Los tres primeros regidores citados ante la Fiscalía se niegan a declarar
ESPAÑA
La gran causa judicial iniciada por la Fiscalía contra los más de 700 alcaldes que han comprometido su colaboración en el referendo ilegal comenzó ayer con la comparecencia de los tres primeros que, siguiendo la estrategia del secesionismo, se acogieron a su derecho a no declarar. Acudieron a su cita, extremo que no hará la treintena de la CUP, pero quisieron dejar constancia de su rechazo a la autoridad de la Fiscalía.
Los alcaldes de Mollerusa (Lérida), Marc Solsona; de Oliana (Lérida), Miquel Sala; y de El Pont de Suert (Lérida), José Antonio Troguet, todos del PDeCAT, insistieron en que su compromiso sigue siendo que la «gente pueda votar» y que no tienen intención de «echarse atrás», por lo que cederán locales municipales para que acojan colegios electorales. «Votar no es un delito ni el referendo es ilegal», afirmó Solsona a la salida de la Fiscalía Superior de Cataluña, adonde acudió por su condición de diputado autonómico. Troguet aseguró que el fiscal le advirtió de que si cede locales podría estar incurriendo en un delito. Solsona dijo que no teme ir a prisión.
De los más de 700 municipios investigados, que representan poco más del 40 % de la población, solo Badalona se encuentra entre los cinco más habitados de Cataluña. Barcelona, Hospitalet, Tarragona, Lérida, Cornellá y Santa Coloma de Gramanet son los más poblados, pero sus alcaldes no están dispuestos a facilitar locales municipales para votar.
La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, que está querellada por desobediencia y prevaricación, y la plana mayor del PDeCAT arroparon ayer a Solsona frente a la Fiscalía.