El Gobierno y el PSOE ultiman los detalles para intervenir en Cataluña con la aplicación
20 oct 2017 . Actualizado a las 08:39 h.Los trámites para la aplicación efectiva del artículo 155 de la Constitución están reglados, pero no tienen unos plazos prefijados, por lo que pueden acelerarse o dilatarse según la voluntad política. En todo caso, la aprobación definitiva del Senado no llegará antes de final de mes.
SÁBADO, 21
Consejo de Ministros y Mesa del Senado
El Gobierno dará el siguiente paso en la aplicación del artículo 155 con la aprobación, en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros convocada para las 10 de la mañana del sábado, del catálogo de medidas que pretende aplicar para restaurar la legalidad vulnerada en Cataluña. Acto seguido, la Mesa del Senado se reunirá para convocar la reunión de la comisión que deberá valorar las medidas que proponga el Gobierno.
lunes, 23
Comisión del Senado
Una comisión, que puede ser la General de Comunidades Autónomas o una que se cree ad hoc con sus miembros y los de otras áreas afectadas por las medidas que proponga el Gobierno, enviará un requerimiento a Carles Puigdemont para que alegue lo que considere oportuno en el plazo que se le dé, que no está tasado de antemano.
jueves, 26
Nueva reunión de la Comisión del Senado
Mientras espera la respuesta de Puigdemont, la comisión podrá pedir los informes y dictámenes que considere oportunos. Con todo ello, volverá a reunirse, probablemente el próximo jueves, ya que el martes y el miércoles hay convocado pleno, y el reglamento impide que las comisiones se reúnan cuando haya sesión plenaria. En esta segunda reunión, la comisión elaborará una propuesta razonada para elevar al pleno que puede modificar las medidas que haya solicitado el Gobierno.
lunes o martes, 30 o 31
Pleno del Senado
El pleno de la Cámara alta, que en ningún caso se reunirá antes del 30 o el 31, debatirá la propuesta que le envíe la comisión y procederá a su votación. Para que sea concedida la autorización que pida el Gobierno, debe ser apoyada por la mayoría absoluta de los senadores. Una mayoría que tiene garantizada por sí solo el PP.
Gobierno y PSOE ultiman los últimos detalles para intervenir en Cataluña
Interior y Hacienda serán las áreas más afectadas por las medidas de control
F. B.
El Gobierno sigue adelante con los trámites para la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. El jueves por la mañana se agotó el plazo concedido a Carles Puigdemont para que informara con claridad de si se había declarado la independencia, y ante la negativa del presidente autonómico a ofrecer una respuesta clara, el Ejecutivo continuará con su hoja de ruta de cara a «restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña».
El sábado está convocado en la Moncloa el Consejo de Ministros, que se reunirá con carácter extraordinario para aprobar el paquete de medidas que el Gobierno elevará al Senado con la intención de poner fin a esta situación de irregularidad en Cataluña. Hasta entonces, un equipo integrado por personal del Ejecutivo y del PSOE trabaja contra reloj puliendo los últimos detalles de este documento.
En principio, todo apunta a que las áreas de la Generalitat más afectadas por esta intervención del Gobierno central serán las de Interior y Hacienda. La primera parece bastante clara, y tiene como principal objetivo apartar al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, investigado por un delito de sedición y en quien no se tiene depositado ningún tipo de confianza. Respecto a la intervención de las finanzas, la realidad es que Cristóbal Montoro ya ejerce un control absoluto de manera telemática desde hace algo más de un mes, cuando el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, dejó de enviar a Madrid los informes semanales de gastos. Al menos es de lo que se presume en el departamento. Sin embargo, este control económico podría verse reforzado con el nombramiento de una persona de confianza, alguien que facilitase rastrear el destino de algunos fondos.
Presidencia y Exteriores
A pesar de que los únicos que manejan todas las claves sobre la aplicación del 155 son Rajoy y Pedro Sánchez, y en menor medida Albert Rivera, el coordinador del PP, Fernando Martínez Maíllo, ofreció el jueves en Génova alguna pista sobre otros campos del Gobierno catalán que podrían verse afectados. Al ser preguntado sobre una hipotética convocatoria de elecciones por parte de Puigdemont, Maíllo dijo que la facultad de disolver el Parlamento catalán y de convocar unos comicios recae en el presidente autonómico, pero que únicamente «hasta que deje de tenerla», algo que invita a pensar que a Puigdemont se le podrían retirar funciones.
Por último, y dado que el gran objetivo de los independentistas es recabar apoyos lejos del país, algo que consideran determinante para avanzar en sus aspiraciones, tampoco parece muy disparatado pensar que otra de las carteras en las que el Gobierno central asumirá competencias será la internacional, responsabilidad de Raül Romeva, el encargado de vender la causa independentista fuera de España.
Además, conviene tener en cuenta que la aplicación del 155 podría ejecutarse de forma gradual, es decir, sin concentrar todas las medidas en el primer paquete, buscando presionar a Puigdemont a que los conflictos internos lo precipiten a la convocatoria de unas elecciones que tanto en el PP como en el PSOE y en Ciudadanos verían con muy buenos ojos, especialmente en la formación naranja, que las reclama con insistencia.
En Génova consideran que estos problemas internos entre las distintas facciones independentistas podrían ser una de las principales causas de que Puigdemont sea incapaz de responder de forma clara al requerimiento, ya que cada una de las familias que integran el movimiento secesionista manifiesta distintos niveles de impaciencia. Por supuesto, también apuntan a las responsabilidades penales, recordando la recolecta de fondos del expresidente Artur Mas.
Mismo diagnóstico, distinto tratamiento
La elaboración de la batería de medidas que el sábado trasladará el Gobierno al Senado para la intervención en Cataluña no está resultando sencilla. Mariano Rajoy tiene muy claro que no dará ni un solo paso sin haberlo acordado previamente con el PSOE, por lo que se decidió la formación de equipos de negociación mixtos, integrados por representantes de cada partido, jerarquizados en un complejo sistema piramidal. Por supuesto, en la cúspide se encuentran el presidente del Gobierno y Pedro Sánchez, que mantienen hilo directo. En el siguiente escalafón están la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la socialista Carmen Calvo, una de las personas de mayor confianza para su secretario general, que el jueves mismo visitó la Moncloa para cerrar detalles. Por debajo de ellas, los grupos de trabajo especializados en asuntos jurídicos, encargados de materializar el documento que el sábado aprobará el Consejo de Ministros. Para que todos puedan trabajar en las condiciones adecuadas, también existen otros contactos diarios paralelos, con un acento mucho más político, cuyo objetivo es generar un clima de tranquilidad y estabilidad entre Génova y Ferraz. Es decir, acordar las líneas maestras de lo que se manifestará en público al día siguiente para evitar pisar callos al vecino. En este campo, los máximos responsables son Fernando Martínez Maíllo, coordinador del PP, y José Luís Ábalos, secretario de organización del PSOE.
Diferencias en el tratamiento
Las negociaciones no están resultando sencillas. El diagnóstico de lo que sucede en Cataluña es compartido por unos y otros, pero mantienen discrepancias sobre el tratamiento más adecuado para resolver el problema. Así, mientras el PP quiere aprovechar la gran libertad que concede el 155 para realizar una intervención sostenida, el PSOE opta por algo rápido que interfiera lo menos posible en el autogobierno y convocar comicios autonómicos cuanto antes. En el PP no tienen prisa. «En épocas de gran excitación son peligrosas, no sabes lo que va a pasar cuando se vota con el corazón», aseguran. También cabe la posibilidad de que estas pequeñas filtraciones de cada partido sean interesadas, buscando agradar a su electorado.