El Parlamento catalán aprueba la segunda ley de ruptura

Catalunya Sí que es Pot votó en contra de la ley de una norma que apoyaron 71 diputados independentistas. El resto de la oposición abandonó el hemiciclo. Horas antes el Tribunal Constitucional había suspendido la ley del referendo


Barcelona / Colpisa

A pesar de las advertencias del Gobierno, del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía, el independentismo quiso ayer escenificar que va a por todas. Al día siguiente del primer gran acto oficial de desobediencia, con la aprobación de la ley del referendo y la firma del decreto del 1-O, suspendidos ayer, el secesionismo replicó a los poderes del Estado redoblando el desafío. Ayer forzaron al máximo el reglamento de la Cámara autonómica para tramitar la ley de la transitoriedad jurídica, que supone una declaración de independencia de hecho y que en esencia es una especie de Constitución, que entraría en vigor si el sí se impusiera en la consulta ilegal. En otra sesión maratoniana, la Cámara catalana debatió hasta pasada la medianoche la norma que el secesionismo quería aprobar a toda costa para llegar a la Diada, el lunes, con sus armas rupturistas aprobadas: ley de transitoriedad, ley del referendo y decreto de convocatoria del 1-O.

Tras una nueva atropellada, larga y crispada sesión parlamentaria, la Cámara aprobó la llamada ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana, que hace saltar por los aires el Estatuto, la Constitución y 40 años de autonomismo, pues proclama que «Cataluña se constituye en una república de derecho, democrática y social».

El texto obtuvo 71 apoyos, los de Junts pel Sí, la CUP y el no adscrito Germà Gordó. En esta ocasión, los diez diputados de Sí que es Pot votaron en contra. C’s, PP y PSC, como el miércoles, abandonaron el hemiciclo momentos antes de la votación.

 

Crispación máxima

La situación política catalana se enreda por momentos y solo en ese contexto puede entenderse la aprobación de una ley para que no entre en vigor, sino para meterla de nuevo en un cajón. Se trata de una especie de proclamación de independencia en diferido, de tal manera que «deja claro qué pasará si gana el sí», según fuentes independentistas. En caso de que se impusiera el no en el referendo, Puigdemont se ha comprometido a convocar elecciones autonómicas, pero si gana el sí, Cataluña pondría la directa para proclamar la independencia a las 48 horas y con el objetivo de abrir un proceso para crear un nuevo Estado en el plazo de un año.

Esta ley, calificada como la «norma suprema del ordenamiento jurídico catalán», sería la base legal desde la que se pilotaría la ruptura con el resto de España hasta que la Cámara catalana resultante de unas elecciones constituyentes, previstas para la primavera del 2018, elaborara una Carta Magna, que debería ser sometida a referendo. Como la ley del referendo y el decreto de convocatoria, esta norma será suspendida por el Constitucional.

«Democracia, democracia»

Igual que el día anterior, la Cámara catalana vivió un pleno maratoniano y muy crispado, puede que el más tenso desde la recuperación de la democracia.

El proceso soberanista ha tensionado tanto la situación en Cataluña que el Parlamento autonómico dejó una imagen que en el Congreso de los Diputados sería impensable y que describe el nivel de enfrentamiento que hay entre el secesionismo y los partidos no independentistas: los grupos del PP, Ciudadanos y el PSC, el frente constitucionalista, aplaudiendo puestos en pie la intervención del portavoz del grupo en el que está integrado Podemos. No solo aplaudieron a rabiar, sino que profirieron gritos de «democracia, democracia».

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