El Parlamento catalán recurre el 155 con el primer cisma en el secesionismo

La abstención de la CUP anticipa los problemas para la formación de Gobierno


barcelona / colpisa

Mientras la nueva legislatura catalana espera día y hora para que se constituya el Parlamento autonómico y se pueda elegir a los miembros de la Mesa, la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al pleno en los períodos entre legislaturas, aprobó este miércoles interponer un recurso de inconstitucionalidad contra las medidas aplicadas por el Gobierno central al amparo del artículo 155 de la Constitución. El recurso salió adelante con los votos de Junts pel Sí, coalición que dejará de existir en breve y que agrupa al PDECat y a Esquerra, y con los de Catalunya Sí que es Pot, ahora Catalunya en Comú Podem. La CUP, que en la pasada legislatura fue de la mano de convergentes y republicanos, se abstuvo, en cambio, al no reconocer la autoridad del Tribunal Constitucional sobre Cataluña. Y Ciudadanos, PSC y PP, las tres formaciones que avalaron la aplicación del 155 como instrumento necesario para frenar la «reiterada violación de la legalidad» por parte de la Generalitat, se opusieron al recurso.

El debate en la Cámara catalana reprodujo el clima de división corroborado por las elecciones del día 21, en las que los secesionistas revalidaron la mayoría absoluta a pesar de no superar el 47,5 % del voto y de encajar la victoria de Ciudadanos. «La única conjura que ha habido es la del Gobierno central, que ha utilizado a los organismos del Estado para anular la autonomía de Cataluña y encarcelar las ideas», afirmó el presidente del grupo de Junts pel Sí, Lluís Corominas, en la que fue su última intervención parlamentaria, ya que tiene previsto abandonar la política.

Los independentistas cimentarán su apelación al máximo intérprete de la Carta Magna en un reciente dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias catalán, que dudó de la constitucionalidad de las medidas adoptadas por el Gobierno, al entender, entre otras cuestiones que la destitución del Ejecutivo catalán no era una «medida necesaria o indispensable».

La CUP, que no reconoce otra autoridad que la de la república catalana declarada el pasado 27 de octubre, insistió en que ya no se somete al poder del tribunal y calificó la aplicación del 155 como un golpe de Estado. «Todos los golpes de Estado son siempre inconstitucionales. No vale la pena demostrar que lo son», dijo Gabriela Serra. El voto de la CUP no puede calificarse de anecdótico, pues los anticapitalistas miden con lupa cada uno de sus movimientos. Este miércoles empezaron a enviar señales a los que sobre el papel deben ser sus compañeros de viaje en la próxima legislatura y les advirtieron de que no venderán barato su apoyo a la investidura del próximo presidente de la Generalitat.

Investidura telemática

El exconsejero de la Presidencia Jordi Turull anunció en esta línea que ya se han producido los primeros contactos entre los secesionistas para formar gobierno. Desde Junts per Catalunya insisten en que Carles Puigdemont debe ser el próximo presidente, aunque tenga que ser por «vía telemática». Sin embargo, así como el reglamento de la Cámara permite que un diputado tome posesión de su acta sin estar presente, exige que el aspirante a la investidura presente ante el pleno su programa.

Los partidos no secesionistas pusieron sobre la mesa algunos de los argumentos que marcarán la próxima legislatura y reclamaron a los secesionistas que ponga fin a la vía unilateral, porque en las elecciones no lograron la mayoría absoluta en votos. Ciudadanos hizo valer su nueva situación como principal fuerza de la Cámara . «El recurso se lleva a cabo con un Parlamento que ya no está vigente y que no representa los resultados del 21D», dijo Carlos Carrizosa.

La prolongación de la crisis política puede costarle 2,5 puntos a la economía española en dos años

La economía española va camino de sortear el primer impacto de la crisis de Cataluña al mantener el crecimiento del 0,8 % del PIB en el cuarto trimestre, según la estimación del Banco de España publicada este miércoles. El organismo supervisor considera que los efectos de la incertidumbre provocada por el desafío secesionista han sido compensados por la buena marcha del sector exterior. Eso sí, el organismo que dirige Luis María Linde constata que la inestabilidad ya ha pasado factura a la economía catalana y advierte de que puede lastrar los índices de la española en 2018 si las tensiones no se resuelven pronto y se prolongan durante el próximo ejercicio, algo bastante factible teniendo en cuenta los resultados electorales.

El organismo advierte de que el impacto de la incertidumbre por Cataluña puede ser mayor «en el medio plazo», aunque su incidencia final dependerá «de la magnitud y persistencia» de esta crisis. En caso de que la inestabilidad sea transitoria la proyección de pérdida acumulada de PIB desde finales del 2017 hasta el 2019 sería de apenas tres décimas porcentuales. Pero en caso de una agravamiento de la situación y un prolongamiento en el tiempo, el daño podría alcanzar los 2,5 puntos porcentuales en ese período.

El informe pone de manifiesto que el principal perjudicado por la situación en Cataluña es la propia economía de la región. La actividad se ha desacelerado en el último trimestre en mayor medida que el resto de comunidades. Un impacto que se ha notado en el «empleo, turismo y mercado de vivienda».

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