La Fiscalía ordena a los Mossos precintar los colegios electorales de Cataluña

EFE

ESPAÑA

LLUIS GENE | Reuters

La policía catalana ha comenzado a identificar a los responsables de los locales de votación, mientras que el Govern ha empezado a enviar las notificaciones a los miembros de las mesas, pese a que la semana pasada se intervinieron 45.000 cartas y que la Sindicatura Electoral fue disuelta

27 sep 2017 . Actualizado a las 01:02 h.

La Fiscalía Superior de Cataluña ha ordenado a los Mossos d'Esquadra precintar, antes del próximo sábado, las escuelas designadas como puntos de votación del referendo 1 de octubre e impedir que se pueda votar en la calle en un radio de 100 metros. En una orden remitida este martes al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, la Fiscalía pide a la policía catalana que garantice que no se pueda acceder a los locales que está previsto que acojan urnas y que se evite la constitución de mesas electorales mediante un «amplio dispositivo» policial.

La instrucción, que se ha notificado este martes a la policía catalana, establece que, en el marco de sus competencias, los Mossos d'Esquadra «podrán requerir el auxilio y colaboración de las policías locales» y, de no ser ésta suficiente, apoyo a los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La orden indica a la policía catalana que deberá garantizar, mediante un precintado «visible y efectivo», el control de los locales designados como puntos de votación, «con antelación suficiente y en todo caso antes del día 30 de septiembre», desalojando a las personas que hubiera en el lugar e identificando a los responsables.

Por orden de la Fiscalía, los Mossos d'Esquadra deberán incautarse de los «efectos e instrumentos destinados a facilitar la votación, especialmente urnas, equipos informáticos, papeletas y documentación o propaganda electoral» y dar cuenta al ministerio público de las incidencias que registren. El ministerio público ordena a los Mossos vigilar los precintos, hasta las 21 horas del 1 de octubre, y comunicar a la Fiscalía si hay intentos de romperlos y de acceder a los locales, volviéndolos a instalar en el caso de que sea necesario.

Los Mossos, sostiene la Fiscalía, deberán «garantizar la no constitución de las mesas», que los organizadores del referendo quieren montar a partir de las 7.30 horas de la mañana, mediante un «amplio dispositivo policial» que se desplegará con suficiente antelación para impedir el acceso a los puntos de identificación.

La instrucción especifica también que, cuando el centro se halle en el interior de un edificio más amplio, el dispositivo policial deberá evitar que se vote «en otro lugar del mismo establecimiento o en sus inmediaciones -incluida la vía pública- hasta un radio de seguridad de 100 metros del local designado».

La Fiscalía exige a los Mossos que, antes de las 9.00 horas de la jornada del referendo, le den «cuenta detallada de los puntos de votación que se encuentren debidamente cerrados y también de aquellos que hayan sido ocupados por personas con intención de proceder a formalizar la votación». Para impedir la consulta, la instrucción indica a los Mossos que pidan refuerzos a policías locales y, en caso de ser insuficientes, a la Policía Nacional y la Guardia Civil, «sin perjuicio de que esta Fiscalía emita, en ese contexto, las órdenes e instrucciones procedentes».

La Fiscalía ha dictado esta instrucción para los Mossos, el día siguiente de que el mayor del cuerpo, Josep Lluís Trapero, le enviara un escrito para expresar su desacuerdo por haber sido apartado de la coordinación del dispositivo policial del 1-O, en el que lamentaba la falta de «concreciones» en las órdenes del ministerio público a la policía catalana para impedir el referendo. 

Los Mossos d'Esquadra han empezado a acudir este martes a las escuelas de Cataluña que está previsto que acojan urnas para el referendo, para identificar e interrogar a los responsables de esos centros y requisar el material que puedan haber recibido para el 1-O, incluidos urnas y ordenadores. Según han informado a Efe fuentes próximas a la investigación, agentes de la policía catalana se han presentado ya esta mañana en escuelas, institutos y centros cívicos designados como puntos de votación del referendo, con un «requerimiento de información» en que preguntan a los responsables de los locales si han recibido instrucciones sobre el 1-O e identifican a su «interlocutor».

Los agentes, que en algún caso van uniformados, también comunican a los responsables de los centros que, de acuerdo con la instrucción que la Fiscalía Superior de Cataluña dictó ayer, la entrega de las llaves del recinto para el referendo «podrá ser considerado un acto de colaboración» con los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación y dar lugar a responsabilidades civiles y penales.

De acuerdo con el formulario de requerimiento de información que llevan los Mossos d'Esquadra, al que ha tenido acceso Efe, los agentes deben identificar al responsable del centro y preguntarle si «ha recibido alguna comunicación» por parte del Departamento de Enseñanza o de aquel al que el local pertenezca, «solicitando su colaboración en la celebración del referéndum».

De haber recibido una «comunicación oral» sobre el asunto, la policía catalana pide al director del centro que especifique «la identidad del interlocutor (nombre y apellidos) y el contenido de la información transmitida» y que detalle las indicaciones recibidas.

Si el responsable del centro ha recibido la comunicación por escrito, se le exige que entregue la documentación recibida en relación con los hechos, incluida la petición expresa de entrega de las llaves.

En caso de que el centro haya recibido cualquier tipo de material para la celebración del referendo -«papeletas, urnas, listas de personas votantes, ordenadores, etc...», especifica el requerimiento-, los Mossos emplazan al responsable del local a entregárselo para ser intervenido.

El acta del requerimiento, que debe ser firmada por el responsable del centro, incluye cuatro puntos en los que los Mossos recuerdan que está obligado a impedir la apertura del local y a denunciar «sin demora» a la policía la presencia de personas ajenas al mismo.

Los agentes advierten además a los responsables de los centros que deben poner inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía «cualquier tipo de amenaza, coacción o presión para ceder el control del local» por parte de particulares o funcionarios.

«Se le comunica que es rotundamente falsa y sin fundamento legal cualquier comunicación administrativa que garantice que la entrega del control del local, del que es legalmente responsable, le exime de responsabilidad en delitos derivados de la organización del referendo», añade el acta presentada ante los responsables de los centros.

En las reuniones informativas celebradas esta mañana en las comisarías de los Mossos d'Esquadra, se ha comunicado a los agentes que tienen que completar el requerimiento entre hoy y mañana para poderlo remitir a la Fiscalía lo antes posible. 

Los Mossos temen problemas de orden público

Los Mossos d'Esquadra ven con preocupación la instrucción de la Fiscalía que les ordena precintar, antes del próximo sábado, los puntos de votación designados para acoger las urnas del referendo del 1-O, por considerar que ese dispositivo podría acarrear problemas de orden público. Según han informado a Efe fuentes de la policía catalana, los máximos mandos de los Mossos d'Esquadra se han reunido esta tarde para analizar la instrucción que les ha remitido la Fiscalía, que les obliga a desplegar un «amplio dispositivo» policial para impedir que el 1 de octubre se vote, incluso en un radio de cien metros de los colegios designados para albergar urnas.

En esa reunión, los mandos de los Mossos d'Esquadra han expresado que, pese a que siempre han acatado las ordenes de la Fiscalía, las últimas directrices del ministerio público para impedir el 1-O podrían desembocar en graves problemas de orden público.

La Justicia ordena bloquear más de un centenar de webs

M. S. P. / COLPISA

El Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil comenzó a última hora de la noche del lunes un operativo para bloquear un total de 144 webs vinculadas al referendo ilegal previsto para el próximo domingo en Cataluña, según informaron fuentes de la seguridad del Estado, que precisaron que se han ejecutado ya las órdenes de cierre sobre 59 webs y quedan pendientes de bloquear contra otras 85.

Todas las páginas -apuntaron estas mismas fuentes- están siendo intervenidas por orden judicial, ya que o bien eran espejos (réplicas) de la web oficial de la Generalitat, ya clausurada, sobre la consulta o bien daban instrucciones sobre los procedimientos de votación o direcciones sobre colegios electorales, entre otros asuntos.

Entre las webs desactivadas se encuentra la de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) o la de empaperem.cat, que distribuía enlaces para descargar cartelería sobre el referendo. En el caso de ANC, su página fue clausurada por redirigir a otras webs ya proscritas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya o incluir enlaces a otros dominios que reproducen material de promoción de la consulta igualmente bloqueados en otras operaciones.

Poco después del cierre de estas dos webs, y como viene ocurriendo en las dos últimas semanas tras la clausura de otras páginas, su contenido estaba disponible en otros portales espejos, muchas de ellas ubicadas fuera de España. Ayer mismo, la Guardia Civil cursó nuevas peticiones al tribunal superior para bloquear el acceso desde el territorio nacional a estas páginas.

Hasta el momento, la Policía Nacional, que es el cuerpo que se están encargando de la instrucción de los atestados, ha citado como investigadas a trece personas. Todas ellas han quedado en libertad a la espera de declarar ante el juez.

Puigdemont pide que se aparte a la Fiscalía

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido hoy al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que aparte «de forma inmediata» a la Fiscalía de la investigación sobre el referendo del 1-O, al considerar que la ha asumido de forma «ilegítima» al existir ya una causa abierta.

En un escrito dirigido a la sala civil y penal del TSJC, al que ha tenido acceso Efe, Puigdemont advierte que la Fiscalía Superior de Cataluña está llevando a cabo una «frenética actividad investigadora» en paralelo a la causa abierta sobre el 1-O en el alto tribunal catalán, ante lo que entiende que la juez instructora debería ser «la única responsable» de dirigir la investigación.

Según el escrito, desde el mismo día que la Fiscalía presentó ante el TSJC su querella contra el Govern por el 1-O, el pasado 8 de septiembre, ha iniciado una «frenética actividad investigadora», en paralelo a la instrucción de la causa judicial, lo que «no se ajusta en el ámbito de sus funciones y cuestiona seriamente la imparcialidad de su actuación».

El presidente catalán, representado por el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, denuncia que la Fiscalía está «ignorando por completo» que la autoridad judicial ya está investigando el referéndum, ante lo que la juez Mercedes Armas, que instruye la causa, debería ser «la única responsable» de dirigir las pesquisas. «Nos hallamos, pues, ante una asunción ilegítima por parte de la Fiscalía Superior de Cataluña de la investigación general de los hechos denunciados en su querella», alega Puigdemont, que califica de «anómala» la actuación del Ministerio Público.

En su escrito, el presidente de la Generalitat apunta que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé «expresamente» que la Fiscalía debe poner fin a sus investigaciones cuando tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre el mismo tema. «En otro caso, existirían dos investigaciones paralelas, una a cargo de la autoridad judicial, con un proceso regido por el principio de contradicción y que se debe desarrollar con todas las garantías, y otra investigación al margen de la autoridad judicial, en la que no se respetarían las mencionadas garantías», sostiene.

Para el presidente catalán, la conexión entre la causa abierta por el TSJC a raíz de la querella de la Fiscalía contra el Govern por el 1-O y las actuaciones que está llevando a cabo el ministerio público para impedir la votación «está fuera de toda duda razonable». «Si el objeto de la presente causa -en el TSJC- es la supuesta desobediencia, prevaricación y malversación para convocar el referendo y para llevar a cabo las actuaciones necesarias para su realización, está claro que cualquier investigación relacionada con estos hechos debe ser acordada por este Tribunal en el seno de esta causa», expone el escrito.

Puigdemont sostiene que las actuaciones de la Fiscalía «no se ajustan a derecho», ya que a su parecer «ha actuado por libre y sin sujetarse a las directrices de la magistrada instructora. Por eso, entendemos que hay que ordenar su cese y que todo se traslade a la autoridad judicial».