Hasta sus impulsores repudian ya el «procés»

Los Jordis y el exconsejero de Interior Joaquim Forn reconocen ante el juez que el 1-O fue ilegal, pero ahora rechazan la unilateralidad y prometen acatar la ley para salir de prisión

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madrid / colpisa

El exconsejero de Interior y diputado electo Joaquim Forn, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y también representante electo Jordi Sànchez y el máximo responsable de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, repudiaron ayer ante el juez del Supremo su destacado papel en el procés secesionista. Los tres cabecillas de la causa que instruye Pablo Llarena modificaron de forma sustancial su discurso para salir de prisión. Para ello asumieron, con mayor o menor énfasis, las vías constitucionales para lograr la independencia de Cataluña. Una forma de cerrar definitivamente la puerta a las posiciones unilaterales que presidieron todas sus actuaciones pasadas y de desmarcarse del discurso que aún mantiene desde su retiro belga el expresidente huido Carles Puigdemont.

Los tres encarcelados, pero sobre todo Forn por su condición de exconsejero de Interior del Gobierno de Puigdemont, admitieron que la vía unilateral, tanto en el referendo ilegal del 1 de octubre como en la declaración de independencia (DUI) del Parlament del día 27 de octubre, se hizo fuera del marco legal, desoyendo las resoluciones del Tribunal Constitucional. «Admito que desobedecí», aseguró al juez, según señalaron tres fuentes jurídicas diferentes presentes en el interrogatorio.

El que fue máximo responsable de los Mossos d'Esquadra -«no los puse al servicio del procés», se defendió ayer- y una de las piezas centrales en la causa por rebelión, sedición y malversación acató explícitamente la Constitución como la norma que debe regir la reforma que permita conseguir la independencia y anunció que no volverá a ser consejero en el próximo Gobierno. Es más, garantizó que renunciará al acta de diputado si el nuevo Ejecutivo se mantiene en la vía unilateral. Una referencia que también hizo al juez el exlíder de ANC Jordi Sànchez, número dos de Junts per Catalunya por Barcelona.

Sánchez, de 53 años y en prisión preventiva desde octubre por ser el cabecilla de los actos presuntamente sediciosos del 20 y el 21 de septiembre en Barcelona frente a la Consejería de Economía, reconoció por su parte que desde febrero del 2015 hubo una hoja de ruta con ANC, Òmnium, ERC y Convergencia Democràtica de Cataluña para reafirmar el camino hacia la independencia. Fue una manera de reconocer el valor del documento Enfocats, intervenido en la casa de Josep Maria Jové, número dos de Oriol Junqueras, durante la operación Anubis del 20 de septiembre y principal indicio de la causa por rebelión. Sànchez, quizá el que menos énfasis puso en su acatamiento de la Constitución, trató precisamente de minimizar su papel en aquellos incidentes frente a la Consejería de Economía. Razón por la que está imputado por un delito de sedición.

«Hubo actos vandálicos»

Se sabe que él llamó desde las redes sociales a obstaculizar el trabajo de la comitiva judicial -la letrada del juzgado permaneció retenida varias horas en contra de su voluntad junto a otras 20 personas: «Sentí terror, vergüenza y humillación», relató en el atestado del registro- y cuando la situación se descontroló Sànchez pidió calma subido a un vehículo destrozado de la Guardia Civil. Una circunstancia que, sin embargo, él negó ayer al juez. «Nunca hubo sensación de ambiente violento. Había grupos de música y todo se desarrolló en un tono lúdico, si bien se pudieron cometer actos vandálicos», apuntó.

En el caso del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el único de los tres interrogados que no es diputado, subrayó que por las vías utilizadas hasta ahora no se va a lograr la independencia y que «el único referendo válido será el que convoque el Gobierno de España». Según las mismas fuentes, Cuixart fue aún más contundente que Sànchez en sus manifestaciones y llegó a decir que la declaración de independencia fue «simbólica», que nunca incumplió órdenes judiciales y reafirmó que no es político ni quiere participar en política. «Nunca busqué coaccionar al Estado, sino dejar que se manifestara la opinión de la gente», subrayó.

Sánchez y Cuixart llevan en prisión desde mediados de octubre y Forn desde el 2 de noviembre, junto al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, que el miércoles pidió ser trasladado a una cárcel catalana para poder acudir a los plenos de constitución del Parlamento y de investidura. Los abogados de los primeros presentarán hoy sus escritos para que sean excarcelados, porque, a su juicio, con el testimonio de ayer el riesgo de reiteración delictiva se ha diluido.

La Policía Nacional remite al juez los partes de lesiones que sufrieron 40 antidisturbios

La Policía Nacional ha remitido al decanato de los juzgados de Barcelona los partes de lesiones que sufrieron el 1-O un total de 40 agentes antidisturbios, a raíz de los «actos de resistencia activa» de concentrados que trataban de evitar que cumplieran la orden judicial de impedir el referendo. Los agentes lesionados, que intervinieron para impedir la votación en colegios de Barcelona, Hospitalet, Sabadell y Gerona, presentan partes por dolencias como contusiones -facial, en brazos, en zona genital y piernas-, hematomas, distensión de hombro, tumefacción, fracturas de dedos, esguinces, arañazos en nariz y heridas incisas en antebrazo.

Investigan si la Generalitat pagó con transferencias desde Bélgica a los observadores del referendo ilegal del 1-O

M. B.
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Tres millones de euros del FLA fueron a parar al «procés», según notas que iban a ser quemadas por los Mossos

Tres transferencias por 140.000 euros realizadas desde tres cuentas de la delegación de la Generalitat ante la Unión Europea con destino a un centro de estudios en Holanda y a la embajada catalana en Croacia. Unos movimientos realizados el 21 de septiembre, en plena operación judicial Anubis contra el núcleo organizador del referendo ilegal del día 1, y el 10 de octubre pasado. La información la aportó una sucursal del BBVA en Bruselas, refugio del expresidente Carles Puigdemont y de cuatro exconsejeros para eludir la acción de la Justicia, y ayer el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del procés ordenó a la Guardia Civil que rastree estas entregas de dinero público y coteje con Hacienda si escaparon del control de gasto que por entonces ya ejercía la Administración Central sobre la Generalitat. El juez sospecha que son pagos realizados desde la Generalitat a los observadores internacionales.

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