hace mucho daño a la sociedad catalana», insistió Pujol, cargando contra el Gobierno. «Rajoy no se saldrá con la suya», dijo.
Las críticas contra el Gobierno central fueron unánimes en el soberanismo, desde la CUP, ERC, Junts per Catalunya y el PDECat, pero también desde el catalanismo de Catalunya en Comú y los socialistas catalanes. El más contundente fue Carles Puigdemont. «Mientras el Estado sobrealimenta con la mano derecha el nacionalismo español e intenta dividir a los alumnos catalanes por su lengua, con la mano izquierda esconde como secreto de Estado todas las informaciones sobre el imán de Ripoll», apuntó en la red social Twitter el expresidente catalán.
El juez Llarena rechaza acumular la causa contra Trapero para no hacerla exorbitante
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no quiere ampliar todavía más la macrocausa que instruye contra el procés. Ayer rechazó la petición del exconsejero catalán del Interior Joaquim Forn de acumular a la causa sobre el 1-O, en la que están investigados los miembros del Gobierno de Puigdemont y otros líderes independentistas, el sumario abierto en la Audiencia Nacional y en el que la instructora Carmen Lamela mantiene imputado al entonces mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, entre otros, por un delito de sedición.
Llarena considera que unir ambas causas sería «exorbitante», ya que debería investigar a todas las personas que de una forma u otra colaboraron con el plan estratégico «ideado e impulsado por los responsables políticos y sociales» para conseguir la proclamación de la república. Forn, como en su momento también hiciera sin éxito la Fiscalía, alegó que Lamela está investigando los mismos hechos que Llarena y que se podría producir una «duplicidad procesal». Sin embargo, el juez del Supremo no lo ve así. Recuerda que legalmente solo puede hacerse cargo de los hechos o personas que tengan «una conexión material inescindible» con los aforados investigados. Además, afirma que en la Audiencia se están investigando en esencia la supuesta pasividad de los Mossos en las revueltas frente a la Consejería de Economía de la Generalitat el 20 y 21 de septiembre, mientras que en el Supremo se indaga la «existencia de una compleja y heterogénea organización» para conseguir la secesión de España.
Por otro lado, el Supremo ha considerado ajustado a derecho que el juez denegara a Jordi Sánchez, en prisión preventiva, un permiso penitenciario para participar en la campaña electoral del 21D.
Los obispos catalanes reclaman una «reflexión serena» sobre los presos
Los obispos catalanes reclaman una «reflexión serena» sobre la situación de los dirigentes secesionistas presos. Sin entrar en consideraciones jurídicas, dicen, consideran urgente propiciar un clima de diálogo político en el que es necesario, según ellos, que «no se dejen de considerar las circunstancias personales de los afectados». Además, en una carta pastoral aprobada ayer por unanimidad de los miembros de la conferencia episcopal catalana, los obispos defienden «la legitimidad moral de las varias opciones sobre la estructura política de Cataluña». Asimismo, consideran «necesario que, con voluntad de servicio, los parlamentarios elegidos impulsen los mecanismos democráticos para la formación de un nuevo Gobierno de la Generalitat».