Crespo y el Bigotes buscan también un acuerdo tras la confesión de Correa

Insinúan nuevas revelaciones contra el PP para intentar rebajar sus peticiones de pena

El Bigotes, a la izquierda, junto a Crespo en una sesión del juicio
El Bigotes, a la izquierda, junto a Crespo en una sesión del juicio

madrid / colpisa

La escena de la sesión de ayer en el juicio de la rama valenciana del caso Gürtel hacía prever algún movimiento sorpresa de las defensas. La puerta de la sala de vistas de la Audiencia Nacional estuvo cerrada a cal y canto durante cerca de dos horas, pese a que el comienzo de los interrogatorios de la pieza de la financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) estaba previsto para las 10.30 de la mañana. Pocas explicaciones se dieron al resto de abogados que se quedaron en el vestíbulo, esperando. En el interior, eso sí, se encontraban la fiscal anticorrupción Miriam Segura, el juez central de lo penal José María Vázquez y el abogado del Estado Edmundo Bal, el mismo que el martes logró sacar a Francisco Correa una revelación clave para el devenir de la vista oral: el nombre del acusado Ricardo Costa como la persona del PPCV que le dijo a Pablo Crespo, número dos de las empresas de Correa, cómo y con quién había que facturar de forma ficticia actos electorales del partido entonces presidido por Francisco Camps.

La única señal de qué estaba pasando en la sala la dio la ausencia en el recibidor de los abogados de Pablo Crespo y de Álvaro Pérez, el Bigotes, el hombre de Correa en Valencia a través de la sociedad Orange Market. Estaban dentro, claro, tratando de buscar un acuerdo de última hora con la fiscal antes de que comenzara su interrogatorio. Una negociación que llegó después de la inesperada confesión de Correa el día anterior, ya que el líder de la Gürtel no solo despejó la X de Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV, sino que puso en un verdadero brete a sus dos «trabajadores» cuando la fiscal o el abogado del Estado les requirieran en su interrogatorio confirmar lo que había revelado su jefe.

Ello pese a que la estrategia de los tres acusados, hasta la fecha, había consistido en que Correa asumía toda la responsabilidad y el control absoluto de la caja B de sus empresas con la que pagaban a políticos del PP a cambio de adjudicaciones. Una manera de colaborar con la Fiscalía pero también de poner un cortafuegos con el resto de empleados de su grupo, entre ellos Crespo y el Bigotes, «excelentes profesionales», según aseguró el martes al juez.

Cambio de estrategia

Sin embargo, la mención de Ricardo Costa obliga directamente a ambos a mojarse y esta nueva situación pilló ayer con el pie cambiado a sus abogados, Miguel Durán (Crespo) y José Javier Vasallo (el Bigotes), respectivamente. Así, los letrados paralizaron el comienzo de los interrogatorios de sus clientes y buscaron un acuerdo de última hora para confesar los hechos a cambio de rebajar sus penas: se enfrentan, respectivamente, a 22 y 27 años de cárcel por tres delitos electorales, uno continuado de falsedad documental y varios de fraude fiscal entre los años 2005 y el 2008.

Tras dos horas de negociación se abrió la puerta y comenzó la sesión, ya con todos los abogados sentados en la sala. El juez Vázquez consultó a las partes y tras determinar el consenso decretó la suspensión de la vista hasta mañana. En concreto, invocó el artículo 746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que faculta a las partes a paralizar la vista «cuando revelaciones o retractaciones inesperadas produzcan alteraciones sustanciales en los juicios, haciendo necesarios nuevos elementos de prueba o alguna sumaria instrucción suplementaria».

La jornada de hoy servirá a los abogados para trasladarse al centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) y preparar las declaraciones. Los dos acusados y Correa llevan 11 meses en prisión preventiva tras la condena del Tribunal Superior de Justicia de Valencia por una pieza de Gürtel: los contratos de la Generalitat con empresas de la trama desde el 2005 hasta el 2009 para la feria Fitur. De lo que declaren mañana podría dejar casi sentenciado a Ricardo Costa, a quien la fiscal reclama siete años y nueve de prisión, y provocar un efecto en cadena si este, también decide tirar de la manta al verse acorralado por las delaciones de tres acusados.

Anticorrupción, a favor de apartar al nuevo juez de la caja B por sus vínculos con el PP

La Fiscalía Anticorrupción informó a favor de que se aparte al magistrado de la Audiencia Nacional Juan Pablo González, designado ponente de la sentencia que se dictará sobre el caso por la caja B del PP y juez en tres piezas pendientes de la trama Gürtel -Aena, Jerez y visita del Papa a Valencia-, al considerar que el apoyo de este partido «fue decisivo» a la hora de impulsar la carrera de este juez en varios de los destinos que ha ocupado.

El magistrado ha sido recusado en todos estos procedimientos por la acusación popular ejercida por IU, que le considera contaminado por su «amistad manifiesta» con el partido investigado. En su escrito, el ministerio público informa a favor de la admisión del asunto y añade que tras la correspondiente tramitación debe estimarse la recusación apartarse a González de las causas antes señaladas. Concretamente, considera la Fiscalía que González tiene interés directo en la causa en cuanto existe «pérdida de apariencia objetiva de imparcialidad» derivada de la participación del PP y de alguno de sus miembros en su nombramiento para distintos cargos.

De este modo, la Fiscalía Anticorrupción se atiene, por lo similar de los casos, a la doctrina ya dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en octubre del 2015, cuando acordó apartar a los jueces Concepción Espejel y Enrique López del tribunal al que había sido inicialmente asignados para juzgar la primera etapa de la trama Gürtel (1999-2005) por su vinculación con el partido en el Gobierno.

Marjaliza tira de la manta y confiesa que pagó comisiones por vivienda pública

M. B.

El cerebro empresarial de la Púnica dice que se repartió con Granados y López Madrid 3,6 millones por obras en el metro de Boadilla

El constructor y presunto cerebro empresarial de la trama Púnica, David Marjaliza, encendió ayer el ventilador en la Audiencia Nacional dentro de su estrategia de confesar los hechos en busca de atenuantes de cara la una condena que le pueda caer.

El acusado aseguró al juez instructor de esta «gigantesca» red de tráfico de influencias que afecta a varias Administraciones que pagó comisiones a políticos del PP, PSOE e IU en la Comunidad de Madrid a cambio de adjudicaciones. En concreto, que entregó entre 3.000 y 6.000 euros a los cargos públicos en diversos municipios madrileños a cambio de que dieran a sus empresas la construcción de vivienda pública, según señalaron fuentes jurídicas presentes en la declaración.

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