Crespo y el Bigotes buscan también un acuerdo tras la confesión de Correa

mateo balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA

El Bigotes, a la izquierda, junto a Crespo en una sesión del juicio
El Bigotes, a la izquierda, junto a Crespo en una sesión del juicio Fernando Alvarado

Insinúan nuevas revelaciones contra el PP para intentar rebajar sus peticiones de pena

18 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

La escena de la sesión de ayer en el juicio de la rama valenciana del caso Gürtel hacía prever algún movimiento sorpresa de las defensas. La puerta de la sala de vistas de la Audiencia Nacional estuvo cerrada a cal y canto durante cerca de dos horas, pese a que el comienzo de los interrogatorios de la pieza de la financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) estaba previsto para las 10.30 de la mañana. Pocas explicaciones se dieron al resto de abogados que se quedaron en el vestíbulo, esperando. En el interior, eso sí, se encontraban la fiscal anticorrupción Miriam Segura, el juez central de lo penal José María Vázquez y el abogado del Estado Edmundo Bal, el mismo que el martes logró sacar a Francisco Correa una revelación clave para el devenir de la vista oral: el nombre del acusado Ricardo Costa como la persona del PPCV que le dijo a Pablo Crespo, número dos de las empresas de Correa, cómo y con quién había que facturar de forma ficticia actos electorales del partido entonces presidido por Francisco Camps.

La única señal de qué estaba pasando en la sala la dio la ausencia en el recibidor de los abogados de Pablo Crespo y de Álvaro Pérez, el Bigotes, el hombre de Correa en Valencia a través de la sociedad Orange Market. Estaban dentro, claro, tratando de buscar un acuerdo de última hora con la fiscal antes de que comenzara su interrogatorio. Una negociación que llegó después de la inesperada confesión de Correa el día anterior, ya que el líder de la Gürtel no solo despejó la X de Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV, sino que puso en un verdadero brete a sus dos «trabajadores» cuando la fiscal o el abogado del Estado les requirieran en su interrogatorio confirmar lo que había revelado su jefe.

Ello pese a que la estrategia de los tres acusados, hasta la fecha, había consistido en que Correa asumía toda la responsabilidad y el control absoluto de la caja B de sus empresas con la que pagaban a políticos del PP a cambio de adjudicaciones. Una manera de colaborar con la Fiscalía pero también de poner un cortafuegos con el resto de empleados de su grupo, entre ellos Crespo y el Bigotes, «excelentes profesionales», según aseguró el martes al juez.