El Gobierno aprueba un decreto de medidas urgentes en materia de movilidad de los operadores económicos dentro del territorio nacional
07 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.«Es muy triste estar viendo la salida de empresas de Cataluña, en el sentido de cambio de domicilio social, por la política irresponsable de la Generalitat», manifestó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se aprobó un decreto de medidas urgentes en materia de movilidad de los operadores económicos dentro del territorio nacional que en la práctica permite desde hoy mismo su deslocalización administrativa y fiscal exprés, ya que bastaría con que el consejo de administración le diera luz verde -en lugar de la junta de accionistas-, salvo que los estatutos de la sociedad digan lo contrario.
La Ley de Sociedades de Capital del 2010 establecía que es la junta la que tiene competencia para aprobar cambios en los estatutos y que, salvo que en estos se señale lo contrario, el órgano de administración podría decidir sobre mover el domicilio social dentro del término municipal. Pero en el 2015 se modificó la norma para ampliar el cambio a todo el territorio nacional, momento que aprovechó el Sabadell, por ejemplo, para cambiar sus estatutos. No así CaixaBank, que ha abanderado ante el Ejecutivo la necesidad de modificar la ley. De hecho, el ministro admitió que el decreto responde a la demanda de «amplios sectores empresariales» ante las «dificultades surgidas para el normal desarrollo de su actividad» en Cataluña.
Aunque el decreto es un traje a medida para CaixaBank, no es la única cotizada que podrá aprovecharse del cambio normativo para trasladar su sede en busca de seguridad jurídica. Así, por ejemplo, Gas Natural, Abertis, Grifols y Cellnex son otras grandes del Ibex 35 que se beneficiarán de la medida. En idéntica situación están también otras empresas cotizadas, como Service Point, Fluidra, Ercros, Borges Agricultural Nuts, Dogi, Renta Corporación o Fersa.
De Guindos puntualizó que cualquier compañía asentada en Cataluña, independientemente de la procedencia de su capital, es decir, tanto española como multinacional, podrá acogerse a los cambios desde hoy mismo. «Los que tendrán que dar explicaciones son los que toman estas decisiones políticas», añadió, en referencia al secesionismo que ha disparado el miedo entre los empresarios.