El largo y sinuoso camino judicial hacia la entrega de los fugitivos

Discordancias entre las legislaciones de España y Bélgica podrían evitar la extradición del expresidente


bruselas / corresponsal

La Fiscalía belga permitió el viernes que la Justicia española se anotase el primer punto del partido. Pero, contra todo lo que pudiera parecer, la extradición del expresidente Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros aún parece lejos de ejecutarse. Y no está ni mucho menos garantizada.

La primera barrera que deberá superar la euroorden es la del tribunal de primera instancia. Aunque la defensa tiene muy difícil demostrar que sus clientes corren «riesgo grave de ser sometidos a pena de muerte, tortura u otras penas o tratos inhumanos», el juez estudiará el 4 de diciembre los argumentos de las dos partes.

La Fiscalía tiene claro que los delitos que la jueza Lamela imputa a Puigdemont y a los exconsejeros tienen cabida en la legislación belga bajo el concepto de «conspiración de funcionarios», pero el tribunal podría denegar la extradición si la rebelión y la sedición que invoca Lamela no tienen una traslación idéntica en la lista de 32 delitos contemplados para las devoluciones exprés en Bélgica. Eso significaría la paralización de la extradición. No porque España no garantice los derechos fundamentales, sino por discordancias entre las legislaciones.

¿Cabe recurso contra el fallo? Sí. Las dos partes, tanto la Fiscalía como la defensa de los fugitivos, pueden recurrir al Tribunal de Apelación, alargando el proceso más allá de las elecciones catalanas del 21 de diciembre. El órgano judicial dispone de 15 días para valorar las alegaciones que interpongan las partes. El Tribunal de Casación es la última instancia a la que podrán apelar para echar por tierra sea cual sea la decisión del juez. Aunque los plazos son claros, su ejecución es muy flexible. Más si se tiene en cuenta que no pesan sobre Puigdemont y los exconsejeros penas privativas de libertad en Bélgica. Cualquier retraso excepcional deberá ser notificado a Eurojust (Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea).

Una eventual extradición no llegaría hasta pasados los comicios catalanes y lo más probable es que, si los perseguidos no vuelven por voluntad propia a España, se tomen las uvas en Bélgica antes de ser devueltos a España. Si prospera la petición de la Fiscalía belga, Puigdemont y los exconsejeros serían enviados «lo antes posible» a la cárcel de Estremera, previa declaración ante un juez de la Audiencia Nacional. Su proceso, con toda probabilidad, sería vigilado por la Justicia belga, que puede decretar condiciones especiales de entrega. Una maniobra que se reserva para asegurarse de que se respetarán los derechos de los encausados y que se enfrentarán a un juicio justo.

Penas inferiores

Además, el problema es que las penas contempladas son muy inferiores a las existentes en España, sobre todo para la rebelión y la sedición (los delitos más graves), lo que podría llevar al juez a denegar la extradición. El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó el viernes que sería «una paradoja» que un Estado de la UE «desconfiase de otro país miembro», por lo que ve razonable que la Fiscalía belga haya pedido que se ejecuten las euroórdenes de la Justicia española.

También la diputada y secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, aseguró el viernes que Puigdemont «estará ante la Justicia cuando toque, con razones procesales claras». Y añadió: «Los socialistas confiamos en nuestro impecable sistema judicial y de derecho y esperamos lo mismo de las decisiones que se tomen en el Estado belga».

Todos los cálculos podían volar por los aires si la estrategia de Puigdemont circula por otra vía distinta a la que lleva la Justicia belga. Y es que todo el ruido que ha generado con su surrealista fuga podría culminar en un golpe de efecto para el 21D: un retorno voluntario que algunos no descartan.

El Tribunal de Cuentas estudia aceptar los bienes de Artur Mas para pagar su fianza

El Tribunal de Cuentas iniciará el embargo de las propiedades del expresidente Artur Mas y los exconsejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega por valor de los 2,4 millones pendientes de abonar de la fianza que se les impuso, por importe de algo más de cinco millones, por la consulta ilegal del 9 de noviembre del 2014, una vez que estudie la documentación que aportaron en relación a sus bienes.

El Tribunal de Cuentas se dará aproximadamente una semana para analizar los papeles, de acuerdo con fuentes del órgano fiscalizador, que, según recoge Euroa Press, señalan que la valoración de dichos documentos supone un trámite que tardará varios días.

Con la entrega que el jueves realizó Mas de 400.000 euros, la cantidad por este asegurada se eleva ya a 2,8 millones de euros. El tribunal había dado de plazo hasta ayer para la realización del depósito, por lo que los abogados de los exmandatarios solicitaron una nueva prórroga en su último escrito. El Tribunal de Cuentas todavía no ha respondido a esta solicitud, aunque previsiblemente lo hará cuando termine de estudiar los últimos documentos aportados.

En su escrito, los letrados ya señalaban que sus representados estaban procediendo a tasar diversos inmuebles de su propiedad, por si fuera necesario aportarlos «como último recurso» para cubrir la fianza. E insisten que haber ingresado ya 2,8 millones acredita su voluntad de hacer frente a esos abonos, «pese a la elevada cuantía de las liquidaciones provisionales», que ven absolutamente injustificadas al considerar que no hubo malversación ni ninguna infracción contable.

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