Los alcaldes socialistas se movilizan en protesta por el acoso de la CUP

PP y C?s apoyan a los ediles ante los «métodos coactivos y cuasi violentos» de los radicales


redacción / la voz

Más de 350 alcaldes y concejales del PSC que hace una semana firmaron un manifiesto en contra del referendo ilegal se sienten acosados y amenazados por los independentistas y lamentan que se haya trasladado la presión del 1-O a los municipios. El martes, un centenar de ediles de Tarragona participaron en una concentración para reivindicar diálogo y rechazar los insultos y las amenazas que reciben en carteles, pintadas en sus sedes y a través incluso de sus hijos en los colegios.

En el acto, el alcalde de Tarragona, Félix Ballesteros, aseguró que sus compañeros socialistas son demócratas «como los que más», pero remarcó que la votación convocada no es legal por lo que no colaborarán en ella. «Ante un cartel ofensivo: diálogo y soluciones. Ante un insulto: diálogo y soluciones», resumió en alusión a las amenazas y a los carteles falsos del PSC que se han distribuido animando a votar no en el referendo ilegal. Y es que varias fueron las localidades catalanas que ayer amanecieron con carteles falsos de C’s, PSC y PP a favor de votar no el 1-O, en el marco de una campaña para incentivar la participación.

Puigdemont, «el promotor»

En Lérida, Inés Arrimadas acompañó a la representante de Ciudadanos en la ciudad, Ángeles Ribes, a presentar una denuncia ante la Fiscalía por un cartel de Arran, colectivo vinculado a la CUP, que pide la desobediencia y «señala» a los dirigentes locales de C’s, PP y PSC por negarse a participar en el referendo ilegal. Un acto «intolerable» que hace que «los demócratas nos defendamos en los tribunales», apuntó Arrimadas antes de culpar al presidente Puigdemont de ser el máximo responsable de esas actuaciones, ya que él ha sido el primero, dijo, que «ha señalado a los alcaldes que han decidido no ceder espacios municipales para el 1-O».

Cuelgan carteles falsos de C’s, PSC y PP a favor del no para incentivar la participación El PP, que culpa a los antisistema de utilizar «métodos coactivos y cuasi violentos», también responsabiliza al presidente catalán de promover esas «intimidaciones». Y recuerda que Puigdemont animó hace unos días a los ciudadanos a interpelar por la calle a sus alcaldes y concejales para que pongan las urnas, y sugirió que utilizaran estas palabras: «Mírame a los ojos. Te debes a mí. ¿Me dejarás votar o impedirás que vote?». Una vez «sembrado este caldo de cultivo» por Puigdemont, son los «antisistema» de la CUP y las «sociedades subvencionadas por la Generalitat como la ANC, la AMI y Òmnium Cultural» las que convocan las manifestaciones frente a ayuntamientos o comisarías, aseguran.

«Intolerable»

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, salió en defensa de los regidores. «Señalar con el dedo» a los alcaldes que no están a favor del referendo es «fascismo», dijo. «Recuerda momentos de la dictadura en los que también se señalaba con el dedo a los demócratas», afirmó. «Es intolerable», añadió al ser preguntado por las declaraciones del consejero de Cultura catalán, Santi Vila, quien dijo que esas presiones son «perfectamente conllevables». «Eso es colocarse del lado de los fascistas», le espetó Caballero.

El PSOE también mostró su apoyo a los ediles. La portavoz parlamentaria, Margarita Robles, condenó la campaña de acoso de las juventudes de la CUP contra el tripartito que gobierna en Lérida - PSC, C’s y PP- y coincidió con Caballero en que este tipo de actos nos «retrotrae a tiempos felizmente pasados, a esa dinámica de amigo-enemigo». En el Congreso, el PSOE presentó una enmienda a una proposición de C’s para que la Cámara baja muestre su amparo a los ediles contrarios al 1-O. Estos también recibieron ayer la solidaridad del presidente de Sociedad Civil Catalana, Mariano Gomà. Quien se situó del lado de los antisistema fue el líder de Podemos. Pablo Iglesias quiso restar importancia a las presiones y zanjó: «Amenazar es que Maza diga que mandará a la cárcel a 700 alcaldes».

Los tres primeros regidores citados ante la Fiscalía se niegan a declarar

c. r. / Colpisa

La gran causa judicial iniciada por la Fiscalía contra los más de 700 alcaldes que han comprometido su colaboración en el referendo ilegal comenzó ayer con la comparecencia de los tres primeros que, siguiendo la estrategia del secesionismo, se acogieron a su derecho a no declarar. Acudieron a su cita, extremo que no hará la treintena de la CUP, pero quisieron dejar constancia de su rechazo a la autoridad de la Fiscalía.

Los alcaldes de Mollerusa (Lérida), Marc Solsona; de Oliana (Lérida), Miquel Sala; y de El Pont de Suert (Lérida), José Antonio Troguet, todos del PDeCAT, insistieron en que su compromiso sigue siendo que la «gente pueda votar» y que no tienen intención de «echarse atrás», por lo que cederán locales municipales para que acojan colegios electorales. «Votar no es un delito ni el referendo es ilegal», afirmó Solsona a la salida de la Fiscalía Superior de Cataluña, adonde acudió por su condición de diputado autonómico. Troguet aseguró que el fiscal le advirtió de que si cede locales podría estar incurriendo en un delito. Solsona dijo que no teme ir a prisión.

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