Es probable que Rajoy asista al pleno del viernes para defender la postura del Gobierno
22 oct 2017 . Actualizado a las 11:58 h.El Senado entra en juego. Por primera vez, la Cámara Alta dejará de ser el patito feo, ese gran cementerio de elefantes en donde reubicar a los políticos quemados por el intenso día a día del Congreso. Desde ayer se ha convertido en el centro de atención de la actualidad política. La Mesa de la Cámara, reunida ayer con carácter extraordinario, aceptó las medidas propuestas por el Gobierno con las que, bajo el paraguas del artículo 155 de la Constitución, pretende reinstaurar la legalidad en Cataluña. Ante la importancia y la urgencia del asunto, se acordó la suspensión de los plenos ordinarios previstos para esta semana, y los senadores pasarán a dedicar todos sus esfuerzos al 155. De los siete integrantes de la Mesa, votaron a favor los cuatro del PP y los dos del PSOE. En contra, la del PNV.
El martes quedará constituida una comisión mixta integrada por miembros de las comisiones permanentes de la Comisión Constitucional y de la de Comunidades Autónomas. Este grupo de trabajo estará formado por 27 senadores, repartidos de la siguiente manera, siempre en función de su representación en la Cámara: el PP, que cuenta con la mayoría absoluta, aportará 15 senadores. Al PSOE, su aliado, le corresponden seis. Unidos Podemos contará con dos representantes, mientras que el resto de formaciones, es decir, ERC, PNV, PDeCAT, Coalición Canaria y el Grupo Mixto, contarán con uno cada uno. Esta comisión mixta disfrutará de un plazo de dos días para confeccionar un texto en el que se concreten las medidas solicitadas por el Gobierno para aplicar el artículo 155 de la Carta Magna.
Dentro de este plazo, Puigdemont contará con una de sus últimas oportunidades de paralizar todo. Recibirá un requerimiento firmado por el presidente de la Cámara, Pío García-Escudero, en el que se le invitará a presentar alegaciones, incluso tendrá la posibilidad de acudir a la madrileña calle de Bailén para ofrecer en persona estas explicaciones a los miembros de la Cámara. Tal y como informan fuentes cercanas al presidente del Gobierno, en el «remoto caso de que Puigdemont convoque elecciones autonómicas dentro de la legalidad, se paralizaría el 155».
El mismo jueves se reunirá un grupo de trabajo con representantes de la comisión con el encargo de extraer conclusiones, que después de que sean sometidas a votación, se convertirán en un dictamen. Este último documento es el que llegará al pleno del Senado, que se celebrará el viernes a las 10 horas y al que es probable que asista Mariano Rajoy para defender la petición del Gobierno.
El Gobierno permitirá filtrar subvenciones como las que reciben ANC y Òmnium
Además, controlara los ingresos catalanes y a los funcionarios, y podrá sancionar a quien incumpla las órdenes
fran balado
En el mismo momento en que el Senado apruebe las medidas elevadas por el Gobierno, el Ministerio de Hacienda reforzará el control que ejerce sobre las cuentas catalanas desde hace casi dos meses, cuando el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, dejó de justificar los gastos. Hasta ahora, Montoro disponía del control de los pagos, pero ahora pasará también a monitorizar los ingresos. En la práctica, esto supone que Hacienda dejará de tener las manos atadas para las partidas que ya estén presupuestadas. Es decir, tendrá la facultad de congelar cualquier subvención que considere que no se está ajustando a la ley y la capacidad para no firmar renovaciones de algunos acuerdos.
Fuentes cercanas al presidente ponen como ejemplo el funcionamiento de plataformas cívicas independentistas como Òmnium Cultural y la ANC, que básicamente se nutren de fondos públicos. A partir de ahora tendrán mucho más difícil su financiación.
Embajadas
Otro de los aspectos comprometidos con este refuerzo de Hacienda del control de las cuentas será el sustento de la red de embajadores o diplomáticos que el Gobierno catalán tiene tejida por todo el mundo para vender la causa independentista, y sobre la que el máximo responsable es el consejero Raül Romeva.
En su comparecencia de ayer, Rajoy también apuntó que la intervención tenía como tercer y gran objetivo «continuar con la recuperación económica, que hoy en Cataluña está en peligro».
Capacidad sancionadora
Desde estas mismas fuentes cercanas a Moncloa también apuntan a la importancia de una medida escondida entre las denominadas como «transversales», y que se recoge en el apartado E.7 del documento que el Gobierno trasladó ayer al Senado, bajo el título de «Seguridad jurídica de los funcionarios públicos o empleados sujetos al régimen laboral de la Generalitat de Cataluña». Lo que supone este capítulo es que el Gobierno central dispondrá de la capacidad organizativa y sancionadora de la función pública. El Ejecutivo se garantiza contar con un importante margen de maniobra para poder sancionar a los funcionarios autonómicos que se declaren en rebelión y que no quieran aceptar a la autoridad central. Estas sanciones podrían abarcar desde la apertura de expedientes hasta multas. Esta medida está considerada como fundamental para poder llevar a la práctica el 155 con ciertas garantías, porque «al final, lo más importante es el día a día de la gente», apuntan.
Dentro de estas medidas transversales destinadas a garantizar «la eficacia y la eficiencia» de las generales, también destaca la asunción por parte del Estado de la capacidad para realizar publicaciones en boletines oficiales. De este modo, cualquier cosa que se quiera oficializar mediante el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña o a través del Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña, tendrá que ser autorizada desde Madrid.