Colau rechaza «las lecciones» de los secesionistas, pero quiere que se vote

Mantiene su ambigüedad, mientras aumenta la presión sobre los alcaldes

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Barcelona / COLPISA

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sigue sin desvelar qué hará el próximo 1 de octubre con los más de 200 locales de titularidad municipal que habitualmente se utilizan como colegios electorales en las convocatorias generales, autonómicas y municipales y que la Generalitat reclama para que los ceda para el referendo ilegal. En Barcelona viven 1,6 millones de personas (del total de 7,5 millones de catalanes) y el concurso de la capital catalana es clave para el éxito o el fracaso de la consulta.

La alcaldesa está en el ojo del huracán independentista, aunque también recibe presiones desde el Gobierno de Mariano Rajoy, porque de momento no ha confirmado si va a colaborar. Colau siempre ha dicho lo mismo: su intención de colaborar es plena, siempre que no se ponga en peligro a los funcionarios ni a la propia institución del Ayuntamiento. La alcaldesa de Barcelona, que gobierna en una minoría muy precaria y en coalición con el PSC, insistió este lunes en la misma idea, aunque fue más contundente. En un acto de Catalunya en Comú en Santa Coloma de Gramanet, donde la izquierda alternativa celebró la Diada junto con dirigentes de Podemos, entre ellos Pablo Iglesias y Pablo Echenique, Colau aseguró que hará «todo lo posible» para que el 1 de octubre puedan votar todos los barceloneses que lo quieran. «No nos espantan las amenazas» del Gobierno del PP, dijo. Colau, que no participó en la gran manifestación organizada por la ANC y Òmnium, negocia con el Ejecutivo catalán alguna «solución práctica», como sugirió Carles Puigdemont, para que el Ayuntamiento de Barcelona facilite la votación. Su pretensión es hacer compatibles conceptos que a día de hoy no lo son, como favorecer el «derecho de los ciudadanos a votar» en un referendo declarado ilegal y «garantizar» el derecho de los funcionarios a que «no se les ponga en riesgo».

No a la equidistancia

Ante las dudas o el rechazo que han expresado algunos alcaldes, buena parte de ellos de las principales ciudades, como Barcelona, Tarragona, Lérida, Hospitalet, Santa Coloma o Cornellá, el secesionismo ha puesto en marcha una campaña de presión que tiene en el centro de la diana a Colau, a la que se presenta como enemiga de la democracia y como colaboradora del PP. «Todos recordaremos el papel que ha jugado cada uno, id con cuidado», avisó el domingo por la noche el exconsejero de Esquerra Xavier Vendrell a los alcaldes no colaboradores. Desde el PDECat señalaron este lunes que sería una «pena» que Colau «pueda ponerse a las órdenes del Tribunal Constitucional» y la instaron a recapacitar porque «no cabe la equidistancia». «Creo que una persona que siempre ha dicho que estaba a favor de las movilizaciones populares sería un poco extraño que ahora se ponga de perfil», afirmó la coordinadora del partido, Marta Pascal. La CUP fue más allá de las meras declaraciones y, después de organizar una manifestación el viernes pasado, este lunes desplegó una pancarta en lo alto del edificio del Ayuntamiento de Barcelona, en la que se podía leer: «Colau, votaremos contigo o sin ti. Sí».

La presión del secesionismo también alcanzó este lunes al alcalde de Tarragona, el socialista José Félix Ballesteros, abucheado en su ciudad por oponerse a facilitar locales. Otra dirigente que se niega a colaborar es la alcaldesa socialista de Hospitalet (segunda ciudad de Cataluña por población), Nuria Marín, quien pidió a Puigdemont que «deje tranquilos a los alcaldes».

Pero también desde el PP intentaron influir en la regidora barcelonesa, a la que instaron a ponerse del lado de «los buenos», que son «los que cumplen la ley», y no junto a quienes quieren «delinquir». El vicesecretario Pablo Casado, además de recordar a Colau que prometió cumplir la ley, sostuvo que es el momento de «los valientes», de los que deciden «estar al lado de la ley y no al lado del delito».

La alcaldesa de Barcelona aprovechó este lunes el mitin de la Diada para responder a ambas partes. Acusó a Mariano Rajoy de «cobarde» por «no querer escuchar al pueblo» y advirtió a los soberanistas que no acepta «lecciones sobre desobediencia de quienes hasta hace días no tenían ni idea de lo que era la desobediencia civil». Acusó además a los independentistas de tener prisa y de dejar fuera a la mitad de la sociedad catalana con su hoja de ruta unilateral hacia la independencia.

Abucheos al PSC y a los comunes por parte de los radicales 

El independentismo más radical tampoco se contuvo este año. No solo los dirigentes del PSC, sino también los de Catalunya en Comú fueron objeto de sus gritos durante la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova, conseller en cap de la ciudad en 1714, en los actos institucionales de la Diada. Los más agraviados fueron los socialistas, encabezados por Miquel Iceta y por el expresidente de la Generalitat José Montilla. Fueron ellos los que recibieron el insulto de «botiflers», como sinónimo de traidor.

Los comunes Xavier Domènech y Ernest Urtasun pasaron algo más inadvertidos, pero aun así también recibieron gritos de «volem votar» (queremos votar). Quien se contagió del clima festivo fue Pablo Iglesias. Se arrancó con un «visca Catalunya lliure, sobirana i fraternal». Aunque al líder de Podemos le gustaría que la nación catalana construyera un proyecto colectivo con el resto de España.

Villares y Ana Pontón defendieron el derecho a decidir

Luís Villares, portavoz de En Marea, y Ana Pontón, del BNG, acudieron también a la Diada, donde apoyaron el derecho a decidir de la ciudadanía catalana. Villares participó en los actos de Catalunya en Comú para defender el «carácter reivindicativo y político» de la jornada, y afirmó que «las instituciones tienen que entender que es el cuerpo social el que da forma a la institucionalidad y no al revés».

Por su parte, Pontón lamentó las «posiciones inmovilistas» del Gobierno y pidió que se permita decidir a Cataluña.

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