La «organización criminal» se repartió funciones para alcanzar la secesión

La jueza Lamela implica a nuevos funcionarios y pide que el Supremo asuma la causa del desafío secesionista

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madrid / la voz

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela se muestra favorable a que el Supremo absorba todas las causas que se investigan en relación con el desafío independentista, al considerar que esto facilitará la instrucción por tratarse de escritos «conexos».

En su auto remitido ayer al juez del Supremo Pablo Llarena, encargado de la investigación de los exmiembros de la Mesa del Parlamento catalán y que unos días atrás pidió a las partes que valoraran esta fusión, la magistrada se refiere a los investigados como presuntos integrantes de una «organización criminal» que trazó en el 2015 un plan «perfectamente sincronizado» con los objetivos de «celebrar el referendo ilegal del 1 de octubre y la ulterior declaración de independencia alterando la organización política del Estado, con clara contravención del orden constitucional y estatutario» y saltándose todas las indicaciones y prohibiciones determinadas por el Tribunal Constitucional.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, hasta el momento encargada de la investigación de los exmiembros del Gobierno autonómico, de los líderes de las plataformas Òmnium y ANC, y del antiguo responsable de la policía autonómica Josep Lluís Trapero, entiende que todos los querellados forman parte de «una compleja organización» que funcionó como un reloj gracias a «un reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles», algo en lo que se apoya para respaldar la fusión de todas las causas en un único procedimiento. Esta postura no coincide con la mostrada recientemente por la Fiscalía, partidaria de que la investigación a los exintegrantes del Gobierno catalán continúe en la Audiencia. La última palabra la tiene el juez Llarena, que, una vez recabadas la opiniones de todas las partes, decidirá si finalmente reúne todo en un macroproceso.

Papel «esencial» de los Mossos

Dentro de ese reparto de papeles al que se hace referencia, la magistrada destaca el papel de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los líderes de ANC y Òmnium Cultural, respectivamente, en prisión preventiva desde hace más de un mes por un delito de sedición, a los que señala como «asesores ideólogos» y «brazo civil» del proceso.

Además de a Cuixart y Sànchez, Lamela también hace referencia en su auto a la «esencial» colaboración de los Mossos, cuerpo de policía que pudo haber sido utilizado ilegalmente «al servicio de los secesionistas», tanto durante el desarrollo de la consulta ilegal del 1 de octubre, en el que mostraron una pasividad absoluta, como realizando labores de espionaje sobre otros cuerpos de seguridad desplazados a Cataluña.

Otra de las grandes novedades que se recogen en el informe reside en la implicación en la causa de algunos miembros del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat y de funcionarios del Consejo de Diplomacia de Cataluña (Diplocat), a los que achaca posibles responsabilidades penales.

 

 

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