El Gobierno interviene las cuentas de la Generalitat para evitar el desvío de dinero al referendo
ESPAÑA
Hacienda pide a los bancos que actúen con el 1-O como con el blanqueo
15 sep 2017 . Actualizado a las 19:24 h.El Gobierno ha intervenido las cuentas de la Generalitat al asumir el pago de los servicios esenciales en Cataluña y ha dado 48 horas al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que adopte un acuerdo de no disponibilidad del resto del presupuesto que garantice que no se desvíen fondos al referendo ilegal del 1 de octubre.
El Gobierno ha aprobado un mecanismo de control de pagos para Cataluña, que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha definido como «novedoso» y que, según ha anunciado, explicará la próxima semana en una comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados. Además de comprometerse a no disponer de las partidas presupuestarias no destinadas a los servicios esenciales -nóminas, sanidad, educación y servicios sociales- Puigdemont deberá acreditar los pagos pendientes de la Generalitat y certificar que no van destinados al referendo secesionista. «El Estado sustituye en los pagos a la comunidad, no completamente, pero sí en la mayoría de pagos esenciales», ha dicho Montoro quien especificó que el Gobierno pagará directamente «todos los servicios públicos fundamentales», incluidas las nóminas de los funcionarios que los presten.
De esta manera, el Estado no enviará nuevas transferencias a Cataluña para pagar los servicios públicos fundamentales, sino que abonará directamente estos servicios a los proveedores una vez que la Generalitat certifique todos los gastos que tiene pendientes. Montoro ha dicho que esta medida de control de pagos se prolongará durante el tiempo que dure la «situación de excepcionalidad» que han provocado los dirigentes de la Generalitat con la convocatoria de un referendo ilegal y mientras éstos «se sigan negando a cumplir la ley».
Montoro ha explicado que el Gobierno ha tomado esta decisión «ante la situación de manifiesta ilegalidad» en que está incurriendo el Ejecutivo de Carles Puigdemont. El ministro ha dejado claro que este sistema de control de pagos «no afecta al ejercicio de las competencias», pero sí se garantizará que ningún pago de esa administración va a una actividad ilegal como puede ser el referendo de independencia convocado para el 1 de octubre.
«No estamos sustituyendo competencias sino garantizando que los pagos no van a ninguna actividad ilegal», ha remarcado Montoro que se ha mostrado convencido de que la Generalitat terminará cumpliendo el requerimiento del Gobierno central. Esta decisión incluye una apercibimiento al presidente de la Generalitat para que haga un acuerdo de no disponibilidad de gasto en relación con esas partidas y si no es atendido, será el Ministro de Hacienda quien lo adopte.
El Supremo ratifica que la Generalitat debe informar de sus gastos
El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la Generalitat catalana de que suspendiera cautelarmente la obligación que le ha impuesto el Gobierno central de informarle de sus gastos, una medida destinada a controlar que no destina dinero al referendo ilegal.
El Gobierno impuso a la Generalitat la necesidad de enviar dichos informes para que ésta certificara por escrito que no destina partidas presupuestas al referendo.
El ejecutivo catalán recurrió contra el mismo ante el alto tribunal y, como medida cautelar en tanto no resuelve el fondo del recurso, pidió que provisionalmente el Supremo suspendiera la obligación de informar de sus cuentas semanalmente.
El Supremo, que tiene competencia sobre el tema por tratarse de un acuerdo administrativo y no de una ley, se ha negado a aceptar la petición del ejecutivo catalán.
