La Guardia Civil atribuye al «número dos» de Junqueras un presunto delito de sedición
21 sep 2017 . Actualizado a las 20:36 h.El juez que ordenó la operación policial por los preparativos del referendo investiga si la Generalitat ha destinado a su organización partidas presupuestarias de 6,2 millones de euros que el Parlament aprobó para la consulta y que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional.
En un auto de entrada y registro de la operación lanzada ayer, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona encarga a los guardias civiles que intervengan cualquier indicio sobre «actuaciones encaminadas al desarrollo de las Estructuras de Estado e independencia de Cataluña».
Concretamente, el juez busca documentación relacionada con las dos partidas presupuestarias, que suman 6,2 millones de euros, que fueron aprobadas el gobierno catalán para la celebración del referendo y, posteriormente, suspendidas por el Constitucional.
La Guardia Civil atribuye al «número dos» de Junqueras un presunto delito de sedición
Josep María Jové fue detenido ayer dentro del operativo policial contra la organización del referendo. El Constitucional impone multas diarias a los cinco miembros de la «junta electoral» catalana de 12.000 euros
Europa Press / Efe
La Guardia Civil atribuye un presunto delito de sedición al secretario general de Economía, Josep Maria Jové, detenido el miércoles dentro del operativo policial contra la organización del referendo de independencia.
Según han informado fuentes de la defensa, el Instituto Armado, en su escrito, achaca también al «número dos» del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, desobediencia, prevaricación y malversación de fondos por «gestionar elementos fundamentales» para el 1 de octubre.
Pese a que la Guardia Civil le atribuye sedición -igual que a otros cargos detenidos-, este delito no figura en el comunicado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) envió el miércoles a los medios sobre los supuestos delitos que investiga el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.
Según el TSJC, el juez instructor, Juan Antonio Ramírez, que mantiene el caso bajo secreto y ordenó las entradas y registros del miércoles en sedes de la Generalitat, atribuye únicamente a la veintena de investigados los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.
El delito de sedición, sin embargo, sí que figuraba en la querella de los abogados Miguel Durán Campos y Miguel Ángel Durán Muñoz, a partir de la que el juez inició la investigación, y la presentada posteriormente por el partido político Vox.
Registro domiciliario
Según han explicado fuentes de la defensa, la Guardia Civil detuvo a Jové sobre las ocho de la mañana del miércoles cuando circulaba por la Ronda Litoral de Barcelona: varias patrullas del Instituto Armado le salieron al paso y lo arrestaron.
La Guardia Civil condujo entonces al ´número dos´ de Junqueras a su domicilio para que estuviera presente, junto a su abogado, en una entrada y registro en la que los agentes incautaron móviles, ordenadores y alguna documentación.
Al acabar el registro, no lo llevaron a su despecho de la Consejería de Economía sino al cuartel de la Guardia Civil donde, a primera hora de la mañana de este jueves, todavía no le habían tomado declaración.
El abogado de Jové ha solicitado también un «habeas corpus» -una comparecencia ante un juez para valorar la legalidad de una detención- que todavía no se ha resuelto, según fuentes de la defensa.
El Constitucional impone multas diarias a Jové y a los síndicos de hasta 12.000 euros
El Constitucional ha multado con 12.000 euros diarios al número 2 de Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y a los síndicos electorales encargados el seguimiento del 1-O, con lo que ha aplicado por primera vez la reforma legislativa que le permite imponer sanciones a altos cargos independentistas.
La decisión del pleno del alto tribunal ha sido adoptada por unanimidad tras un largo debate que ha terminado por sumar a la decisión mayoritaria, aunque con votos diferenciados concurrentes, a tres magistrados progresistas.
Las multas son de dos diferentes cuantías y, así, se imponen 12.000 euros diarios a los miembros de la Sindicatura Electoral central, además de a Jové; y se castiga con 6.000 euros a los síndicos territoriales y también a Montserrat Vidal i Roca, Jefa de Área de Procesos Electorales de la Generalitat.
En todos los casos se trata de sanciones que buscan imponer el cumplimiento de la sentencias del TC y que se mantendrán diariamente en tanto los afectados no las acaten.
