Investigan si la Generalitat pagó con transferencias desde Bélgica a los observadores del referendo ilegal del 1-O

Tres millones de euros del FLA fueron a parar al «procés», según notas que iban a ser quemadas por los Mossos

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Madrid / Colpisa

Tres transferencias por 140.000 euros realizadas desde tres cuentas de la delegación de la Generalitat ante la Unión Europea con destino a un centro de estudios en Holanda y a la embajada catalana en Croacia. Unos movimientos realizados el 21 de septiembre, en plena operación judicial Anubis contra el núcleo organizador del referendo ilegal del día 1, y el 10 de octubre pasado. La información la aportó una sucursal del BBVA en Bruselas, refugio del expresidente Carles Puigdemont y de cuatro exconsejeros para eludir la acción de la Justicia, y ayer el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del procés ordenó a la Guardia Civil que rastree estas entregas de dinero público y coteje con Hacienda si escaparon del control de gasto que por entonces ya ejercía la Administración Central sobre la Generalitat. El juez sospecha que son pagos realizados desde la Generalitat a los observadores internacionales.

La diligencia del juez Llarena va encaminada a dirimir el delito de malversación de caudales que también les imputa a los investigados, y que hasta la fecha es del que menos indicios disponen en la causa. En concreto, solicita que se identifique el «ordenante y destinatario, concepto en que se realizaron y destino actual de los fondos y, en su caso, aplicación de las respectivas cantidades de 58.250 euros (con destino a The Hague Centre for Strategic Studies), 61.450 euros (idéntica destinataria) y 20.000, a la Delegación del Govern en Croacia».

Además de estas cantidades, el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha destapado apuntes contables por importe de algo más de tres millones de euros procedentes del Estado y desviados al proceso soberanista. Se trata de un dinero procedente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), diseñado por el Gobierno para ayudar a las autonomías a afrontar deudas e impagos a raíz de la crisis. Esas anotaciones fueron descubiertas en la documentación que el pasado 26 de octubre querían quemar agentes de los Mossos en una incineradora de Barcelona y que fueron incautados por agentes policiales por mandato de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Asimismo, el juez Llarena citó a declarar en calidad de testigos, entre el 30 de enero y el 1 de febrero, al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, encargado de la coordinación de los Mossos, la Policía y la Guardia Civil ante la celebración del referendo ilegal, a los exconsejeros Jordi Jané, Neus Monté, Meritxell Ruiz y Jordi Baiget y al ex director general de los Mossos Albert Batlle. El juez pidió además al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona copia de la agenda incautada en el registro del domicilio de José María Jové, número dos de Junqueras.

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