Puigdemont juega a que quiere volver

RAMÓN GORRIARÁN MADRID / COLPISA

ESPAÑA

JONATHAN NACKSTRAND | Afp

El expresidente catalán retira la petición de delegación del voto y sigue alimentando las dudas sobre su regreso al afirmar que lo hará si recibe garantías de que no será detenido

24 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

Carles Puigdemont tiene querencia por los golpes de efecto y este martes protagonizó uno más al entreabrir la puerta de su regreso para estar presente en la sesión de investidura. El expresidente pidió a la Mesa del Parlamento de Cataluña la retirada de su petición de delegación del voto en ese debate, un gesto que en los círculos secesionistas fue interpretado como el primer paso para esa vuelta. El Gobierno no se tomó el asunto a broma y garantizó que las fuerzas de seguridad vigilan las 24 horas al líder de Junts per Catalunya para evitar que entre en España o en la propia Cámara «en el maletero de un coche».

Las intenciones de Puigdemont las conocen él y pocos más, pero entre los diputados independentistas ganó este martes peso la hipótesis del retorno del expresidente para ser investido la próxima semana. El interesado alimentó esas expectativas al retirar su petición a la Mesa para delegar su voto tras el debate en el diputado Jordi Turull. Un movimiento que tuvo dos lecturas en el mundo soberanista. Unos, sobre todo en Esquerra, dicen que son fuegos artificiales para mantener la atención sobre su figura hasta el último momento, pero que al final volverá a pedir la delegación del voto porque no regresará. Otros, en Junts per Catalunya, dieron más pábulo a la hipótesis del retorno para defender su proyecto en el debate de investidura. Sobre todo después de que Jaume Alonso Cuevillas, abogado del expresidente, se sumara este martes durante unos veinte minutos a la reunión del grupo parlamentario, en la que se supone que dio algún detalle de las intenciones de su cliente, pero que nadie desveló acabada la sesión.

Puigdemont, entretanto, no despejó las dudas de nadie y desde Copenhague señaló que el regreso a Barcelona será su «camino en los próximos días», aunque a continuación reiteró el latiguillo de pedir «garantías» de que no será capturado por evadir la acción de la Justicia. El retorno, dijo en declaraciones desde el Parlamento danés, sería «el primer paso de la restauración democrática que se necesita» en Cataluña. «Si se dieran las condiciones, regresaría ahora mismo», dijo.

Pero el expresidente de la Generalitat sabe que su orden de arresto por no presentarse a la citación judicial de la Audiencia Nacional en noviembre pasado no puede desaparecer por ensalmo y abogó por abrir un diálogo con el Gobierno de Mariano Rajoy para garantizarse una vuelta sin contratiempos. «Las herramientas más importantes para solucionarlo -apuntó- son la negociación, el diálogo y aceptar la postura del otro». Lo que no va a hacer, según dijo, es prestarse a operaciones rocambolescas para entrar en España. «Que nadie especule más de la cuenta, no hace falta reforzar más las fronteras», comentó en alusión a las palabras del ministro del Interior.

Vigilancia policial

Juan Ignacio Zoido había explicado unas horas antes que la Policía Nacional y la Guardia Civil han desplegado una actividad «muy intensa» para que Puigdemont no aparezca por sorpresa en el debate de investidura. «Estamos muy preocupados», reconoció el ministro, porque «no se sabe qué puede hacer». Zoido bajó al detalle de precisar que en la frontera de Cataluña con Francia hay muchos «caminos rurales por los que se puede entrar por helicóptero o por ultraligero». También cabe, prosiguió, la posibilidad de la vía marítima «por barco». En definitiva, remató, el objetivo es que «no entre ni en el maletero de un coche». En ese habitáculo del automóvil de un mosso se escondió para huir el 29 de octubre desde Gerona por la frontera de La Junquera con destino a Bruselas.

Las profusas explicaciones del ministro llevaron al abogado de Puigdemont a preguntarle en un mensaje por Twitter si «¿el objetivo es detenerlo y juzgarlo o que no pueda volver?». Se da la circunstancia, además, de que si Puigdemont apareciera en el Parlamento catalán la próxima semana no podría ser detenido en su interior, según explicaron fuentes de la Mesa, salvo que lo ordenara el presidente de la Cámara, el republicano Roger Torrent. Se crearía así una situación más esperpéntica si cabe que las que ya se han vivido. Para prevenir ese flanco, la Policía se ha sumado a los Mossos d’Esquadra, habitualmente los únicos encargados de velar por la seguridad en los edificios públicos en Cataluña, en las tareas de vigilancia en los alrededores del Parlamento en el parque de la Ciudadela.

La preocupación en el Gobierno por una aparición del expresidente de la Generalitat es real, sobre todo tras el fiasco del referendo del 1 de octubre. En aquella ocasión, desde Rajoy hasta el último ministro garantizaron que no habría urnas ni votación y hubo urnas y votación; además de una contundente actuación policial que fue la mejor baza internacional para los independentistas y hundió la imagen del Gobierno y del PP.

El último movimiento del líder soberanista también abona la inquietud gubernamental. En el Ejecutivo se da credibilidad al razonamiento del juez del Supremo Pablo Llarena de que Puigdemont buscaba con su viaje a Dinamarca ser detenido en aplicación de la euroorden de captura y así alegar la imposibilidad física y legal de asistir a la investidura y delegar su voto para ser reelegido. «Esperamos cualquier cosa, porque su objetivo es burlar al Estado de derecho e intentar ridiculizar a España», apuntaron fuentes del PP.

Torrent denunciará un tuit que le atribuye querer fusilar a españoles

El presidente del Parlament, Roger Torrent, denunciará ante los Mossos un tuit que le atribuye querer «fusilar a toda esta panda de charnegos y españoles» en una hipotética república catalana. En un mensaje en su perfil calificó de «montaje miserable» el tuit que dice: «Cuando consigamos la república y tengamos nuestras leyes y nuestra Constitución, podremos por fin pedir al Parlament un derecho heroico y fusilar a esta panda de charnegos y españoles que nos han impedido llegar hasta aquí».

«No hay alternativa a la ley», respuesta de Rajoy

R. G.

Mariano Rajoy no tiene nada de qué hablar ni con Carles Puigdemont ni con el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, sobre la investidura del futuro presidente de la Generalitat. «No hay alternativa a la ley», sentenció el jefe del Ejecutivo, fortalecido por el renovado apoyo del PSOE que le ha transmitido Pedro Sánchez en sus últimas conversaciones.

El presidente del Gobierno se aferra a los informes de la Abogacía del Estado y de los letrados de la Cámara catalana que descartan la viabilidad legal de una investidura de Puigdemont a distancia o mediante la defensa delegada de un programa gubernamental. «Sin respeto a la ley no hay democracia, donde no hay ley no hay libertad, y donde la ley termina comienza la tiranía», resumió en un acto en León, cuna, incidió, del parlamentarismo en el mundo porque en 1188 se reunieron en esa ciudad las primeras Cortes democráticas.

Rajoy denunció en su intervención el juego dialéctico del expresidente de la Generalitat de «contraponer» la legalidad con la democracia para resaltar la, a su juicio, primacía de los acuerdos y decisiones democráticas sobre la ley. «No hay alternativa a la ley, y no la hay porque España es una democracia», respondió el presidente.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría cogió el relevo para exigir a Puigdemont que «deje de dar espectáculo», que es, a su entender, lo que ha hecho en las últimos semanas. En un acto en el Colegio de Economistas de Madrid, invitó al expresidente de la Generalitat a «pensar en Cataluña y no en personalismos» porque la política «no es un proyecto de uno solo, por muy dispuesto que esté a ir haciendo el ridículo por el mundo». Gobernar Cataluña desde Bruselas es equiparable, dijo, a que ella pretendiera ser «vicepresidenta desde el Caribe».

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, reafirmó su sintonía con el Gobierno ante «la página negra» del desafío secesionista y se comprometió a respaldar los recursos que plantee ante el Tribunal Constitucional para «salvaguardar la legalidad» en Cataluña.