Torrent ignora al Gobierno, desoye a Junts y convoca la investidura para el martes

Horas después del anuncio de impugnación por parte del Gobierno central, el presidente de la Cámara catalana se anticipó a una posible suspensión por parte del Constitucional y fijó la convocatoria del debate de investidura de Carles Puigdemont para el próximo martes, 30 de enero, a las tres de la tarde. Torrent, en la convocatoria, citó el artículo 146 del reglamento del Parlamento y fijó como orden del día un único punto: debate del programa y votación de investidura del diputado Carles Puigdemont.

Torrent apuró al máximo el anuncio tras una nueva pugna con Junts per Catalunya, en este caso por la fecha. Esquerra, que defiende que el nuevo Gobierno pueda trabajar desde el minuto uno, lo que no puede asegurar Puigdemont, apostaba por el día 30, mientras que Junts per Catalunya prefería el 31, al límite del plazo legal. La diferencia no era baladí. Esquerra quería asegurarse 24 horas, tras una eventual suspensión de la investidura, para poder improvisar una candidatura alternativa. Los neoconvergentes, en cambio, querían agotar el período legal para no dejar opción a un plan B y que la disyuntiva fuera Puigdemont o nuevas elecciones. Torrent trasladó ayer a los grupos su intención de celebrar una investidura con «plena normalidad». Según apuntaron desde la oposición, en la reunión que mantuvo en Bruselas, Puigdemont no le aseguró que regresaría para participar en el debate, pero tampoco le dijo lo contrario.

Por tanto, todo sigue en el aire. También la petición de la delegación de voto de los diputados que permanecen en Bruselas, que la Mesa decidirá el martes poco antes del inicio del pleno. Siempre y cuando la sesión no haya sido anulada antes.

Dimisión

Mientras, Carles Puigdemont reclamó la dimisión de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, después del revolcón del Consejo de Estado, que consideró que no hay base legal para una impugnación preventiva de la investidura del candidato de Junts per Catalunya. «Debe dimitir inmediatamente por el fraude de ley que pretendía orquestar», afirmó.

El portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, aseguró que el Gobierno central ha traspasado «todas las líneas rojas» y ha perpetrado un «golpe de Estado» contra el resultado electoral del 21D. Según Pujol, el intento de paralizar la investidura es propio de una «dictadura y el Gobierno se sitúa en la «ilegalidad».

Junts per Catalunya anunció que emprenderá acciones legales para defender sus «derechos como diputados». Consideran que la ley los asiste, desde el argumento de que existe una credencial de la junta electoral que «demuestra y certifica que Puigdemont es parlamentario con todos los derechos».

Esquerra está en una situación incómoda porque mantiene un doble juego. Los republicanos cargaron también con dureza contra el Ejecutivo central, pero evitaron dar pistas sobre cuál será su posición en caso de suspensión de la candidatura de Puigdemont. «Paso a paso», dijo el portavoz de la formación, Sergi Sabrià. Esquerra mantuvo ayer públicamente el apoyo a la candidatura del expresidente y defendió su «legitimidad», aunque son conscientes de que su investidura es poco menos que imposible, a no ser que los secesionistas se salten el reglamento de la Cámara y vuelvan a la vía de la confrontación de la pasada legislatura, tesis que gana terreno en Junts per Catalunya. ERC negó tener un plan B y afirmó que defenderá por todos los medios la investidura del expresidente.

Los republicanos, no obstante, esperaban agazapados a que el Constitucional suspendiera la investidura de Puigdemont, pero a posteriori, como apuntó ayer el Consejo de Estado en su informe, para irrumpir en el debate del candidato alternativo. Sin embargo, la posible suspensión preventiva a quien deja en el disparadero es a Torrent, diputado de ERC, que deberá decidir entre la desobediencia en la más genuina vía Forcadell -de la que trató de desmarcarse en su estreno- o en el acatamiento, que para el independentismo que aún no ha plegado velas supondrá una traición.

Condenado a un año de cárcel por amenazar a Puigdemont con fusilarlo

Un hombre aceptó una condena de un año y tres meses de cárcel por amenazar con «fusilar y quemar con gasolina» al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a los independentistas, en varias proclamas que publicó en Facebook bajo el seudónimo de Franco. En su sentencia, que es firme dado que fue fruto de un acuerdo entre las partes, el Juzgado de lo Penal número 3 de Barcelona condena por un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas al procesado, al que aplica la eximente incompleta de alteración psíquica por considerar probado que tenía «mermadas» sus facultades mentales. La sentencia condena al internauta a un año y tres meses de cárcel, así como a una multa de 720 euros, pero le suspende la pena de prisión por un período de tres años siempre que no vuelva a delinquir.

Ataque de tres independentistas a un periódico

Tres personas encapuchadas realizaron ayer pintadas contra el «fascismo» y rompieron a martillazos las cristaleras de la fachada de la sede del periódico digital Crónica Global en Barcelona, en una acción en la que se ha puesto la firma del colectivo juvenil Arran, vinculado a la CUP.

El ataque a la sede del medio de comunicación, que quedó registrado por las cámaras de seguridad, se llevó a cabo entre las tres y las cuatro de la madrugada del jueves por tres personas con los rostros cubiertos, una de las cuales grabó la acción violenta en vídeo.

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