La ANC y Òmnium retan a la Fiscalía al repartir un millón de papeletas del 1-O

Los independentistas insisten en que irán hasta el final con el referendo ilegal


barcelona / colpisa

Después de un día de tregua, el independentismo regresó ayer al escenario donde se siente más cómodo, la calle, para avisar a Mariano Rajoy de que tienen intención de seguir desafiando a la legalidad y a pesar de las operaciones policiales, las detenciones y la intervención de las cuentas de la Generalitat, el 1-O intentarán celebrar el referendo ilegal.

El secesionismo se prepara para la batalla final y admite que esta semana pueden producirse situaciones poco «agradables». Pero tras cinco años apretando, no está por la labor de pisar el freno en el último momento. Para escenificar su intención inequívoca, la ANC y Òmnium repartieron ayer un millón de papeletas en más de 300 plazas de ciudades y pueblos de Cataluña. Realizaron también la primera gran pegada de carteles de la campaña electoral. «Estas son nuestras armas más peligrosas», proclamaron las dos plataformas en el acto que convocaron en Barcelona, en la plaza de la Universidad, al que quisieron dar un tono festivo. En los discursos, no obstante, se mantuvo el tono desafiante de los últimos días. «Señor Rajoy, iremos a votar. Habrá millones de votos y urnas», advirtió Jordi Sánchez, de la ANC.

La semana pasada, la Guardia Civil, en la operación del miércoles que se saldó con catorce detenidos, entre ellos dos estrechos colaboradores de Oriol Junqueras, decomisó 10 millones de papeletas. La exhibición y el reparto masivo de material para el referendo se produjo después de que el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, asumiera la coordinación de los dispositivos policiales para el 1 de octubre para impedir el referendo, por orden de la fiscal superior de Cataluña. Las asociaciones quisieron pues desafiar esa decisión, cuestionada por la Generalitat catalana y por los Mossos d'Esquadra.

Pulso constante

«Votaremos. El franquismo no pudo con nosotros y tampoco podrá el Gobierno del PP», remató el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. El alarde verbal no fue solo de los responsables de las plataformas civiles. También la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, protagonizó un encendido discurso en el acusó al Estado de actuar como en la dictadura.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó las semana pasada una denuncia por sedición por la protesta del miércoles en la Consejería de Economía y apuntó directamente a los presidentes de la ANC y Òmnium. Aun así, insistieron en reclamar a la gente a que siga movilizada hasta el día de la votación. «Nos quieren acusar de sedición porque hemos llamado a la movilización permanente. Pues sí, lo hemos hecho, y lo volvemos a hacer: todo el mundo a la calle», dijo Cuixart.

El secesionismo fía buena parte de su éxito a que su electorado no falle en el último momento y el día 1 de octubre salga a votar, a movilizarse o a lo que haga falta, en función de las circunstancias que se den.

El independentismo ha cambiado además su discurso. Ya no se trata solo de ir a votar para lograr la secesión. Ahora se plantea como una batalla a favor de la democracia y como respuesta a un Gobierno central, capaz de dar «un golpe de Estado» contra Cataluña y que actúa como la «dictadura franquista», según expresó con tono bélico en la concentración de Barcelona, Carme Forcadell. «Hay que ir a votar por la dignidad de Cataluña y para parar los pies al PP», remató.

Las audiencias provinciales rechazan la coacción a jueces

M. B.

En un gesto sin precedentes por su contenido, los presidente de las audiencias provinciales de toda España suscribieron ayer una declaración para rechazar la convocatoria del referendo de autodeterminación en Cataluña, suspendido por el Constitucional. Los magistrados mostraron su repulsa ante cualquier intento de coacción a los poderes del Estado y la independencia judicial.

Destacaron su respeto a la Constitución y el cumplimiento de la ley, así como su «total apoyo a los compañeros que están cumpliendo con su obligación y al resto de miembros de la Administración de Justicia». «No hay ningún atajo para conseguir objetivos políticos, que deben plantearse siempre con total respeto al Estado de derecho», señala la declaración que expresa, por último, la repulsa de todas las audiencias «a cualquier coacción a los poderes del Estado y a la independencia de jueces y tribunales», en velada referencia a los hechos acaecidos el pasado miércoles en Barcelona durante el desarrollo de los registros de la ‘operación Anubis’, el ataque a vehículos de la comisión judicial y la obstrucción a los funcionarios.

Esta declaración de la audiencias provinciales es inédita, ya que los únicos comunicados que suelen emitir se refieren a las conclusiones adoptadas en sus reuniones anuales sobre asuntos internos. El pasado jueves, el Consejo General del Poder Judicial mostró su apoyó a los jueces catalanes «desde el más absoluto respeto a la libertad de expresión y de manifestación».

El nefasto precedente de octubre de 1934 en Cataluña

enrique clemente

El Gobierno de Alejandro Lerroux declaró el estado de guerra tras la proclamación del Estado catalán por Companys, que fue detenido, procesado y encarcelado

La historia no se repite. Cada momento y cada contexto político y social tienen sus particularidades. Pero retroceder en el tiempo para analizar ciertos acontecimientos puede servir como lección para el presente. Están a punto de cumplirse 83 años desde que el 6 de octubre de 1934 el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamara el «Estado catalán dentro de la República federal española». Como señala Jordi Canal en su Historia mínima de Cataluña (Turner), aquello «no fue en puridad un pronunciamiento separatista, sino de reconducción del régimen republicano hacia una vaga vía federal».

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