El fiscal pone a los Mossos bajo el mando de un guardia civil para impedir el 1-O
ESPAÑA
La policía catalana acata la orden pese a que la Generalitat se revolvió contra ella
24 sep 2017 . Actualizado a las 10:00 h.Los ataques a la comisión judicial de la operación Anubis contra el núcleo organizador del referendo del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, ha provocado la intervención de la Fiscalía Superior de Cataluña. En una instrucción dirigida a la Guardia Civil, la policía nacional y Mossos d'Esquadra, el fiscal superior José María Romero de Tejada recuerda la orden dada el pasado día 8 para que impedir la consulta y decide que a partir de ahora sea el Ministerio del Interior quien coordine los dispositivos que se pongan en marcha hasta el próximo domingo. Esta decisión provocó la reacción airada del Gobierno catalán, ya que en la práctica supone que la actividad de los Mossos en relación al 1-O quedará supeditada al mando operativo del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Un organismo dirigido por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, quien asumirá la dirección técnica del nuevo mando, que seguirá liderado por el fiscal superior de Cataluña.
El fiscal superior se ampara -como autoridad para decidir quién asume la dirección de la policía judicial en una investigación- en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El artículo 46 le faculta para nombrar un coordinador operativo que convoque cuantas reuniones considere oportunas o planifique los dispositivos. El artículo 46.2 señala que si concurren diferentes cuerpos policiales del Estado y de la comunidad autónoma, la dirección será del organismo estatal. De ahí que Romero de Tejada haya elegido para tal fin al coronel de la Guardia Civil, a la sazón alto cargo de Interior.
La misma circunstancia se dará a partir de mañana en las diferentes reuniones provinciales de coordinación previstas para impedir el 1-O. Se van a crear mandos paralelos dirigidos por miembros del Gabinete de Coordinación y Estudios de Interior y con representación territorial de los tres cuerpos policiales. Todos estos extremos fueron dados a conocer el viernes por la tarde por el fiscal superior a los responsables en Cataluña de Guardia Civil y policía nacional, al director de la Guardia Urbana de Barcelona, y al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero. A esa cita ya acudió el coronel Pérez de los Cobos. Los mismos actores volvieron a encontrarse ayer por la mañana en la sede de la fiscalía superior.
La policía catalana seguirá con sus cometidos comunes de seguridad ciudadana, aunque en el caso de las actuaciones para impedir el referendo tendrá que acatar lo que diga el mando operativo de la Guardia Civil bajo la supervisión del fiscal.
Acata, pero no comparte
Los Mossos dicen que acatan la decisión del fiscal, pero no la comparten. Pero el Gobierno catalán se mostró mucho más duro y manifestó su frontal oposición «a la injerencia del Estado». En un nota interna, la jefatura de los Mossos indica que se «seguirá dando cumplimiento» a las órdenes del fiscal, «pero que no comparte que una parte de la actividad del cuerpo sea ordenada y tutelada por un órgano que depende del Ministerio del Interior».
A pesar de no compartir la instrucción, la nota es taxativa al indicar que «los Mossos d'Esquadra, a lo largo de su historia, ha mostrado un respeto escrupuloso a las órdenes que le han llegado de jueces, tribunales y ministerio fiscal, posición que evidentemente seguiremos manteniendo». Pero también constata que ha mostrado siempre un respeto «a la dependencia gubernativa que emana del actual marco normativo», en alusión a su dependencia del Gobierno catalán.
El consejero de Interior, Joaquim Forn, calificó la instrucción de «hecho inaceptable», denunció la voluntad del Gobierno de intervenir los Mossos «tal como se ha hecho con las finanzas» y dijo que la decisión «se salta todos los órganos que el marco jurídico dispone para coordinar la seguridad de Cataluña».
Rajoy: mantener la consulta solo genera tensión
Mariano Rajoy redobló ayer su llamamiento a Carles Puigdemont para que desista del referendo suspendido por el Tribunal Constitucional porque ya es materialmente imposible celebrarlo, dijo. «Mantener esto solo provoca el ridículo y una tensión innecesaria en la sociedad», señaló en un acto en Baleares con los presidentes provinciales del PP. Hasta ahora, sus constantes apelaciones a la Generalitat para que reconsidere su decisión han caído en saco roto, pero, en todo caso, dejó claro que el Estado de derecho seguirá actuando. El jefe del Ejecutivo se esforzó también por defender la proporcionalidad de las medidas tomadas tanto por el Gobierno como por los jueces e incluso ironizó sobre la supuesta violación de derechos fundamentales de la que le acusan las fuerzas independentistas y Podemos. «La libertad de expresión -dijo- ampara muchas tonterías como las que escuchamos últimamente de que en España hay presos políticos; brillante afirmación de un brillante diputado», dijo en alusión a Pablo Iglesias
Por su parte, Pedro Sánchez asistió ayer a la fiesta de la Rosa del PSC en Badalona, donde hizo especial hincapié en su idea de que solo con la aplicación de la ley no se encontrará salida a la crisis territorial y prometió que su partido va a «obligar» a Mariano Rajoy a « dialogar y encontrar una solución pactada». «Sin ley no hay salida, pero sin política, tampoco; las ilegalidades hay que perseguirlas, pero los derechos -añadió en la primera crítica velada a la estrategia puesta en marcha por el Gobierno- no se recortan». El líder del PSOE no cuestiona abiertamente ninguna medida, pero en el PSC ya avisan de que, con algunos pasos, se está provocando un efecto contraproducente y se están sembrando dudas en parte de la opinión pública no independentista. De ahí que la intervención de Sánchez fuera encaminada a apagar un fuego que le puede acabar provocando serias quemaduras en Cataluña y se esforzara por dejar claro que, aunque ambos compartan que el Estado de derecho debe impedir la consulta del 1 de octubre, PP y PSOE no son iguales.
Así, acusó a Rajoy de haberse pasado años «confrontando territorios para ganar elecciones» y, al mismo tiempo, trató de desmontar el discurso con el que ya le atacan los partidos proindependencia, que le acusan de ayudar al líder del PP a mantenerse en la Moncloa. «Que no engañen a los catalanes, esto no va con Rajoy, va con romper España y fracturar Cataluña de una manera ilegal y unilateral, y los socialistas no vamos a participar en esta farsa en la que quieren disfrazar con urnas un acto que no es democrático», dijo. «La enmienda a la totalidad a Rajoy los socialistas la hacemos en el Congreso», dijo.
