Los secesionistas son incapaces de llegar a una solución para Puigdemont

Un presidente simbólico en Bruselas y un presidente operativo en Barcelona para liderar un procés en peligro de extinción. Es la fórmula que tratan de cuajar las tres fuerzas independentistas catalanas para salir del bloqueo institucional en el que se ha sumido Cataluña desde los comicios del pasado 21 de diciembre. El líder de JxCat, Carles Puigdemont, se resiste a abandonar la escena política. No quiere renunciar a la presidencia de la Generalitat. Con el aval de las urnas ha dejado claro que ERC no puede echarlo a un lado, aunque siga atrincherado en Bruselas y no tenga la menor intención de acudir al Parlamento catalán a ser investido. Pero, ¿por cuánto tiempo? Su principal socio, Esquerra, le ha dejado claro que la prioridad es poner fin a los procesos judiciales, recuperar las instituciones y acabar con la tutela del 155. Y eso pasa por formar un Gobierno «efectivo», como advirtió hace dos semanas el presidente del Parlamento autonómico, Roger Torrent.

A pesar de las presiones de sus socios y compañeros, Puigdemont ha tratado de quemar sus últimos cartuchos para poder ser desde el exilio el único presidente de la Generalitat. Se ha dado de bruces con la realidad: no se puede gobernar desde la capital de otro Estado miembro. El bloqueo de ERC y la aversión al riesgo, a volver a España y exponerse a una detención segura, han pesado en la decisión del líder independentista, quien ha optado por negociar una salida lo menos deshonrosa posible a sabiendas de que ya había sido «sacrificado» por los suyos. El único camino que le quedaría es el de alzarse con el título de presidente simbólico de Cataluña, una figura sin ningún tipo de valor legal, si la presión de la CUP no logra torcer los planes de ERC.

Asamblea de Cargos Electos

La artimaña para sortear los obstáculos jurídicos y legales que impone la legislación española dejaría la investidura (simbólica) en manos de otro organismo sin legitimidad para aupar formalmente a un presidente: la Asamblea de Cargos Electos. Esta plataforma aglutina a cerca de 3.000 cargos en todos los niveles ejecutivos, desde ayuntamientos hasta la Administración autonómica. Las conversaciones parecían ir por buen camino hasta ayer, cuando Puigdemont se reunió con los diputados de su partido en Bruselas para revisar el estado de las negociaciones a tres bandas. No está claro que ERC vaya a aceptar ninguna investidura sin la presencia de Puigdemont en el Parlamento, así que el expresidente se encuentra en un callejón sin salida.

El portavoz de JxCat, Eduard Pujol, trató de ignorar ayer las dudas que sobrevuelan la formación del nuevo Ejecutivo y dio por hecho el acuerdo: «Presidencia solo habrá una y será la de Puigdemont. Trabajamos en su investidura en el Parlament de Cataluña», deslizó esquivando las preguntas de si el candidato de JxCat comparecerá ante la Cámara, lo hará desde la distancia o será una investidura en el exilio.

A la CUP ya le vale con que el nuevo presidente siga adelante desde donde sea con el proyecto de secesión del Estado español, interrumpido por el 155 cuando se declaró de forma unilateral la independencia de Cataluña. Esta es una vía que en ERC se ve casi extinta. No están conformes con la idea de articular un Gobierno teledirigido desde Bruselas mientras su líder, Oriol Junqueras, sigue tachando en su celda los días que lleva en prisión.

Mientras las tres fuerzas buscan la forma de cuadrar el círculo, Pujol insiste en que cualquiera que sea el pacto al que llegue se hará «con acuerdo al reglamento y de acuerdo con la ley», algo que no encaja con los planes de Puigdemont de seguir abanderando el movimiento desde su refugio belga.

Los constitucionalistas rechazan la fórmula para compensar al expresidente

N. V.

Hace días que Gobierno y PP contemplan a los independentistas «dando vueltas en la noria» de Carles Puigdemont. Y ahora, la última vía que recorren Junts per Catalunya y Esquerra, la de reconocer a un presidente simbólico en Bruselas y a otro ejecutivo en Cataluña, no es más que «una ocurrencia» a ojos de los conservadores. «No son capaces de ponerse de acuerdo en una investidura y quieren dos, es fantástico», ironizó ayer el coordinador del partido, Fernando Martínez Maillo, que exigió «respetar» a los ciudadanos.

Ni en la Moncloa ni en la calle Génova están interesados en que el bloqueo persista, de ahí las llamadas constantes a Roger Torrent para que como presidente del Parlamento de Cataluña designe un nuevo candidato libre de cargas judiciales que permita al Gobierno dejar la administración catalana en manos de la nueva Generalitat. Todo el tiempo invertido en investir a Puigdemont, lamentan en el Ejecutivo, es una prórroga innecesaria del artículo 155 de la Constitución. Desde que el Tribunal Constitucional cerró el paso a una elección telemática del cabeza de cartel de Junts per Catalunya, en la Moncloa ya solo están a la espera de que los letrados del Parlamento autonómico alumbren el camino a recorrer.

Extinguido el plazo que recoge la ley catalana de Gobierno para celebrar el primer debate de investidura, los juristas estudian si se ha activado o no la cuenta atrás de dos meses antes de convocar unas nuevas elecciones o si cabe la opción de que el tiempo haya quedado congelado. En el Gobierno se trabaja, por ahora, con este último escenario, con la posibilidad de que el reloj no avance hasta que el Tribunal Constitucional atienda las alegaciones de las partes y resuelva si admite a trámite el recurso del Ejecutivo contra la candidatura de Puigdemont. Fuentes gubernamentales confían plenamente en que así será y, en todo caso, creen que impugnar para impedir la reelección del expresidente, aun sin el aval del Consejo de Estado, ha compensado.

En la falta de idoneidad de Puigdemont como candidato coincidieron hoy tanto Ciudadanos como el PSC, que advirtió del riesgo de degradar las instituciones pactando una salida política para el expresidente a modo de «premio de consolación». Además, el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, tachó de inviable tanto la investidura del líder de Junts per Catalunya como la de cualquier diputado encausado. También Inés Arrimadas reivindicó un presidente para Cataluña sin cargas judiciales. Por su parte, rechazó optar a ser investida, pese a la presión del PP.

El Constitucional estudiará el recurso por vulneración de derechos de Cuixart y Sànchez

El Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos presentados por el que fue presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y por el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart -ambos en prisión preventiva por la causa del proceso secesionista- en los que ambos denunciaban que su ingreso en la cárcel causó vulneración de varios de sus derechos, entre ellos y en el caso de Sánchez el de participación política en las elecciones del pasado 21 de diciembre.

En el caso del expresidente de ANC, la Sala acuerda abrir una pieza separada para analizar su petición de suspender cautelarmente la orden de ingreso en prisión y da traslado a las partes para que informen al respecto. En su recurso, Sànchez alega vulneración de su derecho a un juez ordinario por haber asumido la Audiencia Nacional el caso -en el momento de interposición de este recurso, el pasado mes de noviembre, el asunto aún no había sido asumido por el Tribunal Supremo-, lo que su defensa veía como una vulneración clara de la normativa procesal por falta de competencia de este órgano para juzgar supuestos delitos de sedición y rebelión.

La defensa alude también en su recurso a un auto del mismo tribunal en el que se concluyó que estos delitos eran competencia de los tribunales provinciales para impedir que el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón investigase el golpe de Estado franquista de 1936. También argumenta una vulneración de garantías procesales porque no se fundamentaron debidamente los motivos para el ingreso de Sànchez en prisión.

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