No habrá paz para Ciudadanos: el PP despliega su artillería a la vuelta de las Navidades

Francisco Balado Fontenla
Fran Balado MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

Paco Campos | Efe

Maíllo pide disculpas a las familias atrapdas en la AP6 y descarga toda la responsabilidad en la concesionaria, a la que acusó de contar con una tarifa elevada por prestar un servicio que no ha cumplido

08 ene 2018 . Actualizado a las 16:10 h.

El PP venía avisando durante las vacaciones, pero no ha sido hasta este lunes, coincidiendo con el regreso al curso político tras el parón navideño, cuando ha sacado toda su artillería. El coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maíllo, admitió que el comité de dirección había resultado «largo e intenso».

En su comparecencia tras la reunión en Génova 13 de la cúpula del partido, Maíllo intentó sacar a su formación de esa esquina del ring en la que parece que ha quedado encajado tras los pobres resultados obtenidos en Cataluña, y lo hizo a base de contraatacar. Sin tregua; alternado sutiles mensajes en clave con auténticos guantazos. Todos y cada uno de de los golpes parecían destinados a erosionar a la formación que lidera Albert Rivera y que amenaza con robarles la hegemonía del centroderecha. 

Maíllo insitió en que el PP se tiene fijado varios grandes objetivos para este 2018. «En primer lugar, desde el apoyo al Gobierno, conseguir la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El presidente nos ha trasladado su voluntad de seguir con el diálogo con el resto de partidos. En esos Presupuestos hay cosas muy relevantes: reformas fiscales o la equiparación de sueldos entre la Policía y Guardia Civil. Y sobre todo, el mensaje de que hay estabilidad y que se siguen con las reformas con las que se ha conseguido la recuperación económica», dijo. El coordinador general confía en «superar el crecimiento económico del 3 % y la creación de 600.000 puestos de trabajo, para alcanzar el número de 20 millones de empleados».

El dirigente popular recordó la falta de músculo que tiene su partido en el Congreso con sus 137 escaños para seguir adelante con más reformas o impulsar definitivamente las que están todavía pendientes. «Somos conscientes de que no lo podemos hacer solos», y llamó al diálogo y al consenso al resto de formaciones: «En la situación actual se necesitan partidos y políticos que miren más allá del corto plazo», comentó, deslizando el interés partidista de algunos.

Los Presupuestos para el 2018 pasan por un acuerdo con PNV y Ciudadanos. Mientras los nacionalistas esperan a dar el sí a que se resuelva la situación en Cataluña, los naranjas, con quienes estaba todo muy avanzado, en las últimas horas han supeditado su respaldo a la dimisión de la senadora por Murcia Pilar Barreiro, investigada por la Púnica. Maíllo volvió a acusarlos de estar realizando una «sobreactuación» y los invitó a que se leyeran la letra pequeña del acuerdo por el que Rivera apoyó la investidura de Rajoy. «Condicionar el caso de esta senadora a los Presupuestos es desproporcionado. Una exageración. Nosotros cumplimos nuestros acuerdos. Sería decir que Cs no cumple porque el Tribunal de Cuentas no les ha aprobado sus cuentas. Y resulta que está al lado de Bildu. ¿Dónde está la transparencia?», cuestionó al hilo del último informe del Tribunal de Cuentas en el que se denuncian irregularidades en la contabilidad de Ciudadanos. «Nosotros les pedimos responsabilidades, que lo expliquen. Por cosas que aparecen en el informe del Tribunal de Cuentas hay políticos procesados en España», dijo, pero que en ningún caso se trata de algo con fuerza como para romper el acuerdo que tienen desde hace poco más de un año. 

Otro de los temas que han regresado a la actualidad, coincidiendo con la recuperación del cadáver de Diana Quer, es el de la derogación de la prisión permanente revisable, impulsada por PSOE y Podemos y facilitada con la abstención de Ciudadanos. «Somos los únicos que la defendemos, pero creo que conectamos con el sentir mayoritario de los españoles», aunque contextualizó. Creemos que es un error (la supresión). Los ciudadanos piden otra cosa. Y no es legislar en caliente», dijo, recordando que la introducción de esta medida la realizaron en el 2015. «Ciudadanos con su abstención propició seguir adelante con esta derogación. Algunos están acostumbrados a ir donde sopla el viento», criticó. 

Sobre la cuestión catalana Maíllo presionó a Inés Arrimadas para que lidere una ronda de contactos como candidata de la fuerza más votada: «Tiene que mover ficha. Hoy parece que ha empezado a rectificar. Ojalá. Que haga lo mismo que hizo Rajoy en su momento, que lideró el ejercicio de su victoria electoral», comentó, justificando que solo renunció a su investidura tras las generales del 2016 cuando vio que esta era imposible. «¿Hay posibilidades para un Gobierno constitucionalista? Sí las hay», zanjó, escudándose en la complicada situación jurídica en la que se encuentran al menos ocho parlamentarios autonómicos electos. 

Por último, Maíllo también dedicó un espacio de su intervención al caos de circulación generado este fin de semana en la AP6, en el que centenares de personas se quedaron atrapadas en la nieve, a quienes pidió disculpas. «El PP quiere expresar su solidaridad con las personas que estuvieron toda la noche en una situación muy complicada. No es agradable. Nos ponemos en su lugar. Yo mismo voy por esa autopista varias veces a la semana. Comprender su enfado. No es lógico que estén tantas horas encerrados con familias y niños», dijo. No obstante, destacó que «el Gobierno ha actuado con agilidad, prontitud y transparencia. Se estuvo al pie del cañón en todo momento, tanto desde Fomento como desde Interior», y cargó todas las culpas a la concesionaria de la carretera, Abertis. «Tiene que garantizar y velar que el transcurso por esa carretera se hace en condiciones de seguridad. Ese expediente abierto tendrá que delimitar en qué se falló y en qué no». Según el coordinador general popular, la diferencia de este caso respecto a uno similar cuando el PSOE estaba el el Gobierno y Rajoy exigió la dimisión de la por entonces ministra Magdalena Álvarez, radica en que en este caso se trata de una concesión. En primer lugar, porque estamos en una concesión. «Es la gran diferencia. Hay una empresa que cobra al usuario, y que lo lleva haciendo muchísimos años. Y por cierto, la tasa es alta. El Gobierno tiene que velar que se cumplan los requisitos. Eso no excluye que nos solidaricemos y que pidamos disculpas, porque ellos (los ciudadanos) sí que no tienen ningún tipo de responsabilidad con el colapso.