El caso ERE sienta en el banquillo la época de esplendor del PSOE andaluz

El miércoles empieza el juicio contra Chaves y Griñán por prevaricación y malversación


sevilla / colpisa

La Audiencia de Sevilla juzgará a partir del miércoles la supuesta conspiración política orquestada en el Gobierno andaluz durante una década para afianzarse en el poder mediante un reguero de fondos públicos. Los 22 ex altos cargos implicados en el supuesto sistema irregular de ayudas, entre los que están los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y seis exconsejeros (como la exministra Magdalena Álvarez), han encontrado un aliado inesperado en el Ejecutivo central, que recientemente reconoció un procedimiento similar.

El primero de los juicios del caso de los ERE llega siete años después de la investigación. Atrás quedan casi 300 imputados, 117.000 folios de sumario, peleas entre jueces y un duro revés para el PSOE, que ve no solo cómo los responsables de la etapa de mayor esplendor del partido en Andalucía se sientan en el banquillo, sino que tiene que digerir que sean equiparados con los casos de corrupción del PP.

La instrucción de la jueza Mercedes Alaya, hoy en la Audiencia, apuntó más bien a un sistema diseñado para alimentar una red clientelar que sustentó sus victorias electorales. Los ex altos cargos están acusados de prevaricación y malversación, con penas que oscilan entre los 10 años de inhabilitación que se piden para Chaves hasta los seis de cárcel a los que se enfrenta Griñán. Supuestamente ampararon un sistema de ayudas que acabó convertido en un coladero de irregularidades. La «transferencia de financiación», usada para equilibrar cuentas de los entes públicos, fue la vía idónea para agilizar procedimientos reduciendo burocracia y sorteando la fiscalización previa, al tiempo que permitía la concesión discrecional y sin publicidad.

La Junta de Andalucía pide el archivo de la pieza al entender que ni se creó un procedimiento específico para eludir controles ni existió una trama criminal, como plantea la acusación que ejerce el PP.

El dinero, recogido en la partida 31-L, era transferido de la Consejería de Empleo al Instituto andaluz de Fomento y, más tarde, a la Agencia Idea. Desde allí, se abonaban las ayudas que ordenaba la Dirección General de Trabajo con Javier Guerrero al frente. La Intervención de la Junta, cuyo responsable también es juzgado, alertó en al menos 15 ocasiones de lo inadecuado del procedimiento, pero sin llegar a pedir su suspensión.

El Tribunal Supremo ha reconocido que la mayor parte del dinero concedido, unos 855 millones, cumplió su fin de ayudar a empresas en crisis, pero abrió la puerta a irregularidades como el centenar de intrusos entre los 6.000 prejubilados (algunos, militantes socialistas), las sobrecomisiones por encima del precio de mercado de los intermediarios y los 87 millones de euros en ayudas directas a empresas que acabaron en manos de, entre otros, el chófer de Guerrero, su suegra o empresarios de la comarca del exconsejero de Empleo José Antonio Viera. El posible fraude pudo ascender a unos 160 millones de euros. Las defensas de los ex altos cargos dicen que su actuación se ajustó a derecho, que el sistema iba en los Presupuestos autonómicos y que la cúpula del Ejecutivo no tuvo por qué conocer las actuaciones delictivas.

Los dos expresidentes serán los últimos en declarar

El juicio de la pieza política de los ERE comenzará con las cuestiones previas, pero no será hasta enero cuando empiecen las declaraciones. El ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, será el primero, junto a los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, mientras que los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán responderán los últimos. Tras ellos será el turno de los 56 testigos o peritos. El magistrado Juan Antonio Calle será quien presida la vista, que durará varios meses. No obstante, se augura cierto retraso, dado que las otras dos magistradas que estarán al frente, Pilar Llorente y Encarnación Gómez, siguen con el reparto habitual de la sala y no será hasta el martes cuando serán relevadas por los jueces de refuerzo que se harán cargo del resto del trabajo.

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