El Constitucional desestima las alegaciones de Puigdemont y no autoriza la investidura telemática
ESPAÑA
La decisión del presidente del Parlament ha creado malestar en Junts per Catalunya, ya que considera que se dan las «condiciones políticas» para celebrar la sesión hoy mismo. También en la CUP
30 ene 2018 . Actualizado a las 15:03 h.El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha anunciado que el pleno previsto para las 15.00 horas queda aplazado hasta que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva sus alegaciones contra la decisión de vetar una investidura a distancia de Carles Puigdemont, a quien mantiene como candidato. El anuncio lo hacía a las diez de la mañana. Pocas horas después, el Tribunal Constitucional respondía desestimando por unanimidad todas las alegaciones presentadas y mantiene la prohibición a una eventual investidura telemática o por delegación y la exigencia de que el candidato cuente con autorización judicial para acudir a la Cámara.
En todo caso, la decisión de Torrent ya había desatado el malestar en Junts per Catalunya (JxCat), que considera que se dan las «condiciones políticas» para celebrar la sesión hoy mismo y critica que no lo haya consultado con los grupos.
Fuentes de JxCat han censurado así la decisión de Torrent, que ha anunciado que el pleno previsto para las 15.00 horas queda aplazado hasta que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva sus alegaciones contra la decisión de vetar una investidura a distancia de Carles Puigdemont, a quien mantiene como candidato, algo que el primer grupo independentista sí que ha valorado positivamente.
El día de hoy había empezado entre confirmaciones por parte de Junts per Catalunya (JxCat), el grupo que lidera Puigdemont, de un «acuerdo» con ERC y la CUP para «tirar adelante el pleno» de investidura, un supuesto pacto que desde las filas republicanas no acababan de confirmar.
Minutos antes de las diez de la mañana, hora prevista para el inicio de la reunión de la Mesa del Parlament, ha comparecido de manera inesperada Torrent en su despacho de audiencias para hacer una declaración institucional, en la que ha dejado claro que no piensa proponer a «ningún otro candidato a la investidura», ante el «fraude de ley» que, a su juicio, ha cometido el Gobierno del Estado.
«Ni la vicepresidenta Soraya (Sáenz de Santamaría) ni el TC decidirán quién debe ser el presidente de la Generalitat», ha recalcado Torrent, que ha querido subrayar que el pleno de investidura no queda «desconvocado» sino «aplazado» hasta que pueda celebrarse una investidura «con valor real y efectiva».
Torrent ha sido contundente a la hora de denunciar que el Estado ha mostrado en los últimos días «una de las caras más oscuras desde el punto vista democrático», al cometerse un «fraude de ley» con una «impugnación preventiva sin fundamento jurídico» de la investidura a distancia de Puigdemont, que, pese a todas las especulaciones, no se ha arriesgado a regresar de Bélgica para acudir hoy al Parlament.
Las medidas cautelares del TC para vetar una investidura a distancia de Puigdemont, «ordenando a la Mesa de un Parlamento democrático cómo debe interpretar su reglamento», pretenden a su juicio «vulnerar el derecho de millones de catalanes que fueron a las urnas» el pasado 21 de diciembre.
«No lo permitiremos, no aceptaremos que se diga que los catalanes votaron mal solo porque no votaron como ellos querían, no aceptaremos injerencias a un Parlamento democrático que tiene el derecho y el deber de investir al president que recoja más apoyos», ha remarcado.
Torrent ha señalado que, «en tanto que la voluntad mayoritaria» del Parlament es mantener como candidato a Puigdemont, no piensa «proponer a ningún otro candidato a la investidura», porque el líder de JxCat «tiene toda la legitimidad» y «todo el derecho».
Tras recordar que ayer Puigdemont le dirigió una carta en la que le pedía «amparo» para poder someterse hoy a la investidura, ha destacado que su compromiso es «garantizar su inmunidad, como la de todos los diputados en el ejercicio de sus derechos políticos en el Parlament».
Por ello, Torrent ha instado a los servicios jurídicos de la cámara para que el Parlament «se persone y formule alegaciones a la resolución del TC».
«Atendiendo a la petición de Puigdemont de garantizar su derecho a tener un debate de investidura con garantías y, a la vez, para dar tiempo a las alegaciones presentadas por el mismo presidente a través de JxCat al TC, el pleno de hoy queda aplazado pero en ningún caso desconvocado», ha explicado.
El pleno «se mantiene convocado y se celebrará una vez aseguremos un debate de investidura efectivo y con garantías», un aplazamiento que sirve también para «garantizar el derecho de Puigdemont a un debate efectivo y sin injerencias».
El aplazamiento del pleno ha cogido a contrapié a JxCat, desde cuyas filas se insistía en las últimas horas en que hoy se llevaría a cabo la sesión de investidura de Puigdemont, que delegaría su discurso en otro representante de su grupo.
El líder de la CUP en el Parlament, Carles Riera, también ha rechazado la decisión de Torrent y ha exigido que se mantenga la convocatoria por «lealtad» al resultado electoral.
El Gobierno celebra que el Parlament respete la legalidad
El Gobierno se ha congratulado de la decisión adoptada por el presidente del Parlament, Roger Torrent, de aplazar la investidura de Carles Puigdemont, y la interpreta como muestra del «respeto a la legalidad» y una «consecuencia obligada de la actuación del Estado de derecho».
Fuentes del Ejecutivo han hecho hincapié en que «el respeto a la legalidad y el aplazamiento del pleno» en el cual «se iba a investir de manera fraudulenta» al candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, «es la consecuencia obligada de la actuación del Estado de derecho, tanto por la acción del Gobierno como de los tribunales».
En este sentido, han apuntado que «gracias al recurso del Gobierno y a las cautelares dictadas por el Tribunal Constitucional se ha evitado que hoy se hubiera producido una burla a nuestra democracia».
Además, el Ejecutivo remarca que los independentistas «saben que están obligados a cumplir la ley, como el resto de ciudadanos», y reafirma su compromiso para seguir velando por «defender la ley y las instituciones en todo momento».