Trapero asume su destitución y pide «lealtad» a su sucesor

Agencias

ESPAÑA

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Zoido justifica la destitución de Trapero por su situación judicial. Su sustituto es el comisario Ferrán López, hasta ahora número dos del cuerpo. El director del cuerpo, Pere Soler, también acata su cese y se despide por carta

28 oct 2017 . Actualizado a las 17:59 h.

El Gobierno ha cesado a Josep Lluís Trapero como Mayor de los Mossos d'Esquadra, un cargo que ha dejado de ejercer desde que esta madrugada se ha publicado ese cese en el Boletín Oficial de Estado. La decisión se ha adoptado mediante una orden del Ministerio del Interior firmada por el titular de este departamento, Juan Ignacio Zoido, quien ha asumido las competencias de este área en la Generalitat de Cataluña. 

En el cargo lo sustituye el Comisario Superior de Coordinación Territorial de los Mossos d'Esquadra, Ferrán López. Fuentes cercanas al gobierno aclaran que se ha tomado esta decisión al considerar que lo lógico es aplicar la normativa de la policía autonómica para el nombramiento de este tipo de cargos. Añaden, además, que con ello se mantiene el espíritu de colaboración con Cataluña y la lealtad con la comunidad autónoma y su policía. 

En un comunicado, Interior precisa que Ferrán López es el «número dos» de los Mossos y por tanto «se materializa el principio de respetar el escalafón existente en la Policía Autonómica de Catalunya». Precisa que la actuación del Ministerio dentro de los Mossos d'Esquadra se realiza «desde la máxima consideración al escalafón de este cuerpo policial, aplicando de esta manera un criterio de escrupuloso respeto a la jerarquía».

Ferrán López es jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Territorial y fue el mando que sustituyó a Trapero en la reunión de coordinación para preparar el dispositivo del 1-O a la que el entonces mayor no acudió. También acompañó al entonces mayor a la Audiencia Nacional en la primera citación para declarar ante la Audiencia Nacional.

Al igual que el director general de los Mossos, Trapero también ha enviado una carta de despedida a sus agentes. «Habéis trabajado mucho, a menudo con una exigencia que va más allá de lo que la función pública tendría que suponer, en unos años de carencias de medios, de recortes en las condiciones de trabajos y de incomprensión, a veces, ante nuestras acciones», señala según recoge El Nacional. «Debeis continuar escribiendo el futuro. Os pido como siempre habeishecho, lealtad y comprensión» a los nuevos mandos.

La destitución de Trapero, investigado por sedición como supuesto responsable de la inacción del cuerpo el 1-O, no fue adelantada ayer en el paquete de iniciativas anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en aplicación e Cataluña del artículo 155 de la Constitución y tras el preceptivo aval del Senado. Sí se había comunicado el cese del consejero de Interior junto al resto de miembros del Govern presidido por Carles Puigdemont, así como el de otros dos responsables de departamentos de su consejería.

En concreto, el del secretario general de Interior de la Generalitat, César Puig, y el del director general de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler. Esos ceses han sido ratificados en los reales decretos que ha publicado también esta madrugada en el BOE.

Fuentes del Gobierno habían avanzado ayer que la decisión sobre el cese de Trapero no había sido a acordada «de momento», pero apuntaron la posibilidad de que también fuera inminente. La orden publicada en el BOE para esa destitución se limita a recordar que se hace efectiva al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Zoido asegura que la destitución se debe a su situación judicial

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado hoy que la sustitución de Josep Lluis Trapero como Mayor de los Mossos d'Esquadra se debe a su «situación judicial».

«Asumimos las competencias de Interior en Cataluña para velar por la legalidad. Sustituimos al mayor Trapero por su situación judicial», ha indicado Zoido en su cuenta personal de Twitter.

Trapero, imputado por un delito de sedición

Josep Lluís Trapero, que se encuentra imputado en la Audiencia Nacional por un delito de sedición, fue nombrado el pasado 18 de abril mayor de los Mossos en un acto solemne presidido por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Con este nombramiento, el Govern daba cumplimiento a la ley 10/1004 de la Policía de la Generalitat, que contempla la plaza de Mayor en la escala superior del cuerpo policial. Trapero, que ya era comisario jefe, fue el único candidato que optó a la plaza con la que se reforzaba su rango dentro del Cuerpo.

En julio, dentro del cambio de Gobierno de Puigdemont para encarar con fieles al independentismo la hoja de ruta pactada con ERC y la CUP, Joaquim Forn sustituyó a Jordi Jané al frente de la Consejería de Interior y Pere Soler fue nombrado nuevo director general de los Mossos. Trapero siguió en su cargo.

La gestión de los atentados yihadistas del 17 y 18 de agosto en La Rambla y Cambrils le dio fama, sobre todo por su gestión ante los medios de comunicación y los detalles de la última de hora sobre la investigación abierta tras la masacre. Un mes y medio después, se enfrentó a otro momento de tensión con los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó que se impidieran los preparativos y la celebración de la votación suspendida por el Tribunal Constitucional. Trapero había dado una orden interna el viernes previo al referendo en la que aseguraba a sus mandos que los colegios estarían precintados a las seis de la mañana, pero a la vez limitaba el uso de la fuerza ante la previsible «resistencia pacífica».

La actuación de los Mossos en aquella jornada está siendo investigada por varios juzgados y un informe policial ha puesto en duda los colegios presuntamente cerrados por el cuerpo autonómico. Los mandos de la Policía y de la Guardia Civil al frente del dispositivo que coordinó el coronel Diego Pérez de los Cobos, alto cargo del Ministerio del Interior, hablaron de «encerrona». Numerosos testimonios y vídeos señalan al cuerpo autonómico por su pasividad durante el 1-O.

Entre los juzgados que investigan destaca el Central número 3 de la Audiencia Nacional, que por ahora se ha centrado en otra actuación polémica: el cerco a la Guardia Civil y a la comitiva judicial de independentistas descontentos con las detenciones de altos cargos relacionados con la logística del 1-O, en los registros de consejerías los días 20 y 21 de septiembre.

Aquella protesta en la Consejería de Economía mantiene en prisión provisional a los líderes de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

La Fiscalía pidió también la prisión para Trapero, pero la juez de momento lo ha dejado en libertad con medidas cautelares como la retirada del pasaporte.

Un sindicato de los Mossos pide a la Generalitat y al Gobierno que no les utilicen «para sus intereses»

El sindicato de Mossos d'Esquadra Uspac ha pedido a la Generalitat y al Gobierno central que dejen de utilizar al cuerpo «políticamente y judicialmente para sus intereses» ante la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Ha asegurado que los Mossos deben quedar fuera de cualquier posicionamiento político, y ha exigido que se acabe de forma inmediata con esta «vergonzosa situación», ha informado en un comunicado.

Asimismo, ha recordado que el comando supremo de la policía catalana y la coordinación de las policías locales debe recaer en la Generalitat, y ha subrayado el compromiso «absoluto e incondicional» del cuerpo con toda la ciudadanía.

Rajoy asume la presidencia y, Sáenz de Santamaría, la vicepresidencia

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado también este sábado de madrugada que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asume las funciones y competencias que corresponden al presidente de la Generalitat previstas en el Estatuto de Autonomía dada la aplicación del artículo 155 y el consecuente cese del Govern.

El texto, que señala la necesidad de «garantizar el funcionamiento de la Administración de la Generalitat de Cataluña y de sus organismos», recoge que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, asume por su parte las funciones y competencias de la Vicepresidencia catalana tras el cese de Oriol Junqueras.

Asimismo, quedan destituidos todos los consejeros del Govern, tal y como se había acordado en el Consejo de Ministros extraordinario reunido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la tarde de este viernes.

Los ministerios se harán cargo de las once consejerías catalanas (recogidas en un anexo de equivalencias) dado el cese de los consejeros catalanes; Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Meritxell Borràs, Antoni Comín, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Lluís Puig, Carles Mundó y Meritxell Serret.

Ante la posibilidad de que Carles Puigdemont o sus todavía consejeros se resistan a dejar sus actuales cargos, en el Ejecutivo han advertido de que puede incurrir en un delito de usurpación de funciones, cuya regulación está tipificada expresamente en el Código Penal.

El BOE detalla cómo serán las elecciones del 21 de diciembre

La publicación del BOE incluye, además, la disolución del Parlamento de Cataluña, elegido el 27 de diciembre de 2015 y recoge la convocatoria de elecciones previstas para el próximo 21 de diciembre. Las circunscripciones electorales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona elegirán, respectivamente, a 85, 17, 15 y 18 diputados.

Asimismo, queda estipulado que la campaña electoral durará 15 días a partir del 5 de diciembre de 2017 a las 00.00 (hora local) y hasta el día 19 de ese mismo mes.

El Gobierno elude agradecer los «servicios prestados»

El Gobierno ha eludido incluir en los reales decretos de cese del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y del resto de consejeros catalanes la frase habitual en estos casos en la que se agradece a los destituidos los «servicios prestados».

El Gobierno no ha hecho uso de la coletilla que siempre se incluye al final del texto de cese de un cargo que se publica en el BOE y que señala que se adopta la decisión «agradeciéndole los servicios prestados».

El Ejecutivo se limita a ordenar el cese de Puigdemont y del resto de miembros del Govern, así como de todo el personal eventual adscrito a cada uno de ellos.