Caso Gürtel: Arranca el juicio a los años dorados del PP valenciano

Veinte procesados se sientan desde hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por la financiación irregular de los populares en la época de Camps


redacción / la voz

La primera rama valenciana de la Gürtel, la que va desde el 2005 al 2008, se sentará desde hoy en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional. En total 20 procesados, entre ellos la cúpula del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), los cabecillas del Grupo Correa y una decena de empresarios, acusados de delitos electorales, falsedad documental y varias irregularidades fiscales.

Las 22 sesiones del juicio están programadas hasta principios de abril y la lista de testigos suma más de un centenar de personas, entre ellos el extesorero nacional del PP Luis Bárcenas, su predecesora Carmen Navarro, el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps o el expresidente de la Cortes Valenciana Juan Cotino, cuyo sobrino es uno de los empresarios acusados. Todos ellos están investigados o procesados en diferentes causas relacionadas con la trama Gürtel y en el caso de Camps, por el contrato de la fórmula uno en Valencia.

Precisamente Camps será uno de los protagonistas de esta vista oral, la primera de la trama valenciana que verá un juzgado unipersonal y no un tribunal de tres magistrados, ya que los delitos individuales no suman penas superiores a los cinco años. No por la ausencia del expresidente, sino porque la cúpula de su partido durante los años dorados del PP en la Comunidad Valenciana, donde ganó tres elecciones autonómicas con mayoría absolutas (2003, 2007 y 2011, dos meses antes de dimitir por su procesamiento en la causa de los trajes), será juzgada por su presunta responsabilidad en la financiación irregular del PPCV.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya condenó en febrero pasado a 11 de los 13 acusados por delitos de asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental y cohecho. Consideró probado que el Grupo Correa amañó los contratos de Fitur con la Generalitat en las ediciones del 2005 al 2009 y les impuso penas de entre tres y 13 años de prisión (los cabecillas de la red están presos por esta sentencia, que aún no es firme).

Rebaja por confesiones

En el juicio a la financiación irregular del PPCV, Anticorrupción solicita penas de casi ocho años de cárcel a los exdirigentes autonómicos Ricardo Costa y Vicente Rambla, a los que se les atribuye tres delitos electorales y uno de falsedad documental derivados de sus actuaciones en la contratación de las empresas de Gürtel para los actos del partido en los comicios del 2007 y el 2008.

También serán juzgados exdirigentes populares como David Serra, vicesecretario general, y Cristina Ibáñez, gerente regional desde 1995. Para ellos el fiscal pide también otros siete años y nueve meses de prisión por los mismos delitos. A Yolanda García, gerente en el 2008, le solicita seis meses por un presunto delito electoral en las elecciones generales del 2008.

En su escrito, el Ministerio Público relata que «con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones del 2007 y el 2008, los acusados del PPCV contrataron a la empresa Orange Market servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros», en este caso constructores que solían contratar con la Administración autonómica. «En ambos casos, concluye, los pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad» y ascendieron a más de dos millones de euros.

Para los presuntos cabecillas de la trama, Francisco Correa, Álvaro Pérez, Cándido Herrero y Pablo Crespo, el fiscal eleva porque se les considera también autores de varios delitos contra la Hacienda Pública por el impago del IVA, el Impuesto de Sociedades y el IRPF. Por ello solicita entre 22 y 27 años de prisión.

El juez examinará en las cuestiones previas de la vista oral los pactos que la mayoría de empresarios habrían alcanzado con la Fiscalía. El acuerdo consiste en admitir los delitos a cambio de rebajar las penas a menos de dos años de prisión para evitar la cárcel. El último en subirse al tren fue el cabecilla confeso Francisco Correa, quien ha reconocido en un escrito que el PP de Camps pagó con dinero negro los actos de las campañas municipales y autonómicas del 2007 y las generales del 2008 a Orange Market.

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