Con la celebración, el pasado día 17, de la sesión constitutiva del Parlamento catalán en la que se eligió a Roger Torrent como presidente de la Cámara autonómica, inmediatamente se puso en marcha una cuenta atrás que puede acabar desencadenando la celebración de unas nuevas elecciones autonómicas que aparentemente nadie desea.
Con la sesión constitutiva en la que Torrent sorprendió con un discurso repleto de mensajes conciliadores, arrancó un plazo de diez días hábiles en el que el nuevo presidente del Parlamento catalán debía establecer una ronda de consultas con los grupos parlamentarios con la intención de proponer un candidato a la investidura. Tras las difíciles negociaciones entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC, las formaciones secesionistas lograron un acuerdo de mínimos mediante el que Carles Puigdemont sería el candidato a repetir como presidente de la Generalitat, por lo que este fue propuesto por Torrent. Para lograrlo, el exdirigente huido en Bruselas necesita recabar el apoyo de la Cámara (en una primera votación necesitaría una mayoría absoluta del hemiciclo, pero en una segunda votación sería suficiente con una simple) antes de que concluya el mes de enero, fecha límite para que se celebre el pleno de investidura. JxCat quería estirarlo hasta lo máximo posible, sin embargo ayer ERC logró imponer su propuesta de fijar la sesión para el 30 de enero, un día antes de que expire el plazo, para dejar cierto margen de maniobra para probar suerte con algún candidato de su partido en caso de que la investidura de Puigdemont no pudiera debatirse.
El 155 seguiría en vigor
Desde el mismo instante en el que fracasase la sesión de investidura, comenzaría una nueva cuenta atrás establecida por el reglamento de la Cámara autonómica, que determina un nuevo plazo de dos meses para que se elija a un presidente de la Generalitat. En caso de que resulte imposible, el Parlamento se disolvería de manera automática y los catalanes volverían a ser llamados a las urnas 54 días después en una nueva convocatoria electoral que volvería a ser responsabilidad del Gobierno central, ya que, según el documento aprobado por el Senado, el artículo 155 solo dejaría de estar en vigor en el momento en el que haya un nuevo Gobierno.