Activistas independentistas intentan evitar un registro en el que son intervenidas el 80 % de las notificaciones para mesas electorales

El quinto día de operaciones de la Guardia Civil deparó el que hasta ahora es el mayor golpe del instituto armado a la logística de la consulta

Colpisa
madrid

El quinto día consecutivo de operaciones de la Guardia Civil contra los preparativos del referendo ilegal deparó el que hasta ahora es el mayor golpe del instituto armado a la logística de la consulta. Los funcionarios descubrieron en uno de los almacenes en Tarrasa (Barcelona) de la empresa de mensajería Unipost, ya usada por la Generalitat para las notificaciones del 9N del 2014, miles de sobres cerrados con el anagrama del Gobierno autonómico, que, según las primeras estimaciones, serían más de 45.000 notificaciones a los miembros de las mesas (presidentes, vocales y sustitutos), por lo que los funcionarios habrían retirado las cartas dirigidas al 80 % de las personas que debían estar en los colegios el 1-0.

Anoche, los funcionarios, que también registraron sin éxito otra nave de Unipost en Hospitalet, todavía no habían podido valorar la envergadura exacta de la incautación ya que, durante tres horas, decenas de activistas independentistas lograron bloquear el paso a la comitiva enviada por el Juzgado de Instrucción 3 de Tarrasa para supervisar la apertura de los sobres. Al final, los Mossos d’Esquadra tuvieron que dispersar por la fuerza a los concentrados. El magistrado había ordenado que los agentes abrieran una de las cartas al azar en presencia del secretario judicial y si, tal y como sospechaban, estaba relacionada con notificaciones de la consulta, procedieran a la apertura del resto.

A la espera de conocer el contenido exacto de esas misivas, los responsables de la Guardia Civil se mostraron especialmente satisfechos con el golpe en Unipost de Tarrasa, ya que es la primera vez que los operativos se incautan de material censal y no de mera propaganda, como hasta ahora. Los funcionarios, con la interceptación de estas cartas, esperan no solo obstaculizar la puesta en marcha de los colegios electorales el 1 de octubre (que tendrían que ser abiertos y presididos por voluntarios), sino también conocer cuáles van a ser los lugares donde van a colocarse las mesas y su número.

Prosoberanista y en concurso

Según fuentes de la investigación, la Generalitat, como ya hizo hace tres años, ha recurrido a Unipost por su fidelidad con la causa independentista, aunque esta firma de mensajería se encuentra en suspensión de pagos desde julio del 2017 por sus deudas con la Agencia Tributaria cercanas a los cinco millones de euros, por lo que legalmente no puede ser contratada por las administraciones públicas. Unipost es propiedad de la conocida familia empresarial Raventós, propietaria de una muy pequeña participación del Grupo Codorníu, que ayer se apresuró a desmarcarse de cualquier campaña proindepentista. Desde el viernes, los funcionarios han retirado de la circulación más de 1,5 millones de carteles y folletos relacionados con el 1-O.

Ayer fueron requisados 113.000 carteles con el logo de la Generalitat publicitando la votación y con la ya conocida imagen de la bifurcación de vías de tren. Estaban en una nave de Enquadernacions Rovira, en Sabadell. El domingo, los agentes se incautaron de más de 1,3 millones de carteles, pasquines, dípticos y pósteres relativos a la consulta y listos para ser distribuidos. Había documentos institucionales de la Generalitat publicitando el referendo y carteles de la CUP llamando al sí. En Barcelona, los operativos hallaron 100.000 carteles, tanto de la campaña institucional como pidiendo el sí. El sábado, en una imprenta de Sant Adrià de Besòs aparecieron las planchas para los pósteres del 1-O.

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Activistas independentistas intentan evitar un registro en el que son intervenidas el 80 % de las notificaciones para mesas electorales