El PDECat cree que debe escenificar la oferta de diálogo, pero sobre todo tratar de rentabilizar electoralmente la aplicación del 155, y ERC y la CUP insisten en activar ya la independencia
24 oct 2017 . Actualizado a las 07:45 h.La conveniencia de que Carles Puigdemont comparezca en el Senado para defender en persona el rechazo de la Generalitat a la aplicación del artículo 155 de la Constitución abrió el lunes otro intenso debate en las filas del soberanismo catalán. Tras filtrar Junts pel Sí en los ahora hiperactivos pasillos del Parlamento que el presidente autonómico había manifestado su intención de comparecer en persona en el Senado para proclamar su rechazo a la toma de control de la Administración de la comunidad, parte del independentismo incrementó su presión para que en lugar del viaje a Madrid Puigdemont active en Barcelona la declaración de independencia.
Fuentes parlamentarias consultadas por La Voz describieron la existencia de ese pulso como el choque entre una estrategia de actuación inmediata que se refleje en el pleno que el Parlamento catalán celebrará el jueves con la declaración formal de la independencia, y otra, extendida en el PDECat, principalmente, que considera que la aplicación del 155 acabará siendo rentable electoralmente a medio plazo. Y en esa estrategia viene bien que el presidente catalán ofrezca un perfil dialogante antes de que se tome el control de la Generalitat.
Las elecciones que adelantará Mariano Rajoy -si sigue rechazando activarlas esta semana Puigdemont-, son consideradas por dicho sector como la oportunidad de incrementar el peso del independentismo en la Cámara autonómica si se ejerce antes una oposición dura a la gestión que se lleve a cabo en Cataluña bajo la tutela del Gobierno central.
Ese sector ya se impuso el día 10 a la mayoría de ERC y a la CUP para adoptar la salida que finalmente tomó el presidente catalán de anunciar la declaración de independencia, suspenderla después y dejar firmada, como un gesto hacia los suyos, la adhesión a una república catalana por parte de los 72 diputados independentistas.
El sector que pide a Puigdemont que declare formalmente la independencia considera en cambio que el pleno convocado en Barcelona para el jueves puede ser la última oportunidad de convertirse en república antes de que sean destituidos el presidente catalán y todo su Gobierno. El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, fue el lunes claro respecto a las intenciones de su partido: «La mejor respuesta al ataque del 155 es la república catalana».
Horario incompatible
La predisposición de Puigdemont a personarse en el Senado fue comunicada el lunes al considerarse posible que asista primero a la comisión del Senado que estudia la aplicación del artículo 155 y luego pueda intervenir en el pleno acordado en el Parlamento y votar cada una de las tres resoluciones que cada grupo tiene derecho a presentar.
El horario manejado, sin embargo, en la reunión de los portavoces y la mesa del Parlamento catalán -órgano que hoy fijará cómo se ordena el pleno monográfico- quedó desbaratado al conocerse que Puigdemont podría comparecer o el jueves a las 17 horas en la comisión o el viernes por la mañana en el pleno de la Cámara alta, con Rajoy presente. Esta última posibilidad no será en principio aceptada desde la Generalitat, al estimar que solo tendría sentido que el presidente catalán acuda al Senado si su versión es escuchada antes de que la comisión redacte sus conclusiones, es decir antes de que se sometan a votación en sesión plenaria.
Mientras, la CUP anunció la puesta en marcha de una campaña de desobediencia civil.
El Círculo de Economía advierte: «O hay elecciones o consecuencias dramáticas»
El Círculo de Economía catalán se unió el lunes a los sectores que reclaman la inmediata convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas como solución última a las consecuencias «imprevisibles, pero en cualquier caso dramáticas» que la actual situación política de Cataluña acabará generando. La organización cívica catalana señala que a la salida continuada de empresas de la comunidad se une ahora «la creciente fractura social y la posibilidad, real e inmediata, de un profundo deterioro del autogobierno». Lo advirtieron en referencia a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la toma del control por la Administración catalana.
