Oxfam y Médicos Sin Fronteras reconocen también casos de abusos sexuales en sus filiales españolas

Reconocen que recibieron diez denuncias por conductas inapropiadas

El secretario general de Oxfam, José María Vera, apesadumbrado, en el momento en el que comunicó que en la filial de España también tenían constancia de abusos
El secretario general de Oxfam, José María Vera, apesadumbrado, en el momento en el que comunicó que en la filial de España también tenían constancia de abusos

redacción / la voz

El 93 % de los españoles consideran importante asistir a otros ciudadanos en zonas de conflicto. Este dato, del último Eurobarómetro, confirma que la cooperación en el exterior preocupa, y mucho, a los encuestados. Pero también cómo gestionan las oenegés sus recursos y el personal que tienen en plantilla. Por eso fue un duro golpe ayer descubrir cómo Médicos Sin Fronteras y Oxfam reconocían que varios trabajadores de sus filiales españolas habían estado involucrados en casos de abusos sexuales. Los portavoces intentaron amortiguar el golpe adelantando que en ningún momento hubo menores afectados, pero el ramillete de conductas reprochables que han registrado en sus empleados incluye tocamientos, intimidación y pago por servicios sexuales.

Con lo sucedido en Haití en el 2010, cuando varios directivos de Intermon Oxfam que controlaban labores humanitarias contrataron prostitutas y cometieron abusos sexuales, varias oenegés en España han hecho públicas las denuncias que les constan por abusos sexuales en sus entidades. Después de la pérdida en tan solo unos días de miles de colaboradores y de estar en el punto de mira de la opinión pública, Pilar Orenes, directora de recursos humanos de Oxfam, apeló ayer a la ahora maltrecha transparencia de la entidad e informó de que desde el 2012 se han registrado entre sus trabajadores españoles cuatro casos de malas conductas sexuales, denunciados en países de América Latina y África. De ellos, uno hace referencia al pago de servicios sexuales a una persona adulta, aunque no con fondos de la oenegé, especificaron, y el caso derivó en despido.

Médicos Sin Fronteras (MSF) reconoció también que de las denuncias que le constan por mala conducta sexual en el 2017, seis se produjeron entre personal adscrito a la entidad en España. «Todos entre adultos, y de hombres a mujeres», y todos referidos a comentarios inapropiados o tocamientos que se saldaron con cuatro expulsiones y dos apercibimientos, apuntó David Noguera, presidente de MSF en España.

A expensas de que otras organizaciones humanitarias se sumen al carro de sacar a la luz pública posibles irregularidades, la confianza en las oenegés está herida y tardará en cicatrizar.  MSF ya ha adelantado que a partir de ahora reforzará las medidas de las que ya dispone para evitar futuros casos de abusos, tanto en el seno de sus entidades como en las zonas de cooperación. Oxfam, por su parte, advirtió que perfilará nuevos mecanismos de control.

No son los únicos que salieron en defensa del rigor de su trabajo. Maite Serrano, directora de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (ONGD), comentó ayer a La Voz que, tras el escándalo de Haití, «habrá que reflexionar y revisar el código de conducta y, probablemente, introducir epígrafes más específicos». Fuentes de la Cruz Roja en Galicia, por su parte, señalaron que su entidad se toma muy en serio las denuncias, pero que además cuentan con «canales para realizar seguimiento de los delegados e identificar situaciones de riesgo».

Mientras las ONG se estrujan los sesos para salvar los muebles y que lo que califican de excepciones no perjudiquen su actividad en el exterior, el Gobierno puede que no les facilite las cosas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asestó ayer una puñalada a Oxfam al comentar que «debería cuidar más su casa y no hablar de casas ajenas». Montoro hizo este comentario tras asegurar que Oxfam es una de las oenegés más beligerantes con la gestión del Ejecutivo de Rajoy. Además, añadió que «habrá que considerar si una oenegé cuyos miembros no tienen un comportamiento ético tienen derecho a recibir ayudas públicas». La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por su parte, destacó la importancia del control del destino de las subvenciones que el Estado da a estas organizaciones.

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