La Generalitat insiste en sus amenazas en respuesta a la activación del 155

Plantea al Gobierno un diálogo con condiciones y se resiste a volver a la legalidad

Forcadell considera que la aplicación del artículo 155 «enquistaría el problema» «Produciría un efecto contrario al que pretende el Gobierno español», dice la presidenta del Parlament

La Voz en BARCELONA

El Gobierno de la Generalitat sigue utilizando triquiñuelas para poner la pelota en el tejado de la Moncloa. Se resiste a volver a la legalidad y ofrece diálogo sin condiciones al tiempo que intenta imponerlas. Interpreta que la aplicación del artículo 155 implica que Rajoy no quiere hablar y rechaza el requerimiento que activa ese artículo de la Constitución, porque, asegura, no es momento para las preguntas sino para la negociación. Puigdemont lo dejaba claro en un tuit publicado ayer por la noche. «Pides diálogo y te responden planteando el 155. Entendido».

El día después del pleno del Parlamento catalán en el que se asumió el supuesto encargo del 1-O y se suspendió la supuesta declaración de independencia, Carles Puigdemont eligió la cadena norteamericana CNN para dar la imagen de que apuesta por el diálogo. Los dos Ejecutivos «se tienen que sentar y hablar de verdad; un diálogo sin condiciones», aseguró.

Pero acto seguido propuso una mesa de negociación en la que dos miembros de su Gobierno y otros dos del Ejecutivo español «se sienten con un único y simple punto, estar de acuerdo en nombrar un mediador». Precisamente este es uno de los puntos de la hoja de ruta de los independentistas, internacionalizar el conflicto, bien sea con un mediador extranjero o aireándolo en la prensa europea.

En todo caso, Puigdemont establece como punto de salida que esas conversaciones «tienen que partir del hecho de reconocer una realidad, la relación entre Cataluña y España no está funcionando y hay una mayoría del pueblo catalán que quiere que Cataluña se convierta en un Estado independiente». Otro mantra archirrepetido que cae por sí mismo incluso basándose en el referendo ilegal, en el que, según los organizadores, participaron poco más de dos millones de personas y la población de Cataluña supera bastante los siete millones.

En la exposición del chantaje participó también ayer su consejero de la Presidencia, Jordi Turull, al decir: «No hemos renunciado a nada, pero nos hemos dado un tiempo muerto para explorar el diálogo». Turull no ha querido fijar un plazo para declarar la secesión aplazada, desde el argumento de que «lo importante no es declarar la independencia, sino que lo importante es la secesión en sí». A su juicio, si el presidente del Gobierno aplica el artículo 155 «querrá decir que no quiere dialogar» y, por tanto, el independentismo se mantendrá firme en sus compromisos y deberá proclamar la república, concluyó.

Junqueras descarta elecciones

En total sintonía se mostró el socio en el Gobierno de la Generalitat, Oriol Junqueras, quien avaló la estrategia de aplazar la declaración de independencia, pero aplicar el resultado del referendo ilegal si el pretendido diálogo no obtiene sus frutos. Esta coacción la trasladó asimismo al equipo de Rajoy. «Si el Gobierno central aplica el 155, demostrará la diferencia en el carácter de cada uno de nosotros a los ojos del mundo». Lo que sí descartó es que se deban convocar unas elecciones catalanas anticipadas para dar una salida a la situación actual, como reclamó la oposición en el pleno del martes. «Lo que quiero es que este trabajo culmine de la mejor manera y lo más rápido posible. Ahora hacer unas elecciones no ayudarían a que fuera rápido. Las descarto del todo», explicó en una entrevista radiofónica. «Espero no ser el único», añadió al ser preguntado por si su opinión era compartida por el Gobierno catalán. Y se quiso justificar ante los radicales que se sienten defraudados con las palabras de Carles Puigdemont. «Estamos haciendo una obra de arte», en alusión a la construcción de algo muy difícil que hay que levantar poco a poco.

La CUP teme que Junts pel Sí sustituya su apoyo por el de En Comú y Podemos

Las fuertes discrepancias entre los antisistema de la CUP y los miembros de Junts pel Sí (PDECat y ERC) por el desarrollo del pleno en el Parlamento de Cataluña el martes han acabado de momento en que los anticapitalistas le han dado un mes de plazo al presidente Puigdemont para que el diálogo que pretende abrir obtenga algunos resultados. Y de no ser así, que pase a los hechos y declare la independencia.

Sobre el oxígeno llegado desde Madrid de posibles negociaciones para reformar la Constitución, el cupista Sergi Saladié valoró: «Es una fiesta que no va con nosotros». Y es que los ánimos de los antisistema están muy caldeados. Acusan a Puigdemont de incumplir el pacto que tenían de proclamar la independencia de modo unilateral. «Nos ha fallado», afirmó la hasta ayer diputada Eulàlia Reguant, quien se incorporará como concejala en el Ayuntamiento de Barcelona.

Reguant reconoció que los diez miembros del grupo parlamentario están «decepcionados». Pero también temen perder la relevancia que les otorga el saberse necesarios para que el Gobierno catalán tenga mayoría en la Cámara. Están inquietos ante la posibilidad de que Puigdemont busque el apoyo de En Comú y Podemos para suplir su desmarque.

El líder de En Comú Podem, Xavier Domènech, aseguró que la reforma de la Constitución que proponen de PP y PSOE es una «coartada para no escuchar las peticiones de Cataluña», aunque también piensa que «una declaración de independencia es un error profundo, en estos momentos».

El discutido alcance del artículo 155

ENRIQUE CLEMENTE
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Constitucionalistas discrepan sobre las medidas que puede adoptar el Gobierno si aplica este precepto

La interpretación del artículo 155 de la Constitución no es pacífica entre los constitucionalistas. La norma faculta al Gobierno, con apoyo de la mayoría absoluta del Senado, a tomar las «medidas necesarias» para obligar a las autonomías rebeldes a cumplir forzosamente la Constitución o para impedirles que atenten gravemente contra el interés general de España. El alcance de esas medidas es discutible: las opiniones van desde los que sostienen que pueden ser de tal calado que supongan una suspensión de facto de la autonomía a quienes interpretan la norma restrictivamente.

«Ahora mismo las posibilidades son todas» Los juristas no lo dudan. Las declaraciones de Puigdemont no dejan margen al Gobierno a la hora de aplicar el artículo 155

¿Qué medidas puede tomar el Gobierno en aplicación del 155?

«Dado que la Constitución no establece límites materiales a las medidas que puede tomar el Gobierno, parece que su margen de maniobra es muy amplio», señala Roberto L. Blanco Valdés. Para el catedrático de la Universidade de Santiago, «el Gobierno puede y debe adoptar las medidas que estime indispensables para la reposición de la legalidad que ha sido tan claramente vulnerada». En su opinión, «se podrían suspender las funciones, todas o parte de ellas, del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su Gobierno y la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y sería además indispensable rescatar la competencia en materia de policía, para garantizar la obediencia a la ley de los Mossos d’Esquadra». Y concluye que «el grado de intervención que permite al Gobierno el artículo 155 es directamente proporcional al grado de contumacia en la desobediencia de las instituciones autonómicas: a más desobediencia más intervención».

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