Lamela propone investigar también a los que colaboraron en la declaración de independencia

La jueza de la Audiencia Nacional apoya que el Tribunal Supremo asuma la investigación de Junqueras y los exconsellers

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La jueza Carmen Lamela es favorable a la acumulación de todas las causas abiertas por rebelión porque se está investigando a los miembros de «una compleja organización donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente, contraviniendo el orden constitucional y estatutario».

Este es el sentido del informe que la juez de la Audiencia Nacional remitió ayer al Tribunal Supremo, a petición del magistrado Pablo Llarena, en relación la posible acumulación de las causas abiertas en relación con el proceso secesionista de Cataluña.

La jueza entiende que los delitos investigados son conexos y si se escindiera la causa dificultaría enormemente la investigación conjunta de los hechos y la determinación clara de responsabilidades de los investigados.

Propone investigar a los que colaboraron en sacar adelante la DUI

La jueza, en su informe, también sostiene que un grupo de personas habría «colaborado estrechamente» con «la organización» constituida para alcanzar la independencia en Cataluña, liderada por el Govern destituido, en la elaboración de «leyes» y desde distintos «niveles de responsabilidad de la Administración autonómica». Una «pertenencia» a la organización y un «grado de colaboración» que la magistrada entiende que «debe ser objeto de investigación a fin de establecer posibles responsabilidades».

«En este sentido, no cabe descartar una importante colaboración de determinadas personas en la elaboración de las leyes como la convocatoria del referendo de autodeterminación o la ley de transitoriedad jurídica», precisa el informe, en el que la juez respalda la acumulación en el Supremo de todas las causas abiertas por rebelión.

Lamela ha observado también la intervención de otras personas que han «cooperado y colaborado estrechamente» para poder declarar la independencia desde «distintos escalones y niveles de responsabilidad de la Administración Autonómica».

Cita concretamente «el papel desempeñado por los Mossos d'Esquadra» a los que atribuye haber puesto «su capacidad investigadora e 'intimidatoria' al servicio de la organización y de los fines independentistas» y cuya labor «era imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum».

Resalta la actitud de la Mossos en distintas movilizaciones sociales impulsadas desde entidades soberanistas, «manteniéndose al margen de cualquier actuación desarrollada por la Policía y la Guardia Civil», evitando intervenir en los casos en los que estos eran agredidos, incluso llegándose a enfrentar a alguno de ellos.

Además hay constancia de que espiaron las acciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional el día del referendo del 1-O, «alertando a los congregados en los colegios de que las citadas Fuerzas del Orden se dirigían hacia determinados lugares».

«No menos relevantes han sido las actividades diplomáticas organizadas a través de las delegaciones que el Gobierno catalán en el exterior», apunta también la juez.

Se refiere fundamentalmente al Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), «que si bien se presenta como una suerte de consorcio público-privado, lo cierto es que actúa como una suerte de cuerpo diplomático paralelo al estatal» y que está presidido por el president de la Generalitat, hasta el momento el cesado y huido Carles Puigdemont.

El presidente catalán en Diplocat, prosigue la jueza, es el encargado de promover en el exterior acciones tendentes a simpatizar con el proyecto secesionista, «buscando el reconocimiento internacional y la expansión internacional del conflicto».

En esa colaboración con los fines independentistas, Lamela también observa «la actuación desplegada por determinadas personas desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), cuyo apoyo tecnológico ha sido esencial en la actividad desarrollada de cara al proceso, especialmente en lo que afecta a la celebración del referéndum».

A todos estos apoyos, se suman «la actuación de los movimientos populares» como el de las entidades Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, cuyos líderes se encuentran en prisión desde el 16 de octubre por un delito de sedición y que tenían como objetivo «crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas para propiciar y justificar la desobediencia».

La «organización» secesionista, se sirvió así de la población «alentando actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado, ocupando al efecto carreteras, calles o edificios públicos y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso».

Por el momento recuerda que están siendo investigados por rebelión o sedición los 14 miembros del Govern destituido, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont; la Mesa del Parlament, incluida su presidenta Carme Forcadell; el exmayor de los Mossos Josep LLuís Trapero y la intendente Teresa Laplana, y los líderes independentistas conocidos como los Jordis.

No obstante, Lamela desvela en su informe que tiene abierta una pieza separada secreta en la que acordó el 30 de octubre diligencias que afectaron, entre otras, a la sede del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y a los Mossos.

La Fiscalía se opone a que la causa por rebelión de Lamela vaya al Supremo

Efe
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El Tribunal prepara un informa para aunar todas las investigaciones por rebelión derivadas del proceso soberanista

La Fiscalía se opondrá a que el Tribunal Supremo se quede con la causa abierta por rebelión en la Audiencia Nacional en la que se investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont y a otros 13 exconsellers, así como al exmayor de los Mossos Josep Lluis Trapero y a los conocidos como los «Jordis».

Según han informado fuentes jurídicas, la Fiscalía del Supremo será la encargada de presentar hoy este informe ante el juez del Supremo Pablo Llarena, que la semana pasada requirió opinión a todas la partes en esta causa, incluida a la instructora Carmen Lamela, para tomar una decisión sobre la acumulación en el alto tribunal de todas las investigaciones por rebelión derivadas del proceso soberanista.

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