El PSOE otorga a los militantes la capacidad exclusiva para destituir al secretario general

Pedro Sánchez no podrá volver a ser víctima de una destitución como la del 1 de octubre del 2016. Lo impedirá el nuevo reglamento del PSOE. El blindaje del secretario general frente a los barones quedó ya aprobado en el 39º. congreso federal celebrado en junio del año pasado, tras la derrota de Susana Díaz en las primarias de mayo, pero ahora quedará consagrado al incorporarse a la norma fundamental que, salvo sorpresa imprevisible, aprobará este sábado el comité federal.

El nuevo texto privará a los notables del partido de la potestad que tenían antes para destituir al líder elegido por las bases ya sea mediante una moción de censura en el máximo órgano de decisión entre congresos o mediante la dimisión de más del 50 % de los miembros de la ejecutiva. Desde el comité federal solo se podrán iniciar los procesos revocatorios, siempre que haya mayoría absoluta, pero los únicos que podrán poner fin anticipado a un mandato de manera efectiva serán los militantes con su voto directo en un consulta que tendrá que celebrarse en el plazo de un mes a partir del momento en el que se explicite la pérdida de confianza en el ámbito orgánico.

Pactos de gobierno

Los militantes también tendrán sí o sí la última palabra sobre los pactos de gobierno que pretenda alcanzar la dirección federal (o las autonómicas). Incluso será obligado consultarles sobre el voto en la investidura cuando, como ocurrió tras las generales del 2016 con Mariano Rajoy, de su posición dependa que otro partido llegue o se mantenga en el poder. Según explicaron ayer fuentes de la dirección, la consulta, sin embargo, será opcional si de lo que se trata es de pactos de investidura para que gobierne el PSOE en solitario, como el alcanzado por Susana Díaz con Ciudadanos en Andalucía en el 2015.

Los procesos de primarias también sufrirán cambios que, en principio, democratizarán más el partido. Uno de los más importantes es la introducción de un tope máximo en la recogida de avales necesarios para competir. Eso impedirá que un solo candidato haga una exhibición de fuerza que desincentive al resto. Además, se obligará a los aspirantes que ocupen cargos orgánicos a delegar funciones en su número dos durante el tiempo que dure el proceso. De haber estado en vigor esa norma antes, Susana Díaz, por ejemplo, habría tenido que renunciar a ejercer temporalmente de secretaria general del PSOE andaluz en aras, alegan en Ferraz, de la «neutralidad».

Las bases, además, podrán forzar ahora a los presidentes autonómicos (o eventualmente a un presidente del Gobierno socialista) a someterse a primarias para volver a ser candidatos. Estar en el poder servía hasta hace un año para librarse de ese trance, pero si un porcentaje determinado de los afiliados lo exige (un 30 % en el caso de las elecciones generales y un 40 % en el de las regionales) ya no podrá eludirlo. Esas primarias serán abiertas si son nacionales. En los otros casos, dependerá de lo que decidan las ejecutivas regionales o, en su caso, Ferraz.

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