Puigdemont choca con su partido por el coste de su huida a Bruselas

ERC rechaza las presiones del PDECAT para que el expresidente sea reelegido aunque pierda

Mientras sus excompañeros del Gobierno intentan salir de prisión, Puigdemont se relaja asistiendo a la ópera en Gante
Mientras sus excompañeros del Gobierno intentan salir de prisión, Puigdemont se relaja asistiendo a la ópera en Gante

MAdrid / La Voz

La huida a Bélgica de Carles Puigdemont, sus desconcertantes declaraciones sobre un posible referendo para que Cataluña salga de la Unión Europea y su decisión de marginar a los dirigentes del PDECat en la lista de Junts per Catalunya han complicado la relación del expresidente catalán con su propio partido. En el PDECat no está gustando nada su actitud y tampoco el dinero que le está costando al partido la campaña a distancia que ha emprendido Puigdemont, que obliga a costear también los numerosos viajes de quienes acuden a Bélgica para entrevistarse con él, entre ellos el de la directora de campaña, Elsa Artadi, a la que el expresidente catalán ha situado en su lista. En el partido creen que esos gastos no debe sufragarlos la organización, sino que tienen que ir a costa del dinero que se está recaudando mediante donativos y cuotas de organizaciones civiles para apoyar la causa de Puigdemont, que solo en abogados lleva gastado más de medio millón de euros desde que decidió fugarse para no responder ante la Justicia, como sí hicieron otros ex consejeros del PDECat que ahora están en prisión.

Pero Puigdemont no solo tiene problemas con su partido. Su intención de ser reelegido como presidente de la Generalitat incluso en el caso, más que probable, de que la lista que encabeza no gane las elecciones, choca frontalmente contra las intenciones de ERC. Aunque dirigentes de este último partido, como Marta Rovira, se han manifestado favorables a que existan «dos Gobiernos» paralelos, uno que lleve el día a día de la gestión y otro al que se llamaría «Gobierno legítimo en el exilio», que estaría encabezado por Puigdemont, este último no tendría en realidad ninguna atribución legal y sería un grupo meramente testimonial que se dedicaría a reivindicar internacionalmente la causa de la independencia de Cataluña. Pero Puigdemont sigue presionando. «Si alguien quiere ser presidente, que lo diga públicamente, pero eso será acatar el 155», advirtieron ayer sus asesores, devolviendo así la moneda a ERC, que se negó a participar en una lista conjunta con el PDECat para garantizarse la opción de hacerse con la presidencia de Cataluña si, como indican los sondeos, ganan el 21D. Los de Oriol Junqueras admiten que Puigdemont es el presidente legítimo, pero ayer insistieron en la fórmula de que haya un Gobierno con estructura política y funciones operativas que sea compatible «con la restitución legítima del Govern en el exilio». Una propuesta envenenada, porque implicaría que Puigdemont quedaría apartado de cualquier influencia y responsabilidad ejecutiva en el futuro Ejecutivo catalán.

El juez decide mañana si deja libres a los exconsejeros catalanes y los Jordis

Los presos acatarán el artículo 155 para salir de la cárcel y participar en la campaña

Gonzalo BAreño

Acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución y mantener la apuesta por la independencia, pero cambiando la vía unilateral por la de la negociación. Esa es la fórmula, muy similar a la utilizada por la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, con la que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los otros siete exconsejeros encarcelados desde el pasado 2 de noviembre por un presunto delito de rebelión tratarán de quedar mañana en libertad bajo fianza. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que ha asumido la investigación sobre su actuación en el proceso independentista que estaba en manos de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, ha atendido su petición y los ha citado a declarar mañana, al igual que a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, para decidir si los deja en libertad bajo fianza.

En los escritos presentados por sus abogados, los exconsejeros, que en su declaración en la Audiencia Nacional se habían negado a contestar a las preguntas del juez y de la Fiscalía, expresan su disposición a defender sus planteamientos políticos a través del «diálogo» y mediante métodos «democráticos», aunque no renuncian expresamente a la independencia unilateral, como sí hicieron algunos miembros de la Mesa del Parlamento catalán que fueron puestos en libertad, por lo que es previsible que el juez les pregunte sobre ese particular antes de tomar una decisión.

«Visto que todos ellos solicitan la revisión de su situación personal y se les reciba declaración, en relación sobre la misma, se accede a lo interesado y se acuerda citarlos», señala el auto del juez. La comparecencia se centrará exclusivamente en la revisión de su situación de prisión, sin entrar en el fondo de la acusación que pesa sobre ellos, por lo que las preguntas del juez y de la Fiscalía se limitarán a cuestiones que permitan decidir si deben quedar en libertad bajo fianza.

Podrían hacer campaña

En caso de tomar esa medida y de que las fianzas sean asumibles -la de Forcadell fue de 150.000 euros-, los exconsejeros, todos ellos candidatos el 21 de diciembre excepto Meritxell Borrás, podrían participar con normalidad en la campaña electoral, que comienza el próximo martes. No ocurre lo mismo con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido a Bélgica junto a otros cuatro exconsejeros y a la espera de que la Justicia de ese país decida si cumple o no la orden de entrega solicitada por la jueza Lamela. Aunque se había especulado con la posibilidad de que Puigdemont regresara voluntariamente a España en plena campaña para dar un golpe de efecto, su abogado confirmó ayer que está dispuesto a agotar la vía de los recursos en Bruselas para impedir su entrega a la Justicia española antes de las elecciones catalanas. Algo que le impedirá participar presencialmente en la campaña.

Puigdemont tiene que comparecer el próximo lunes ante un juez belga que deberá tomar una decisión sobre la orden de entrega a España. Pero, en caso de que accediera a ella, la medida podrá ser de nuevo recurrida.

El expresidente de la Generalitat sí ha expresado, sin embargo, su intención de regresar a España para ser investido presidente si así lo decide una mayoría del Parlamento catalán después de las elecciones del 21 de diciembre, aunque su propio abogado admite que «en el momento que ponga los pies en territorio español será inmediatamente detenido y puesto a disposición del Tribunal Supremo».

A partir de ahí, el juez Pablo Llarena debería decidir en las 72 horas siguientes si confirma su auto de prisión o si, en caso de que se acoja también a la vía Forcadell, lo deja en libertad bajo fianza.

Albiol: «Por mucho que se bajen los pantalones, no les vamos a perdonar»

«Por mucho que se bajen los pantalones no les vamos a perdonar». Así de tajante se mostró el candidato del PP a la Generalitat, Xavier García Albiol, en alusión al acatamiento del artículo 155 por parte de los antiguos consejeros catalanes. «Me enorgullece que ese artículo 155 esté provocando esa renuncia a los ideales, pero me da vergüenza que ahora digan que todo lo que hicieron era una broma», apuntó. Para el candidato popular, que ahora los dirigentes independentistas muestren su disposición a respetar la Constitución no quita que deban ser castigados por haber llevado a Cataluña y a España a la mayor crisis territorial de la historia moderna.

La Generalitat intentó que Corea del Norte reconociera a Cataluña

Alejandro Cao de Benós, delegado especial de relaciones en el extranjero de Corea del Norte, asegura que hizo de intermediario entre la Generalitat y el Gobierno de Kim Jong-un en plena escalada hacia la independencia. Cao de Benós sostiene en el Diari de Tarragona que ejerció de enlace entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la embajada norcoreana en Madrid a la hora de dar respuesta a la apelación del Gobierno catalán de que el país asiático reconociera una eventual independencia. «No es algo reciente ni tiene que ver con la DUI. Fue anterior, y en dos épocas, cuando estaba Artur Mas de presidente y también con Puigdemont», explica Cao de Benós. Corea respondió que era un asunto interno de España.

Sánchez presiona a Rajoy para forzar un compromiso de reforma constitucional

Paula de las Heras

Le exige que «cumpla su palabra», y el presidente dice que solo quedaron en hablar

Pedro Sánchez, duda entre poner el grito en el cielo o confiar en que, pasada la convocatoria electoral del 21 de diciembre en Cataluña, Mariano Rajoy deje a un lado las ambigüedades y se preste a abrir por fin el melón constitucional. Ayer optó por lo primero. Mostró su malestar por las últimas declaraciones del presidente del Gobierno sobre el asunto y advirtió de que no solo quiere conversaciones vagas sino hechos.

El lunes, después de que Sánchez le instara por primera vez a «aclarar» si va a «cumplir su palabra», Rajoy alegó que el único compromiso al que llegó el pasado octubre en sus muchas conversaciones sobre el futuro de Cataluña y la aplicación del 155 de la Constitución con el líder de la oposición fue al de «hablar» sobre la reforma. Nada más. «Vamos a hablar de contenidos, no estaba entre mis prioridades, creo que hay cosas más importantes y urgentes, pero no me niego a hablar si esto sirve para resolver problemas», dijo en una entrevista en Telecinco.

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