El lunes, mientras la policía tomaba posiciones en el perímetro exterior de la Audiencia Nacional y los fotógrafos se posicionaban en la zona de seguridad, una luz se encendía en el despacho de Carmen Lamela en el coqueto edificio del tribunal central. La jueza que mandó a prisión incondicional a los líderes de las revueltas soberanistas en Cataluña Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y que dejó en libertad con medidas cautelares al jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, desoyendo la petición de la Fiscalía, comenzaba una jornada maratoniana que acabaría a medianoche. Pegada a su ordenador, ultimando los detalles del interrogatorio que iniciaría una hora después. Estudiosa de su trabajo hasta la extenuación, esta madrileña de 56 años se ha convertido sin quererlo en la jueza del momento. Sin quererlo porque en sus 30 años de carrera nunca le ha gustado la exposición mediática voluntaria. Sin desearlo porque desde que llegó al Juzgado Central de Instrucción número 3, en sustitución de Juan Pablo González, ha logrado algo inédito: pasar inadvertida hasta convertirse en la jueza sin rostro incluso para funcionarios que trabajan allí.
Casada con un juez y madre de dos hijos veinteañeros, uno ingeniero y el otro economista, Lamela es una mujer discreta y excesivamente responsable. «En la vida hay dos tipos de personas, las que trabajan y vuelven a casa y aquellas que por su vocación agregan un valor añadido. Y ella está en este segundo grupo», afirma un funcionario.
No pertenece a ninguna asociación judicial, por lo tanto no corre el vicioso riesgo de que la etiqueten. Es más, ha llegado adonde ha llegado sin padrino ni colectivo que la aúpe. Su única proximidad al poder ejecutivo fue cuando formó parte del equipo del secretario general de Justicia durante el mandato del socialista Francisco Caamaño.