Puigdemont pretende entregarse a la Justicia belga para evitar la extradición
ESPAÑA
Volvió a recurrir a TV3 para emitir un mensaje grabado como «presidente legítimo»
03 nov 2017 . Actualizado a las 16:19 h.«Exijo la liberación de los consejeros y el fin de la represión política». Carles Puigdemont respondió de esta forma desde Bruselas a la encarcelación de buena parte de su Gobierno. En su intervención a través de TV3 - «como presidente legítimo», dijo- afirmó que la decisión de la jueza Lamela supone «un golpe contra las elecciones del próximo 21 de diciembre». Y fue más allá. «La furia con que el Estado español ha embestido contra lo que nos ha hecho una vieja nación de Europa es desbocada y lo amenaza todo». Frente al Gobierno central, reivindicó el pacifismo de los catalanes. Y, para concluir, aseguró que «entre rejas, el Gobierno legítimo de Cataluña es infinitamente más digno que sus ilusos encarceladores».
El expresidente catalán pronunció este discurso mientras Lamela ultima los detalles de su orden de busca y captura. Porque el hecho de que no acudiera a declarar ayer ante la Audiencia Nacional suponía de facto la emisión de una orden europea de detención y entrega, la también llamada euroorden, que anoche aún no se había expedido. Salvo sorpresa, será hoy, y será entonces cuando comience un proceso que acabará con Puigdemont ante un juez de Bélgica, quien deberá decidir sobre su extradición a España.
Aquí es donde se juega la gran partida, donde el veterano abogado flamenco que le defiende, Paul Bekaert, cree que puede volver a salirse con la suya, tal y como ya ha logrado en ocasiones anteriores defendiendo a miembros de ETA y alegando que los derechos humanos y fundamentales de sus clientes no serían respetados en España. Habrá lío, todo está abierto.
Cuatro consejeros
En esta misma situación se encuentran los cuatro exconsejeros huidos, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig. Todos han decidido seguir los pasos de Puigdemont para «internacionalizar el 155» creando una suerte de Ejecutivo en el exilio en Bélgica. No es para nada descabellado y, de hecho, es probable que vivan las elecciones catalanas desde Bruselas, ya que el procedimiento podría demorarse entre dos y tres meses en un escenario más o menos lógico.
De momento, la maquinaria se ha puesto en marcha y Paul Bekaert confirmó anoche que ya está en contacto con la Fiscalía del país para tramitar la entrega de los querellados ante el juez competente en el caso. La idea es que la policía belga ni siquiera se vea obligada a proceder a su localización y arresto. Es aquí donde se enmarcan las declaraciones de días pasados en las que aseguraban que no escapaban de la Justicia, que querían comparecer ante ella, pero de una manera «justa, con todas las garantías», algo que a su juicio no se puede hacer en España por «la politización de la Justicia». Aunque quizá haya también algo de esto en la estrategia de defensa de Bekaert. Escuchen: «En España aún no se han librado de él. Y si lo detienen, lo convertirán en un mártir», recalcó ayer a la televisión holandesa HLN. «No me fío ni un pelo de la Justicia española», zanjó este veterano abogado especializado en derechos humanos. Respecto al asilo político, otra de las figuras que se barajaron en un principio, insistió en que «no está encima de la mesa por ahora».
Paradero desconocido
De momento, el paradero de Puigdemont y los cuatro exconsejeros es una incógnita después de que el martes a última hora de la tarde dejasen su hotel una noche antes de lo previsto para burlar a los periodistas y cámaras de televisión que siguen rastreando la capital comunitaria con escaso éxito de momento. Su entorno asegura que siguen en Bruselas, pero su única imagen, publicada por RNE, fue en una cafetería en la que sus empleados negaron luego que hubieran estado allí.
¿Qué pasará una vez sea tramitada la euroorden? ¿Ingresará Puigdemont en una cárcel belga? Nada está descartado. Dependerá de la decisión del juez que asuma el caso. La Fiscalía, por su parte, de limitó a señalar: «Nos limitaremos a acatar la ley». Una vez el caso ya esté judicializado en Bélgica, el magistrado de instrucción deberá decidir si procede o no la entrega a las autoridades españolas. En el hipotético caso de que la aceptase, la decisión es recurrible a una instancia superior y luego, finalmente, ante el Tribunal de Casación (algo así como el Tribunal Supremo).
