A la espera de la comparecencia de Rajoy, los socialistas congelan el cuestionamiento a la vicepresidenta del Gobierno por las cargas policiales del 1-O
10 oct 2017 . Actualizado a las 13:56 h.El PSOE ha decidido aplazar la petición de reprobación de la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría por su gestión de la crisis en Cataluña y su responsabilidad en las cargas policiales del 1-O. Pedro Sánchez ha preferido retrasar esta iniciativa hasta la semana que viene a la espera de lo que suceda estos días y de las explicaciones que, previsiblemente, ofrecerá este miércoles Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados.
«Vamos a escuchar al presidente del Gobierno y en función de lo que diga ya tomaremos las decisiones», ha declarado este martes a los periodistas la portavoz del grupo en el Congreso, Margarita Robles. Los socialistas quieren esperar a ver qué dice Rajoy y abren la puerta a desterrar la reprobación en caso de que el jefe del Ejecutivo les diera razones para ello, por ejemplo, pidiendo disculpas por esas cargas policiales como hizo el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo.
Dos días después del referendo ilegal, Robles explicó que el grupo socialista presentaría una interpelación al Gobierno con idea de que se votase la reprobación de la vicepresidenta, a la que considera responsable de las instrucciones que dieron lugar a las cargas policiales en Cataluña. «Estamos con el estado de Derecho y apoyamos a las fuerzas de seguridad, pero la responsabilidad política última es de la vicepresidenta del Gobierno», señaló entonces Robles.
Desde el PP consideraron «muy irresponsable» y «muy inoportuna» la petición de reprobación de la vicepresidenta. «En unos momentos como estos, lo que necesitamos precisamente son mensajes de unidad y no de confrontación entre los constitucionalistas», manifestó el portavoz parlamentario Rafael Hernando tras conocer la decisión de los socialistas de censurar a Santamaría.
Hasta ahora, el Congreso ha reprobado a dos ministros del Gobierno de Rajoy: Rafael Catalá, titular de Justicia, por su actuación en la investigación de casos judiciales contra el PP, y Cristóbal Montoro, responsable de Hacienda, por la amnistía fiscal del 2012 que fue declarada inconstitucional por el TC.