El alojamiento en los barcos se llevó 26 de 87 millones que costó el operativo policial del 1-0

El ministro del Interior defiende en el Senado que la actuación de las fuerzas de seguridad fue «legítima y proporcionada»


madrid / colpisa

 La operación Copérnico, el intento fallido del Gobierno de frenar el referendo ilegal del 1 de octubre, costó a las arcas públicas 87 millones de euros. De esa cantidad, 43,3 se destinaron a las dietas de los agentes. Otros 26,5 se utilizaron para alquilar y mantener los tres barcos que se improvisaron como alojamiento, uno de los cuales fue objeto de protesta de los funcionarios policiales por las malas condiciones que presentaba. Pese a lo estratosférico de la cifra -que es la suma de lo gastado durante los 100 días en los que se prolongó la operación Copérnico-, el ministro del Interior justificó el desembolso por la «arrogancia e irresponsabilidad» del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de su Gobierno.

El dato lo reveló Juan Ignacio Zoido ante la Comisión de Interior del Senado. El ministro gastó la mayor parte de su intervención en defender la labor de la Guardia Civil y la Policía Nacional durante los momentos más críticos de la crisis secesionista. Según recordó el ministro, las fuerzas de seguridad del Estado actuaron desarrollando las instrucciones de la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Constitucional. Unas órdenes, remarcó, que también afectaban a los Mossos d’Esquadra. Zoido aludió en varias ocasiones a la policía autonómica y sus responsables el 1-0. Primero, para recordar que los Mossos tenían como misión velar por el precinto de los colegios donde estaba prevista la votación. Según dijo el titular del Interior, en todas las reuniones de las cúpulas policiales previas al 1-O, los Mossos, entonces con Josep Lluís Trapero al frente, aseguraron tener preparado un amplio dispositivo para cumplir con su cometido. Allá donde no pudieran hacerlo, se desplegarían contingentes de Policía Nacional y Guardia Civil a modo de refuerzo.

Eficacia limitada

Pero, a las 9.00 horas del 1 de octubre, Interior comprobó que la eficacia de la policía autonómica era «limitada», lo que obligó a activar los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. En otro momento de su intervención, el ministro culpó sin tapujos a la policía catalana de «pasividad». «En la mayoría de los locales de votación en los que se vieron obligadas a intervenir las fuerzas de seguridad del Estado había presencia de una patrulla de los Mossos, pero con carácter general, su actitud fue de absoluta pasividad y nula colaboración» criticó.

Sobre las cargas que vendrían después, Zoido aseguró que «se hizo un uso proporcional de la fuerza y evitó la utilización excesiva». Y ello, a pesar de que «entre las personas pacíficas que iban con buena fe a votar se infiltraron algunos radicales que estaban perfectamente coordinados y organizados», afirmó el ministro del Interior. «En ningún momento la actuación policial tuvo como objetivo a los votantes», prosiguió Zoido, que informó además de que muchas de las operaciones policiales fueron abortadas para no actuar contra la población o para evitar un excesivo uso de la fuerza. Según zanjó el titular de Interior «la actuación fue legítima, profesional y proporcionada».

Respecto a los heridos, más de 1.000 según las cifras que esgrime el independentismo, Zoido denunció manipulaciones y difusión de datos falsos que llegaron, incluso, a ser publicadas en medios internacionales.

El ministro afirmó lamentar más que nadie que se produjesen heridos de las cargas pero, en cualquier caso, volvió a endosar cualquier responsabilidad de lo sucedido a quienes organizaron un referendo prohibido por el Tribunal Constitucional.

Ataque

Mientras el ministro del Interior daba explicaciones en el Senado ante las fuerzas de la oposición, Carles Puigdemont enarbolaba una vez más desde su refugio de Bruselas el 1-0, donde según dijo que el Estado atacó los derechos humanos de los catalanes.

El expresidente catalán saca a colación siempre que tiene ocasión las cargas policiales que se produjeron durante la celebración del referendo ilegal, una estrategia con la que trata de ofrecer la imagen de que Cataluña es un territorio oprimido y tratar de ganarse la simpatía internacional.

Rubalcaba se reúne discretamente con Marta Pascual, del PDECat, sin informar al PSOE

Alfredo Pérez Rubalcaba abandonó la primera línea política en el 2014 y volvió a sus clases en la Facultad de Químicas, pero aún mantiene contactos frecuentes al más alto nivel. Ayer se reunió en un hotel madrileño con la secretaria general del PDECat, Marta Pascal, y con el coordinador parlamentario de la formación en Madrid, Jordi Xuclà, para hablar de la situación de Cataluña. El encuentro, del que apenas ha trascendido nada, fue desvelado por eldiario.es y se produjo solo un día después de que Pascal se reuniera en Bruselas con Carles Puigdemont.

La dirigente del partido heredero de Convergència tiene un perfil moderado, junto a Artur Mas y Santi Vila trató de convencer el pasado octubre al expresidente de la Generalitat de que convocara elecciones y no declarara la independencia, y su mano derecha confesó hace meses que si el proceso acababa «mal» intentarían buscar un candidato «autonomista». Ninguno de sus planes salió adelante.

El temor a caer en la irrelevancia llevó al PDECat a ponerse en manos de Puigdemont de nuevo y a desdibujarse en una lista electoral en la que quedaron relegados. En el propio PSOE, sin embargo, la noticia del encuentro de Pascual y Rubalcaba fue recibida con sorpresa. La relación del exsecretario general socialista con Pedro Sánchez está muy deteriorada y fuentes de la actual dirección aseguran que ni este sabía de la cita ni posteriormente el exministro llamó para reportar nada.

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