El Gobierno propone aplicar la prisión permanente revisable también a los que atenten en trenes y aeropuertos
ESPAÑA
El Ejecutivo de Mariano Rajoy aprueba poder rescatar desde el 2025 lo invertido durante 10 años en los planes de pensiones
09 feb 2018 . Actualizado a las 20:21 h.El Gobierno ha aprobado este viernes un anteproyecto de Ley que propone aplicar la prisión permanente revisable a los violadores en serie, a los secuestros que acaban con la muerte del rehén y a aquellos que atenten contra infraestructuras clave como puertos, aeropuertos, carreteras, estaciones y en trenes.
Pero también plantea ampliar su aplicación a los casos en que se pretenda ocultar el cadáver de una persona asesinada o no colaborar en su hallazgo, en aquellos abusos sexuales contra menores tras privarles de libertad o torturarles y por incendios en los que se ponga en peligro la vida de personas o determinados usos de elementos químicos o nucleares con resultado de muerte.
Con esta propuesta, el Ejecutivo -sostiene- que pretende sumarse al debate abierto en torno a la prisión permanente revisable con la incorporación de estos cinco nuevos tipos delictivos que responden a una «demanda social» sobre una figura penal que cuenta con un apoyo del «entre el 70 y 80 %» de la población, en un momento en que la oposición pretende derogar una medida que existe en toda Europa.
Tanto es así que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido al término del Consejo de Ministros que «no ha sido el Gobierno quien ha puesto la prisión permanente revisable en la mesa de debate sino los grupos que pretenden su derogación directa sin matices».
Rescate de los planes de pensiones a partir del 2025
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que permitirá a partir del año 2025 liquidar, sin limitaciones, las aportaciones realizadas durante al menos 10 años a los planes de pensiones, así como los rendimientos generados, y ha revisado a la baja las comisiones máximas que los ahorradores pagan a las entidades gestoras. A pesar de su nueva medida, que pretende convertirse en un mecanismo para impulsar este tipo de productos, Méndez de Vigo ha recordado que las pensiones públicas son un «derecho» y ha querido enviar un mensaje de «tranquilidad y seguridad» a los ciudadanos sobre el mantenimiento del sistema público de pensiones.
Así, se podrá disponer de las aportaciones con una antigüedad de al menos diez años a partir del 1 de enero del 2025, es decir, las realizadas hasta el 2015. Las realizadas a partir del 2016 deberán esperar hasta el 2026 y así sucesivamente.
Por otra parte, la rebaja de las comisiones máximas de gestión dependerá de la política de inversión del fondo. De esta manera, se aplicará un máximo del 0,85 % para fondos de renta fija, lo que supone una disminución de 65 puntos básicos frente al límite actual; un tope del 1,3 % para fondos mixtos, 20 puntos básicos menos, y del 1,5 % para fondos de renta variable, el mismo límite que se utiliza actualmente.