ERC se desentiende de una iniciativa de Junts para intentar la teleinvestidura

El grupo de Puigdemont plantea una reforma legislativa que Esquerra ve inviable


Barcelona / Colpisa

El expresidente Carles Puigdemont vaticinó ayer en la redes sociales que «el futuro republicano más inmediato será largo, duro y complicado». Puede que se refiriera a las negociaciones para la investidura, que ayer registró un nuevo desencuentro entre neoconvergentes y republicanos. Esquerra ya había advertido a sus socios de que la reforma de la ley de la presidencia, para permitir que la investidura de Puigdemont pueda hacerse desde Bruselas, está abocada al fracaso, pero Junts per Catalunya está decidida a intentarlo en cualquier caso. Por ello, el grupo nacionalista registró en solitario en la Cámara una propuesta de reforma legal, sin la rúbrica ni el apoyo de Esquerra, para poder celebrar el debate de investidura «sin la presencia o sin la intervención del candidato». Junts per Catalunya tratará por todos los medios de investir a Puigdemont y solo cuando constante que este extremo es imposible activará el plan de búsqueda de un candidato alternativo.

Además, pretende que todos los órganos colegiados previstos en la ley, como es el Gobierno, puedan «constituirse, celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos de forma presencial y a distancia», para que el dirigente nacionalista lleve el timón desde Bruselas. Esquerra, en cambio, cree que la vía Puigdemont es inviable y considera que el expresidente debería «digerir que no será investido». Los republicanos volvieron a plantarse ante las exigencias de sus socios, diez días después de que Roger Torrent dejara a los neoconvergentes con la miel en los labios al decidir aplazar el pleno de investidura.

El acuerdo entre secesionistas no está tan cerca, dicen en ERC, como tratan de trasladar casi a diario los sucesores de Convergència. De hecho, ayer habían anunciado que podría haber pacto sobre una propuesta de resolución parlamentaria para «restituir» simbólicamente al expresidente, pero anoche seguían siendo incapaces de elaborar un texto de consenso.

Los negociadores tienen tiempo para el acuerdo global, pero tampoco pueden dormirse en los laureles; más aún después de conocer el informe de los letrados de la Cámara catalana sobre el calendario para la investidura. La ley establece que si transcurridos dos meses desde el intento de investidura no ha habido manera de elegir al presidente de la Generalitat, la legislatura muere y hay que convocar nuevas elecciones. El dictamen del cuerpo de juristas, solo firmado por el secretario general de la Cámara, Xavier Muro, y no por el letrado mayor, Antoni Bayona, concluye que ese período aún no ha empezado a correr, porque el día 30 no hubo una votación fallida y si no se celebró la sesión de investidura prevista fue porque el Tribunal Constitucional la suspendió y se tomó un tiempo antes de decidir si admite a trámite el recurso del Gobierno. Pero los letrados ponen también sobre la mesa varias vías para desencallar el actual limbo temporal. Así, apuntan que si, una vez conocida la decisión del tribunal, el presidente del Parlament, Roger Torrent, comunica a la Cámara que no hay un candidato en condiciones, se podría considerar que se ha producido un acto equivalente a la votación fallida y podría empezar a correr el reloj, «sin perjuicio» de su «capacidad para iniciar una nueva ronda de consultas» con los distintos grupos parlamentarios.

El Gobierno insta a Torrent a proponer un candidato que sea viable

R. Gorriarán

El Gobierno de Rajoy quiere que el presidente del Parlamento catalán no se ande con más rodeos y presente ya un candidato a la investidura sin hipotecas con los tribunales. Roger Torrent, apremió el portavoz gubernamental, tiene que dar ese paso «lo antes posible» y desechar de una vez por todas las ideas de una investidura de Carles Puigdemont desde Bruselas porque, además de ser «una pirueta ridícula sin base legal», darle un cargo simbólico, añadió, sería «una burla a las instituciones».

Íñigo Méndez de Vigo señaló ayer, tras la reunión del Consejo de Ministros, que la investidura a distancia no tiene encaje legal y así lo ha dejado sentado el Tribunal Constitucional al resolver el pasado 27 de enero el recurso presentado por el Gobierno. Torrent, dijo el ministro, tiene que dejar su ambigüedad para cumplir la ley y contentar a la vez al destituido presidente de la Generalitat. A juicio del Gobierno, el presidente del Parlamento catalán solo tiene el camino de escoger un candidato a la investidura entre los diputados de Junts per Catalunya que no tenga abierta una causa en el Tribunal Supremo. Lo que dicta «el sentido común», remarcó, es tener un aspirante que puede ser presidente efectivo y real cuanto antes. Una tesis similar a la que defienden Esquerra y sectores de Junts per Catalunya, sobre todo del PDECat, que reclaman que se acaben las tortuosas negociaciones con Puigdemont y que los independentistas empiecen a gobernar de una vez.

Sin efecto jurídico

Unas horas antes de que Junts per Catalunya presentara en el Parlamento autonómico una propuesta de reforma de la ley de la Presidencia de la Generalitat para permitir la investidura a distancia, el portavoz insistió en que el Gobierno no lo va a permitir de ninguna de las maneras. Pero si se trata de un cargo simbólico para Puigdemont, el Gobierno no tiene nada que decir. «Ni toleraría ni dejaría de tolerar», porque sería algo sin ningún efecto jurídico, comentaron fuentes de la Moncloa. Méndez de Vigo ratificó que de lo que se trata es de tener un candidato legal cuanto antes.

El portavoz no quiso valorar la supuesta candidatura de Elsa Artadi, portavoz parlamentaria de Junts per Catalunya, mujer de la máxima confianza del expresidente y el nombre más citado para ser la candidata a la investidura. Apuntó que no la conoce y no quería emitir por tanto juicios sobre una persona desconocida. En la Moncloa, sin embargo, Artadi tiene buen cartel. Fuentes gubernamentales subrayan que tuvieron una buena relación con ella en los primeros momentos de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Artadi era directora de Coordinación Interdepartamental de la Generalitat en el momento de la intervención del Ejecutivo de Puigdemont y el Gobierno no la destituyó, a diferencia de otros altos cargos. Mientras colaboraba con la Moncloa tenía hilo directo con Puigdemont en Bruselas. Para la campaña de las elecciones del 21 de diciembre se tomó vacaciones y se trasladó a la capital belga para ser una de las principales colaboradoras del expresidente. Una vez elegida diputada, dejó su cargo en el Gobierno catalán para volcarse en el trabajo de Junts per Catalunya, siempre cerca del expresidente.

Un juez autoriza que se investiguen las cuentas del servicio diplomático de la Generalitat

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ordenó que se investiguen las cuentas del consorcio público-privado Diplocat con el fin de averiguar si figuran pagos a los observadores internacionales que se desplazaron a Cataluña con motivo de el referendo ilegal del pasado 1 de octubre. Los investigadores buscan facturas de gastos de viaje, alojamiento y dietas pagadas.

La televisión de la Diputación de Barcelona ficha a la esposa de Puigdemont

La periodista Marcela Topor, esposa de Carles Puigdemont, trabajará como presentadora en una televisión de la Diputación de Barcelona, presidida por Mercè Conesa, alcaldesa de Sant Cugat del Vallès y presidenta del Consejo Nacional del PDECat. La periodista se hará cargo de un programa de entrevistas dentro de la organización Xarxa Audiovisual Local, sociedad que da apoyo a las televisiones municipales y comarcales de Cataluña.

La esposa de Puigdemont estuvo presentando un programa en El Punt Avui Televisió, la cadena que impulsó el diario en el que trabajó Puigdemont antes de empezar su carrera política, hasta que fue despedida en aplicación de un ERE.

El Constitucional anula el acuerdo de la mesa del Parlament que permitió tramitar la ley del referendo catalán

Europa Press

El Tribunal concluye que se vulneraron los derechos de los diputados

El Tribunal Constitucional ha declarado nulo el acuerdo de la mesa del Parlament que permitió la tramitación y aprobación de la ley del referendo, que no admitió la solicitud de dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, por lo que concluye que se vulneraron los derechos de los diputados.

La sentencia responde a un recurso de amparo presentado por el grupo parlamentario del PSC ante el Tribunal Constitucional por las votaciones del pleno del pasado 6 de septiembre en el Parlament sobre la ley del referendo presentada por JxSí y la CUP.

Así, el alto tribunal destaca que la actuación de la mesa del Parlament y de sus miembros se llevó a cabo a pesar de las advertencias del Secretario General del Parlament y por el Letrado Mayor, y de las protestas de Cs, PP y PSC, que se opusieron a la admisión a trámite y a la alteración del orden del día para incluirla en el pleno.

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