Su prioridad es frustrar el referendo ilegal tras dar su palabra una y otra vez de que no se celebrará
18 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La noche del 6 de septiembre, la imagen de las fuerzas independentistas entonando en pie Els segadors tras aprobar en el Parlamento catalán la ley del referendo desbordó todas las predicciones. El Gobierno, pese a ser consciente de la magnitud del desafío, mantuvo durante el primer semestre del 2017 la confianza en un giro que desembocara en unas elecciones autonómicas anticipadas. Sin embargo, a dos semanas del 1-O y publicadas las normas de desconexión, es indudable que el segundo mandato de Mariano Rajoy, y probablemente su trayectoria política, quedarán marcados por la gestión de esta crisis de Estado.
El estallido del secesionismo en Cataluña ha interrumpido la legislatura de la fragmentación política -la oposición se había planteado revertir buena parte de la obra legislativa de la mayoría absoluta del PP- y ha obligado al presidente a asumir en primera persona el manejo de la situación. Fuentes de la Moncloa confirman que Rajoy coordina ahora la estrategia, aunque ya había asistido a varios de los encuentros del equipo que trabaja en la respuesta al independentismo. Representantes y asesores de Presidencia, Justicia, Interior y Hacienda -incluso, a veces, de Exteriores- han ido estudiando los anuncios de la Generalitat y los amagos de los secesionistas. Ese análisis interministerial es el que ha permitido que sobre la mesa de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, haya una reacción prevista para «cada escenario». Y allí, hoy por hoy, la prioridad es detener el referendo.
La batalla de las ciudades
«No he dedicado tantos años de vida a mi país y al interés general como para permitir ahora que se pueda liquidar de un plumazo nuestro modelo de convivencia. Eso no va a suceder y haré todo lo necesario, sin renunciar a nada, para evitarlo», proclamó el jefe del Ejecutivo el pasado día 7 en una comparecencia institucional. Su mano derecha, Sáenz de Santamaría, ya había garantizado que el 1 de octubre no habrá urnas.
El Gobierno sabe que su credibilidad depende de que no haya consulta y que la gran batalla se dará en las grandes ciudades, allá donde se dirime el éxito o el fracaso de la convocatoria, por lo que el foco del Ejecutivo no estará puesto en pequeños municipios donde «alguien puede colocar una caja» sin ninguna garantía.
Ya en mayo en la Moncloa confesaron su interés en frenar la consulta en la fase preparatoria. Desde entonces la Fiscalía Superior de Cataluña se ha querellado contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, por el concurso para la adquisición de urnas; Rajoy y Sáenz de Santamaría han intensificado sus contactos con los representantes de funcionarios para prevenir su colaboración; Hacienda ha intentado monitorizar semanalmente los gastos de la Generalitat hasta proceder a la intervención de sus cuentas, sin la certeza de que ni un solo euro se haya empleado en la consulta; y Administraciones Territoriales ha advertido a los ayuntamientos de las consecuencias de su implicación en la organización del 1-O. El fiscal general del Estado no descartaba ayer que, llegado el caso, sea procedente el arresto de Carles Puigdemont. «Se podría considerar, porque el objetivo principal es impedir que se celebre el referendo», apuntó José Manuel Maza, dejando en el aire que proceder de este modo antes del 1 de octubre sea «más negativo o positivo».
Apoyo a la consulta ilegal y a la libertad de expresión
El acto organizado por Madrileños por el Derecho a Decidir que en apoyo del referendo ilegal se iba a celebrar en un local del Ayuntamiento de Madrid y que fue prohibido por un juez tuvo lugar ayer en un teatro del centro. Miembros de ERC, Podemos, CUP y de entidades separatistas reconvirtieron el encuentro en otro para también reivindicar «la libertad de expresión y la democracia». foto Emilio Naranjo EFE
La Generalitat recurrirá la intervención de sus cuentas por Hacienda
El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, anunció ayer que el Gobierno catalán presentará un recurso a la decisión del Ejecutivo central de intervenir los gastos de la Generalitat buscando la suspensión de la iniciativa anunciada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como respuesta a la decisión de la Consejería de Economía, que lidera Junqueras, de no remitir más informes semanales de gastos a la Moncloa.
El también líder de ERC añadió que la medida de Hacienda «va más allá del artículo 155 [de la Constitución]» y supone el bloqueo de los Presupuestos de la Generalitat.
Entretanto, la Sindicatura Electoral (similar a la Junta Electoral Central), órgano que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional, sigue manteniendo su órdago y reuniéndose para tomar decisones sobre el referendo ilegal. Ayer dio a conocer que amplió el plazo para conocer la composición de las mesas después de que Correos suspendiera cualquier envío relacionado con la consulta. Ahora señala que los 55.000 convocados conocerán que lo son cuatro o cinco días antes del 1-O.
Un detenido de la CUP
Mientras, la Guardia Urbana de Barcelona detuvo el sábado a un militante de la CUP que participaba en un acto de la formación. El joven, que según fuentes de la CUP pasó la noche en comisaría, fue detenido tras negarse a ser identificado y quedó en libertad. El cuarto teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, explicó que la detención fue fruto de la agresión que, según la Guardia Urbana, infligió el militante a un agente tras negarse a la identificación.