¿Controladores aéreos y pilotos no podrán hablar en castellano?

Los sindicatos USCA y SEPLA asegura que la medida, que entrará en vigor el próximo 12 de octubre, puede «afectar gravemente a la seguridad aérea»


Madrid

El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) y la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) han explicado este lunes que la prohibición del uso del castellano en los principales aeropuertos españoles, que entrará en vigor el próximo 12 de octubre, constituye «un cambio radical» en la forma de hacer su trabajo y han llamado al Gobierno a elaborar la excepción al reglamento, que «tiene potencial de afectar gravemente a la seguridad aérea».

En concreto, los representantes sindicales de pilotos y controladores han asegurado que la norma fue elaborada sin tomar en consideración los estudios técnicos elaborados por la propia Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, cuyo texto saca «conclusiones que en nada se parecen a la norma» que elaboró la Dirección General de Aviación Civil y que finalmente refrendó el Ministerio de Fomento.

Según Luis Vicente, el secretario general de USCA, «la norma plantea una exclusión real del español en los aeropuertos más importantes», si bien «específicamente dice que los estados pueden hacer excepciones según la situación», y ha llamado a las autoridades a introducir dicha excepción, tal y como harán Francia y Portugal, según aseguraron los portavoces.

Esta nueva normativa es la transposición española del reglamento europeo que busca estandarizar las normas de aviación (Standarised European Rules of the Air, SERA), que en su parte C permite expresamente la inclusión de excepciones a los estados miembros hasta el día 31 de diciembre del presente año. «Se dará la paradoja de que los pilotos españoles podrán hablar español en todos los restantes países de habla hispana», ha destacado Vicente.

«Cuestión política»

Los representantes sindicales han asegurado que en anteriores reuniones mantenidas con Aviación Civil, estas acabaron aludiendo a «razones políticas» para zanjar la cuestión de la excepcionalidad normativa en España.

El secretario general de USCA, Javier Gómez Barrero, ha dicho que si bien «España no apoyó la excepción», que fue propuesta por Francia, «por lo que podrá tener algún problema a la hora de llevarla a cabo», «no entendemos por qué la Dirección General de Aviación Civil lleva a cabo un reglamento que no recoge las conclusiones de la Agencia de Seguridad Aérea», y ha hecho referencia a la «falta de comunicación» entre ambas instituciones dependientes de Fomento.

Por su parte, Vicente ha recordado «han sido funcionarios que no son pilotos ni controladores los que han tomado esta decisión», mientras que desde SEPLA destacan que la prioridad en los aeropuertos es «entender y transmitir el mensaje de manera concisa, rápida y eficaz», una cuestión en la que estarían implicados numerosos equipos de seguridad en pista que forman parte de la frecuencia. «Muchos de ellos desgraciadamente no lo hablan -inglés-», han asegurado, lo que suprimiría una de las barreras de seguridad, o bien obligaría a los controladores a traducir simultáneamente a aquellos equipos no acostumbrados a comunicarse en este idioma.

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