El Gobierno dice que la suspensión del mitin correspondía a los jueces, y estos replican que la iniciativa es cosa del ministerio público
16 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La Fiscalía lanzó un aviso para navegantes al inicio de las dos semanas que quedan de campaña electoral para el referendo del 1-O y anunció que ha abierto diligencias por un delito de desobediencia en el mitin de inicio de campaña que celebraron todas las formaciones y plataformas secesionistas en la plaza de toros de Tarragona el jueves por la noche ante unas 8.000 personas.
El acto contó con las intervenciones, entre otros, de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, y estuvo marcado por la advertencia lanzada horas antes por el Gobierno, que avisó al propietario del inmueble, la Diputación de Tarragona, gobernada por el PDeCAT, de que celebrar el mitin podría ser constitutivo de delito.
Ayer, la Fiscalía de Tarragona abrió una investigación para determinar si la celebración de ese acto puede suponer un delito por desoír la suspensión decretada por el Constitucional del 1-O y de todos sus actos de preparación, incluida la campaña. El independentismo presentó el evento como el «mitin ilegal más importante de la historia», pero también se resguarda en el derecho a la libertad de expresión para organizar mítines. Eso sí, ni en los carteles ni en las convocatorias aparecían referencias al 1-O por lo que pudiera pasar. La Delegación del Gobierno comunicó al Tarraco Arena que acoger el acto de inicio de campaña del referendo es «ilegal».
El Gobierno, en cualquier caso, afirmó ayer que entre sus competencias no se encuentra la de impedir mítines, aunque sean el inicio de una campaña electoral que está suspendida por el Tribunal Constitucional. «El Gobierno no impide actos y son las autoridades judiciales y los fiscales quienes lo hacen», afirmó el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo tras la reunión del Consejo de Ministros.
Pero el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, salió al cruce y recordó en Barcelona que corresponde a los jueces decidir si se suspenden o no los actos a favor del referendo, pero no de oficio. Lesmes precisó que la Fiscalía no puede «acordar ciertas medidas como los registros o el cese de actividades» porque es una competencia del juez, pero este no puede suspender con su único criterio estas actividades porque debe actuar siempre bajo petición de la Fiscalía para después «acordar la decisión final tras haber valorado las circunstancias».
A pesar de la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, la campaña para el 1-O, salvo algunos incidentes en pequeñas localidades durante la noche del jueves con la casi inexistente pegada de carteles, transcurrió ayer con normalidad. El PDeCAT y Esquerra celebraron sus actos sin mayores sobresaltos. Desde el Gobierno de Rajoy defienden que deben actuar con «proporcionalidad» ante los actos que pudieran ser ilegales de aquí al 1-O. Por prudencia, para no entrar en provocaciones.
Maza ordena citar a los alcaldes aforados que apoyan la consulta
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha dado instrucciones a la Fiscalías de los tribunales Supremo y Superior de Cataluña para que actúen contra los alcaldes que apoyan el referendo ilegal y que tienen la condición de aforados, por ser además diputados, autonómicos o nacionales. Maza exige que se cite a declarar ante la Fiscalía del Supremo al alcalde de Tortosa y diputado en el Congreso por el PDeCAT, Ferrán Bel, y ante la del Fiscalía Superior de Cataluña, a los diputados autonómicos y alcaldes de Mollerusa, Marc Solsona; Seo de Urgel, Albert Batalla; Valls, Albert Batet; y Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras. Ellos forman parte de la lista de 712 alcaldes a los que Maza pidió citar como investigados por firmar decretos para ceder locales para organizar el referendo prohibido.
Delitos
Fuentes jurídicas explicaron que cada fiscalía provincial indagará si hay más alcaldes aforados. Se calcula que en total serían quince. A diferencia del oficio que remitió Maza a esas fiscalías provinciales hace días para pedir que se investigara a los alcaldes, ahora no solicitó la detención de los citados si se niegan a comparecer. En el caso de la alcaldesa de Vilanova, Neus Lloveras, la Fiscalía Superior de Cataluña se querelló contra ella por promover la consulta a través de la Asociación de Municipios por la Independencia, que preside.
El fiscal general del Estado recuerda que pueden estar incurriendo en los delitos de desobediencia y prevaricación, penados con multa e inhabilitación especial, y malversación.
Intervenidos 100.000 carteles del 1-O en la imprenta de un imputado en el caso Palau
Primer golpe de las fuerzas de seguridad a los preparativos del referendo ilegal. Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil se incautaron ayer en una nave del barrio barcelonés de Poblenou de buena parte de la cartelería que supuestamente la Generalitat había encargado para publicitar la consulta.
Según mandos del operativo, en una nave de la imprenta Marc Martí los funcionarios encontraron 100.000 carteles relacionados con el 1-O. Una tonelada y media de papel. Una parte importante de esos carteles llaman a la participación en la consulta, con el logotipo de la Generalitat y con la imagen y el lema que ha elegido, una fotografía con una bifurcación de vías férreas y las frases en catalán «Naciste con la capacidad de decidir. ¿Vas a renunciar?». Bajo ellas, aparece una urna, una papeleta y la frase, también en catalán, «1 octubre referendo de autodeterminación de Cataluña». Otro buen número de pósteres, con los logos y siglas de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), también reclama la participación. Y un tercer grupo, sin siglas, pide el voto a favor de la independencia.
Interior informó de que el material «se encontraba en palés ocultos a la vista y convenientemente disimulados para dificultar su localización», y que se llegó a él gracias a un aviso de colaboración ciudadana. No obstante, la Guardia Civil ya tenía en su punto de mira a esta imprenta y firma de publicidad ya que el dueño, Marc Martí, es muy próximo a la antigua Convergència. De hecho, estuvo imputado hasta marzo en el caso Palau por haber ayudado a la financiación irregular de CDC. Había estado procesado por haber facturado a la Fundación del Palau de la Música de forma «mendaz» 237.000 euros que el saqueador confeso Felix Millet tenía que haber hecho llegar a CDC. Marc Martí será citado ahora ante el juez para explicar quién le encargó la cartelería y cómo se ha pagado.
El registro de la nave de Poblenou no fue el único de ayer. Los agentes acudieron primero a otras dos instalaciones de esta empresa, en Hospitalet y Badalona. Y registraron la imprenta Atryplan, en Sant Feliu de Llobregat.