Los Mossos d'Esquadra se encaran con la Guardia Civil

Agentes de la policía autonómica protagonizan escenas de tensión con agentes de la Benemérita

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Los Mossos D'Esquadra se encaran con la Guardia Civil Varios vídeos a los que ha tenido acceso La Voz muestra la tensión vivida en algunos centros de votación
Agencias
Redacción

Pese a la orden del Tribunal superior de Justicia de Cataluña dada a los Mossos D'Esquadra para que desalojaran los colegios e impidieran su apertura para evitar la celebración del referendo ilegal convocado por el Gobierno de Carles Puigdemont, los agentes de la policía autonómica se han limitado este domingo, en la mayoría de los casos, a patrullar alrededor de los centros, a notificar que no podían estar abiertos y a levantar acta sin precinto. 

Han sido los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil quienes han tenido que realizar la labor de requisar urnas y papeletas en los colegios y  centros de votación, desalojando a las personas que protegían la entrada de estos centros electorales, en algunos casos utilizando la fuerza. Enric Millo, delegado del Gobierno en Cataluña, ha justificado las cargas policiales en rueda de prensa: «El Govern de la Generalitat nos ha hecho llegar a donde no queríamos llegar».

La crispación vivida durante la mañana está provocando escenas de gran tensión entre los distintos cuerpos de seguridad, llegando incluso a encararse varios agentes de los Mossos a compañeros de la Guardia Civil. Una imagen que se ha repetido a las puertas de varios centros de votación.

Por el momento, la Fiscalía ha rechazado pronunciarse sobre si procede o no actuar contra los Mossos d'Esquadra ante lo que podría entenderse como una desobediencia respecto de las directrices dadas por el Tribrunal Superior de Justicia de Cataluña para desalojar los colegios e impedir el referendo ilegal, si bien no descarta valorar la actuación de los agentes autonómicos al finalizar la jornada.

«Actuación escandalosa»

Los cinco principales sindicatos de la Policía han emitido un comunicado conjunto para denunciar el «escandaloso» comportamiento de los Mossos y anunciar que emprenderán acciones legales «para exigir la asunción de responsabilidades penales» de su máximo responsable, José Luis Trapero, y de los agentes que hayan «dificultado» el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, «actuando con clarísima falta de apego a las órdenes judiciales».

«El dispositivo diseñado por la Jefatura de ese Cuerpo ha sido insuficiente, deliberadamente endeble, bochornosamente equidistante. Las órdenes emitidas han sido impropias de un Cuerpo de seguridad. La política ha calado en la estructura de mando de los Mossos hasta contaminar su actuación en un día como hoy», denuncian estos sindicatos. A su juicio, los Mossos «no sólo han evitado cumplir lo ordenado por el Tribunal Susperior de Justicia de Cataluña sino que han actuado con vergonzosa ligereza, cuando no obstruccionismo, e incluso manipulando datos sobre centros de votación». «Lo ocurrido hoy ha sido escandaloso», sentencian.

Asociaciones de guardias civiles coinciden con los reproches. Tanto APROGC, la Unión de Oficiales y la AUGC han pedido que se tomen medidas contra los mossos que tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. «Exigimos al Gobierno y al ministro del Interior contundencia y ser menos condescendientes con quien está obligado y no cumple la ley», asegura APROGC, mientras que la AUGC ha recordado que los cuerpos policiales están para hacer cumplir la ley y «no pueden atender intereses políticos por encima de criterios profesionales». Además recuerdan que mientras unos agentes reciben insultos y agresiones y otros claveles, en alusión a los mossos, la Policía y la Guardia Civil tienen un sueldo medio de 1.500 euros frente a los 2.000 de la policía autonómica catalana. 

«Abandono del servicio» e «infidelidad a la Constitución»

El régimen disciplinario de los Mossos d'Esquadra regulado por la Ley de la Policía de la Generalitat recoge como falta muy grave «el abandono del servicio» y «el incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución o al Estatuto en el ejercicio de las funciones», según juristas consultados por Europa Press. La ley contempla como castigo la separación del servicio y la suspensión de funciones, por más de un año y menos de seis, con pérdida de las correspondientes retribuciones.

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