Maza ordena investigar a todos los alcaldes que cedan locales para el referendo del 1 de octubre

En el caso de que no comparezcan cuando sean citados por los fiscales, se ordena a los Mossos que lleven a cabo su detención, según reza el oficio dictado por el fiscal general. La CUP ha anunciado ya que sus alcaldes no irán a declarar

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La Voz
Madrid

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha enviado una instrucción a los fiscales de Cataluña para que soliciten la citación como investigados (imputados) de todos los alcaldes que han firmado un decreto para ceder locales para celebrar el 1-O y, en caso de que no comparezcan, reclamen su detención.

En un oficio dirigido a los fiscales jefes provinciales, Maza pide que, a la vista del número de municipios afectados, se dé preferencia en la apertura de diligencias de investigación a aquellos que tengan más población. La instrucción adjunta la relación de los 712 ayuntamientos que, según la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), han firmado decretos para poner a disposición del gobierno de la Generalitat los locales necesarios para llevar a cabo el referendo convocado para el próximo 1 de octubre.

Además, el oficio recuerda que, en una carta firmada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, se contactó con todos los ayuntamientos de Cataluña «exigiendo que pongan locales a disposición del referendo ilegal» e insiste en que cualquier conducta de las «autoridades» que facilite el 1-O puede constituir delito.

Por ese motivo, el fiscal general ordena que se abran diligencias a cada uno de los Ayuntamientos que figuran en el listado y que el alcalde respectivo sea citado a través de la policía judicial para declarar como investigado, asistido de letrado, «en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal». En el caso de que el alcalde citado no comparezca a declarar, la instrucción indica que se deberá acordar su detención y oficiar «a los Mossos d'Esquadra como policía judicial» para que la lleven a cabo «en el plazo más breve posible».

El oficio establece que, a la vista del número de municipios afectados, se dará preferencia en la tramitación a las diligencias que afecten a los ayuntamientos con mayor volumen de población. El listado colgado en la citada web incluye municipios de las cuatro demarcaciones, como Manresa, Vic, Igualada, Vilafranca, Vilanova, Sitges, Tortosa, Reus, Cambrils, Amposta, Girona, Figueres, Olot, Balaguer, Les Borges Blanques, La Pobla de Segur, Solsona o Tàrrega.

Los alcaldes de la CUP se niegan a declarar

La reacción de la CUP no se ha hecho esperar. La formación independentista ha emitido un comunicado en el que deja claro que sus alcaldes citados no acudirán a declarar voluntariamente ante la Fiscalía. «Denunciamos la actuación demofóbica y de ataque a los derechos fundamentales del estado español», protesta el texto, en el que se insta, además, a los otros regidores convocados a hacer oídos sordos a la citación.

La CUP sostiene también en su escrito que la Fiscalía General del Estado, «limitada por su estatuto, no puede ordenar la detención de aquellos alcaldes que no comparezcan ante la citación». «Ordenando estas detenciones sobrepasaría su límite de competencias vulnerando derechos fundamentales, entre ellos el de la libertad», argumenta.

Para predicar con el ejemplo, uno de los alcaldes de la CUP, el de Argentona (Barcelona), Eudald Calvo, ha publicado dos tuits, en el primero de los cuales se observa cómo «archiva la advertencia del Gobierno» pasándola por una trituradora de papeles. En el segundo tuit afirma: «Tengo mucho trabajo y no puedo estar por estas tonterías. Quien quiera hablar conmigo, ya sabe dónde encontrarme».

«Responderemos conjuntamente -añade la formación capitalista en su respuesta a la instrucción de Maza-, como hemos hecho siempre, ante la estrategia represora del Estado español para hacer valer lo que entendemos que es un mandato popular mayoritario amparado en el derecho inalienable de los pueblos a su autodeterminación».

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«Los funcionarios policiales, a fin de evitar la consumación o el agotamiento de los delitos, procederán directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referendo ilegal, requisando urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referendo ilegal». A 18 días de la fecha anunciada para la consulta independentista, el mayor los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, recibió este martes, al igual que los responsables de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña, las órdenes de la Fiscalía Superior catalana sobre cuál debe ser su actuación para impedir que esta tenga lugar.

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