El presidente catalán sería suspendido, pero no destituido

G. B. MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

Toni Albir

Las medidas del Gobierno pasarían por el control económico y por el nombramiento de delegados

19 oct 2017 . Actualizado a las 09:58 h.

Las medidas que tome el Gobierno en caso de aplicar el artículo 155 supondrán despojar de sus competencias a todos o a algunos miembros del Gobierno catalán. Pero no implicarán la destitución de Carles Puigdemont como presidente catalán para nombrar un sustituto. Seguiría siendo presidente, pero sus competencias serían suspendidas. A día de hoy, el objetivo final de la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno sería la convocatoria de elecciones autonómicas, lo que solo sería posible despojando a Puigdemont de esa prerrogativa, que ahora mismo es personal e intransferible. Pero, mientras llegan esos comicios, cuya fecha podría fijarse explícitamente en el pleno del Senado entre las medidas a tomar o señalarse simplemente que deben celebrarse en el plazo más breve posible, será necesario, sin embargo, nombrar una autoridad gubernamental «transitoria» que pasaría a ser la primera autoridad del Estado en Cataluña y coordinaría la acción de toda la Administración autonómica. Las competencias de los diferentes departamentos serían asumidas por los ministerios españoles correspondientes, que nombrarían a un delegado que se haría cargo de la gestión diaria de cada departamento. Estos delegados tendrían a sus órdenes a los actuales funcionarios de la Generalitat adscritos a cada consejería.

Con todo, la medida quizá más relevante a tomar por la vía del 155 sería que el Gobierno sustituiría al vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda de Cataluña, Oriol Junqueras, al que se considera máximo responsable de la fuga de grandes empresas catalanas. Sus funciones serían asumidas por un técnico con amplios conocimientos sobre la situación económica de Cataluña. El Gobierno reforzaría además los controles que ya ejerce sobre los pagos que realiza la Generalitat con cargo a los fondos que recibe del Estado, extendiéndolos a la recaudación de impuestos propios de Cataluña, así como al gasto de los distintos organismos autónomos. El Boletín Oficial del Estado publicó el miércoles la creación por parte de Hacienda de una cuenta en el Banco de España en la que irá depositando cada mes las cantidades que correspondan a Cataluña por el sistema de financiación. Pero, incluso en el caso de que Puigdemont acabara convocando unas elecciones y no se aplicara el artículo 155, Hacienda seguiría supervisando los pagos de la Generalitat, como está haciendo ahora, y controlaría por tanto todo el presupuesto electoral.