Consciente de que Llarena no le dará autorización, se niega a pedirla y exige al presidente de la Cámara que mantenga hoy el debate de investidura, desobedeciendo así al Constitucional
30 ene 2018 . Actualizado a las 09:46 h.Carles Puigdemont se ha empeñado en prolongar un clima de tensión e incertidumbre políticas que favorece sus intereses personales. Por un lado, se niega a dar un paso a un lado, como desean en buena parte del sector independentista, y mantiene su intención de someterse a una investidura imposible sin acatar las exigencias del Tribunal Constitucional. Y, de otro, traslada toda la responsabilidad sobre la sesión parlamentaria al presidente de la Cámara, Roger Torrent, que se expone a incurrir en desobediencia al tribunal ya en el primer pleno de su mandato. El debate de la investidura está convocado para las 15 horas de hoy, pero aún no se sabe si podrá celebrarse. La batalla comenzará a las diez de la mañana, cuando se reúna la Mesa del Parlamento.
Para que el pleno pueda celebrarse legalmente, Puigdemont debe presentarse primero ante el juez Pablo Llarena y recibir la autorización de este para acudir a la sesión. Y no parece evidente que el magistrado del Supremo esté dispuesto a concederle ese permiso. Más bien todo lo contrario, como prueba que ayer se lo negó a los parlamentarios que están presos, Oriol Junqueras y Jordi Sànchez. Por esta razón, y en contra de lo que había dejado entrever el domingo, desistió de solicitar autorización judicial para acudir a la investidura. En su lugar, envió un escrito al Supremo en el que acredita su condición de diputado, defiende su inmunidad parlamentaria y alega que no necesita «pedir ningún tipo de autorización judicial para el ejercicio» de sus derechos. Paralelamente, recurrió al Tribunal Constitucional para que anule su resolución del pasado sábado.
Consciente de las nulas posibilidades de que prospere su recurso, reclamó el amparo del presidente del Parlamento catalán, al que pidió que haga caso omiso de la advertencia del Constitucional y «adopte las medidas necesarias para salvaguardar los derechos y las prerrogativas del Parlament y sus miembros». En un escrito presentado por su abogado en el Parlamento catalán, Puigdemont se dirige a Torrent en «condición de diputado y de candidato a la presidencia de la Generalitat propuesto el 22 de enero» por la presidencia del Parlamento. Y, añade que, como tal, el reglamento parlamentario protege su derecho a asistir a los debates y votaciones de los plenos, y le recuerda que el Estatuto de autonomía le concede inmunidad parlamentaria: «De manera que no puedo ser detenido si no es en caso de delito flagrante».
Sin embargo, Torrent recibió también ayer un escrito del Tribunal Constitucional con la resolución aprobada el sábado por unanimidad de sus miembros. En ella se le recuerda que Puigdemont no puede ser investido en la distancia ni puede delegar el voto, y que para poder estar presente en el pleno debe acudir antes ante el juez y recibir autorización de este para hacerlo.
Opciones
Dado que es imposible casar ambas exigencias, las de Puigdemont y las del Constitucional, Roger Torrent se enfrenta hoy a una decisión que puede marcar su futuro. El tribunal le advirtió ayer que si incumple su resolución puede ser acusado de desobediencia, como ya ocurrió con su antecesora, Carme Forcadell. Pero aunque en ERC aumentan las voces que quieren que Puigdemont dé un paso a un lado para permitir que arranque la legislatura y sea duradera, en Junts no aflojan, y, por ello, Esquerra mantiene de momento su apoyo a la candidatura del expresidente.
La patata caliente está en manos de Torrent. La Mesa del Parlamento se reúne a las diez de la mañana para decidir sobre la petición de delegación del voto de los parlamentarios presos. Pero el punto importante es si se mantiene o no la investidura convocada para las tres de la tarde. Ciudadanos, PSC y PP ya anunciaron que pedirán a Torrent que desconvoque el pleno o, como mínimo, lo suspenda a la espera de saber si se resuelve la presencia del candidato.
Que decida el Pleno
Si, pese a la advertencia del Constitucional, Torrent mantiene el pleno e intenta una investidura a distancia -o, como se presume, deja la cuestión en manos del propio Pleno-, incurrirá en desobediencia y nuevamente se entrará en una fase de ilegalidades como las de los plenos del 6 y el 7 de septiembre y los de octubre que desembocaron en la proclamación de la república catalana. Si lo suspende o desconvoca, se abre otra incógnita. La ley fija un plazo de diez días hábiles tras de la constitución del Parlamento para que su presidente proponga un candidato. Nada dice de la celebración del debate, pero se entiende que una cosa va ligada a la otra. Y, de hecho, Torrent ya propuso al candidato y convocó la sesión para hoy, un día antes del límite. A partir de la primera votación, si en dos meses nadie logra la investidura, se disolverá la Cámara y se irá a elecciones, a finales de mayo. En esos dos meses, se pueden presentar candidatos alternativos. Una posibilidad que de momento Puigdemont impide. Su equipo está dispuesto a bloquear la legislatura y forzar unas nuevas elecciones. Una posibilidad que ERC pretende evitar. Pero carece de la fuerza parlamentaria suficiente para hacerlo.
El preso Jordi Sànchez, presidente del grupo de JxCat
JxCat, ERC, Catalunya en Comú-Podem y la CUP han renovado sus líderes en el Parlamento catalán. JxCat ha situado como presidente del grupo a Jordi Sànchez, encarcelado en Soto del Real, y como portavoz a Elsa Artadi. ERC ha puesto de presidenta del grupo a Marta Rovira, y de portavoz a Sergi Sabrià. CatECP lo presidirá Xavier Domènech y la portavoz será Elisenda Alamany. El PSC y C’s mantienen a Miquel Iceta y Eva Granados, el primero, e Inés Arrimadas y Carlos Carrizosa, el segundo. La CUP (Carles Riera) y el PP (Xavier García Albiol) tendrán subgrupos.
El Constitucional vuelve a reunirse hoy antes del pleno
Estudiará un recurso de Puigdemont contra su resolución, que justifica por «razones de urgencia excepcional»
M. B.
El Tribunal Constitucional admitió ayer que la resolución unánime del pleno del pasado sábado, que impuso restricciones a la candidatura de Carles Puigdemont en la sesión de investidura, se tomó sin que existiera precedente alguno, pero ante las «razones de urgencia excepcional» se consideró necesario actuar. Pese a ello, a la una de la tarde de hoy, dos horas antes del inicio previsto del debate de investidura, mantendrá una reunión extraordinaria, convocada anoche de urgencia, para analizar las alegaciones de Puigdemont a su resolución, en las que pide al tribunal que anule las medidas cautelares aprobadas el sábado y permita el pleno de investidura.
En el auto con los fundamentos jurídicos de su resolución del sábado, el Constitucional justifica las medidas cautelares adoptadas de oficio por los 11 magistrados sin que nadie se lo pidiera. Reconoce que «no existe precedente alguno» en la jurisprudencia del tribunal, si bien se aprecian «razones de urgencia excepcional» para adoptar la medida solicitada con el fin de evitar «los daños que el Gobierno a través de la suspensión pretende evitar». Lo contrario, añade el auto, supondría vaciar de contenido la prerrogativa que la Constitución reconoce al Ejecutivo y que permite que los actos impugnados queden en suspenso mientras se decide sobre el fondo.
Se trata, subraya la resolución, de suspender aquellos efectos «que se deriven de los actos impugnados que puedan causar daños de difícil reparación, garantizando de este modo que si finalmente se decide la admisión de la impugnación quede preservada la prerrogativa del Gobierno (en virtud del artículo 161.2 de la Constitución)».
La mencionada «urgencia excepcional» deriva de la resolución del pasado jueves por la que el presidente del Parlamento catalán convocó la sesión de investidura. «Dada la situación procesal en la que se encuentra el candidato y teniendo en cuenta que el Gobierno fundamenta en estas circunstancias la suspensión de los acuerdos impugnados, resulta necesario adoptar las medidas» cautelares para no generar indefensión al Ejecutivo. Por lo tanto, concluye, las medidas suspensivas «son de adopción insoslayable». Ello pese a que su aplicación en fase de admisión de un recurso y sin que las pida la otra parte no tengan un encaje claro con la ley en la mano, según opinan algunos constitucionalistas.