El Gobierno recurre al Constitucional al considerar que el expresidente catalán «carece del derecho de libertad deambulatoria» y pone a prueba a Torrent
25 ene 2018 . Actualizado a las 13:27 h.El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, impugnará ante el Tribunal Constitucional la decisión de presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, de proponer a Carles Puigdemont para la investidura. El titular del Ejecutivo ha trasladado una petición al Consejo de Estado para que se pronuncie sobre esta cuestión con la mayor celeridad posible y confía en contar con un informe favorable antes del inicio del Consejo de ministros de mañana, para que pueda ser aprobado durante el transcurso del mismo.
Según ha informado este jueves la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en una convocatoria de urgencia, el Gobierno considera que «el status jurídico actual» del expresidente catalán «es incompatible con su comparecencia en la Cámara» autonómica, porque «carece del derecho de libertad deambulatoria». Según aclaró la número dos del Ejecutivo, en caso de que el Constitucional se pronuncie de forma favorable a la solicitud del Gobierno, significaría la automática «suspensión de esta decisión (de proponer a Puigdemont para la investidura)».
De esta forma, Sáenz de Santamaría mostró su confianza en que Torrent, elegido recientemente presidente del Parlamento catalán gracias a la mayoría independentista en la Cámara, cumpla con la legalidad desde el primer momento. ¿Y qué sucedería si Torrent actúa como hizo recientemente su antecesora en el cargo, Carme Forcadell, retorciendo el reglamento y saltándose toda la legalidad? «Antes de decir lo que va a hacer el Gobierno, tenemos que ver lo que hace el señor Torrent», aclaró la vicepresidenta.
Tal y como informó Sáenz de Santamaría, esta decisión «no tiene que ver con el 155», justificando así que solo han informado a los grupos parlamentarios que se han dirigido a ellos para preguntar sobre actuaciones gubernamentales en Cataluña. Fuentes de la Moncloa aclaran que tan los dos únicos partidos que se han preocupado al respecto han sido el PP y el PSC, dejando fuera a Ciudadanos.
